La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) anunció este miércoles un conjunto de normas destinado a equilibrar las finanzas de los clubes profesionales del país, que fija límites a la acumulación de deudas y al gasto con futbolistas.
El llamado ‘fair play’ financiero entrará en vigor gradualmente a partir de 2026, cuando tendrá que ser adoptado inicialmente por los clubes de primera y segunda división, y se inspira en modelos vigentes en ligas como la inglesa, la francesa y la española, según anunciaron dirigentes de la CBF en una rueda de prensa.
El reglamento determina que los gastos en plantilla, incluyendo salarios, cargas laborales, derechos de imagen y amortizaciones de fichajes, no podrán superar el 70 % de la suma de los ingresos, transferencias y aportes externos.
En una etapa de transición, entre 2026 y 2027, las irregularidades serán objeto solo de advertencia, pero a partir de 2028 el órgano rector del fútbol prevé sanciones a los dirigentes que violen las normas.
Otro eje del reglamento es el control del endeudamiento. La deuda neta de corto plazo deberá permanecer por debajo del 45 % de los ingresos relevantes a partir de 2030.
Además, los clubes tendrán que presentar superávit operativo en el balance trienal, con un déficit máximo permitido de 30 millones de reales (unos 5,6 millones de dólares o unos 4,9 millones de euros) o 2,5 % de los ingresos para los clubes de la primera división.
Para supervisar el nuevo mecanismo, la CBF creará la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (Anresf), órgano que contará con siete directores y autonomía para fiscalizar, juzgar e imponer sanciones.
El organismo controlará las cuentas de los clubes en tres momentos por temporada -en marzo, julio y noviembre- y administrará un sistema digital para registrar contratos y transferencias en tiempo real.
Las sanciones previstas incluyen multas, retención de ingresos, restricción de inscripciones, deducción de puntos e incluso el descenso.
También podrá haber penalizaciones directas a dirigentes y administradores, que, en casos graves, pueden ser suspendidos o vetados del fútbol.
Según la CBF, el objetivo es que los clubes «solo gasten lo que generan», protegiendo salarios, contratos y la solidez económica del deporte brasileño a largo plazo.
