El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, cuestionó este jueves a organizaciones no gubernamentales, juristas y expertos por no denunciar los asesinatos cometidos por pandillas entre 2000 y 2019, período en el que, según afirmó, murieron más de 41,000 salvadoreños.
Los comentarios de Ulloa fueron difundidos en la red social X luego de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) entregara el martes un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento sostiene que existe “base razonable para creer” que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción vigente desde 2022.
“Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. El genocidio se encuentra tipificado como uno de los crímenes más graves contra la humanidad. En El Salvador se cometió un genocidio entre 2009 y 2019, cuando fueron asesinados más de 41,000 salvadoreños. ¿Por qué los juristas y expertos no lo denuncian? ¿Seguirán ocultando y cohonestando las violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de esos años?”, cuestionó Ulloa sobre la ausencia de denuncias internacionales por los homicidios ocurridos durante años de violencia criminal en el país.
El miércoles, el presidenteNayib Bukele, rechazó las acusaciones presentadas ante la CIDH y aseguró que algunas organizaciones defienden “únicamente” los derechos “de los criminales”.
Durante la audiencia, organizaciones como Cristosal, Amnistía Internacional y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) denunciaron que el régimen de excepción ha generado persecución contra defensores de derechos humanos, mientras que la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, sostuvo que en el país “impera el principio de igualdad ante la ley» y que ser defensor de derechos humanos no exime a nadie de responder ante la justicia si comete delitos.
