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  • Presidente de Costa Rica conserva fuero en proceso sobre intromisión en política electoral

    Presidente de Costa Rica conserva fuero en proceso sobre intromisión en política electoral

    El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, conservó este martes su fuero tras una votación en el Congreso que no alcanzó la mayoría calificada para levantarle la inmunidad, ante una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que le investiga por presunta beligerancia política, lo cual consiste en la pérdida de neutralidad o intromisión en política electoral.

    En una votación de 35 a favor y 21 en contra, el Congreso no alcanzó los 38 votos necesarios (mayoría calificada) para levantar el fuero presidencial para que el TSE avanzara con el proceso que podría abarcar sanciones desde una suspensión para ejercer cargos públicos a futuro, hasta la destitución.

    Además de la bancada oficialista votaron en contra del levantamiento del fuero varios diputados de diversos partidos y la bancada del Partido Nueva República, cuyo líder y candidato presidencial, Fabricio Alvarado, dijo que el proceso es un «circo» y un «error» del TSE, ya que considera que en plena campaña se ha levantado la popularidad de Chaves y su partido afín.

    El TSE señala a Chaves, quien terminará su mandato en mayo próximo, de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026, como por ejemplo con pedidos para la elección de una mayoría de diputados «patriotas» dispuestos a reformar las instituciones del Estado.

    En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.

    Esta es la segunda vez que Chaves supera un proceso de levantamiento de su inmunidad, ya que en septiembre pasado en el Congreso tampoco hubo mayoría calificada en un caso presentado por la Fiscalía General por un supuesto uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica.

    En ninguna de las dos votaciones Chaves ejerció su derecho de exponer ante el Plenario, aunque sí lo hizo las audiencias convocadas por las comisiones legislativas que analizaron el expediente en primera instancia, donde calificó las denuncias en su contra como «circo» y «ópera bufa».

    La legisladora del opositor Partido Liberación Nacional, Alejandra Larios, calificó el expediente presentado por el TSE como «robusto» y aseguró que «los hechos que se denuncian son muy graves en relación al bien jurídico tutelado que es la pureza del sufragio, que va amparado por la imparcialidad política que deben tener algunos funcionarios públicos, en este caso el presidente».

    Por su parte la bancada oficialista calificó el proceso como «un precedente peligroso» y cuestionó su constitucionalidad.

    «El fuero no es una camisa de fuerza para la Justicia, es un freno para el abuso, es una garantía para que el país no se detenga cada vez que hay confrontación política. Nadie está pidiendo impunidad, lo que se está pidiendo es responsabilidad. Si se levanta el fuero a un presidente sin pruebas sólidas, el mensaje que se envía es peligroso», expresó el diputado oficialista, Manuel Morales.

  • El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El clima electoral costarricense se tensa tras decisión legislativa de mantener el fuero a Chaves

    El Congreso de Costa Rica decidió el lunes mantener la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, pese a una acusación de la Fiscalía por un supuesto manejo irregular de fondos, lo que intensificó la polarización política a pocos meses de las elecciones generales del 1 de febrero.

    Con 34 votos a favor del desafuero y 21 en contra, la iniciativa no alcanzó los 38 sufragios necesarios para retirarle el fuero constitucional, lo que detiene temporalmente el proceso penal en su contra. La medida generó reacciones inmediatas de los principales actores políticos del país.

    La Fiscalía acusa a Chaves de un delito de concusión en la contratación presuntamente irregular de la empresa RMC La Productora S.A., con fondos de $405,000 donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales habrían sido utilizados para servicios de comunicación a la medida del mandatario. El caso también involucra al comunicador Cristian Bulgarelli, quien supuestamente redactó los requisitos de contratación, y al asesor presidencial Federico Cruz, quien habría recibido parte del dinero.

    El presidente Rodrigo Chaves, a pesar de no poder optar por la reelección consecutiva ni referirse a temas electorales por ley, se ha convertido en una figura central de la campaña con duras críticas al Congreso, al Poder Judicial y a partidos de oposición. Esa actitud le ha valido denuncias por beligerancia política ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

    Su exministra de Planificación, Laura Fernández, ahora candidata del Partido Pueblo Soberano, se ha presentado como la heredera del «Rodriguismo» y confirmó que, de ganar, invitará a Chaves a ser su ministro de la Presidencia.

    “Varios dirigentes intentaron quitarle la inmunidad al presidente bajo la errónea y cínica creencia de que así lo debilitaban”, afirmó Fernández.

    Entre quienes votaron a favor del desafuero se encuentra el candidato del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, quien advirtió: “Paradójicamente, el propio Rodrigo Chaves ha repetido que ‘todos somos ticos sin corona’. Hoy la realidad lo contradice. El único tico con corona es él”.

    Por su parte, el aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, lamentó que no se alcanzaran los votos: “Las democracias se sostienen con ejemplos, no con privilegios”, apuntó.

    Mientras tanto, el candidato del Partido Nueva República, Fabricio Alvarado, defendió la decisión de su bancada de votar en contra del desafuero al considerar que habría convertido al presidente en “una especie de mártir” político.

    Con la decisión legislativa, el proceso penal queda suspendido hasta que Chaves termine su mandato el 8 de mayo de 2026. El delito de concusión que se le imputa contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.