El Caucus Hispano del Congreso (CHC) y la Federación Hispana lanzaron este lunes una campaña para exigir al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que rinda cuentas por sus políticas contra la comunidad migrante, incluidas las detenciones y deportaciones masivas, y que garantice el respeto al debido proceso.
La campaña aboga por «restablecer la supervisión del Congreso sobre la aplicación de las leyes de inmigración», así como por «reformar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para garantizar la rendición de cuentas y promover la seguridad pública», según un comunicado de las asociaciones.
En concreto, la coalición de grupos hispanos propuso reformar los protocolos policiales a nivel federal; garantizar el debido proceso; balancear la seguridad pública con los derechos humanos; fortalecer la transparencia y supervisión, y canalizar fondos hacia metas humanitarias.
Su puesta en marcha se produce en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias por todo el país, que ha dado lugar a redadas masivas y al despliegue de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington y Memphis para proteger a las autoridades migratorias en sus redadas.
Los operativos del ICE han estado a menudo rodeados de críticas de activistas y políticos demócratas que denuncian un empleo desmedido de la fuerza para los arrestos.
Así, el presidente de la CHC y congresista demócrata, Adriano Espaillat, describió en el comunicado las medidas del Gobierno como «una guerra urbana» y lamentó que los agentes del ICE realicen arrestos sin identificarse, ocultos por una máscara y sin su número de placa.
La campaña comienza cuatro meses después de que el Congreso aprobara una asignación de 170.000 millones de dólares adicionales al ICE para deportaciones masivas el pasado julio.
La organización Voto Latino también se unió a ella, denunciando que Trump «ha empujado aún más a las familias inmigrantes a la clandestinidad» y no ha velado por la seguridad pública y el estado de derecho.
Además, señaló que el Departamento de Estado (DHS, en inglés), del que dependen las acciones del ICE, «se ha extralimitado y sigue operando con escasa o nula supervisión».
