El Juzgado de Paz de Talnique, La Libertad Oeste, decretó este martes instrucción formal con detención provisional contra el ciudadano nicaragüense Mario Antonio Tenise Berry, de 43 años, acusado del delito de feminicidio agravado en perjuicio de su compañera de vida, de 27 años.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron el cadáver de la víctima el 15 de octubre dentro de una fosa séptica en la colonia Dogmaler, en el cantón de Talnique. Según la investigación preliminar, Tenise Berry habría estrangulado a la mujer y ocultado su cuerpo en la fosa.
El expediente fue remitido al Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador, donde el proceso continuará en la etapa de instrucción para determinar responsabilidades y reunir pruebas.
Según la Fiscalía, el imputado intentó cruzar la frontera para llegar a su país, Nicaragua. Sin embargo, en el control migratorio, no pudo justificar la falta de documentación de sus hijos y el paradero de la madre. Las autoridades comenzaron las investigaciones, al darse cuenta que la víctima estaba desaparecida. Las autoridades trasladaron al hombre a custodia policial para continuar con las averiguaciones.
Tenise Berry registra antecedentes por tentativa de homicidio y por portación y tenencia de armas de guerra, hechos ocurridos en 2005.
El Juzgado para una Vida Libre de la Violencia para las Mujeres de Santa Ana condenó a 40 años de cárcel a José Óscar Canales Hernández por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su pareja, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Las autoridades fiscales indican que los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2020, sobre la calle de El Matazano, en Soyapango, San Salvador Este.
Según la FGR, el hombre fue condenado en ausencia y se giró una difusión roja para que la policía internacional pueda apoyar con la ubicación y captura del homicida.
La Fiscalía dijo que la víctima caminaba sobre la arteria cuando José Benjamín Escobar Escobar se bajó de un auto blanco y le disparó por la espalda.
Escobar Escobar se dirigió a una gasolinera en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, donde se reunió con Canales Hernández y cambiaron de vehículo. Las autoridades fiscales confirmaron que ambos sujetos mantuvieron una comunicación antes, durante y después del feminicidio.
La FGR solicitó una autopsia psicológica en la víctima con la que se comprobó que sufría violencia psicológica, física y económica por parte de Canales Hernández.
Por este caso, la FGR confirmó la condena de 25 años de prisión para Escobar Escobar, decretada el 27 de febrero de 2023, mientras que Josué Vladimir Leiva Portillo fue sentenciado a 20 años de cárcel por comprobarse su vinculación al manejar el vehículo en el que se conducía el sicario.
Ambos hombres ya guardan prisión y purgan sus penas.
Captura por intento de asesinato en Chalatenango
En otro hecho, la FGR ordenó la captura de Kevin Alexis Calles Pérez por haber intentado asesinar a un hombre en Chalatenango, municipio de Chalatenango Sur.
La Fiscalía dijo que el crimen se cometió el 18 de septiembre de 2025, cuando la víctima se dirigía a su casa y Calles Pérez salió a su encontró, lo tomó del cuello e intentó asfixiarlo.
Posteriormente, lo tiró al suelo, lo golpeó varias veces en la cabeza y lo dejó inconsciente.
Calles Pérez se dio a la fuga pero, posteriormente, fue capturado y en los próximos días será presentado a los tribunales por el delito de homicidio tentado.
FGR ordenó capturar a sujeto que intentó asesinar a un hombre en Chalatenango. /FGR
En prisión
La FGR también logró que William Armando Cañas Pacheco, Carlos Adonay Martínez Alas y Wilmer Alexander Portillo se mantengan en detención por estar relacionados a un homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La fiscal del caso dijo que ya se cuenta con el señalamiento de audiencia inicial en el Juzgado Segundo de Paz en San Salvador, luego de presentarse el requerimiento con instrucción formal pidiendo la medida de detención provisional.
Cañas Pacheco también es acusado de posesión, tenencia con fines de tráfico y resistencia.
Según la fiscal, los hechos que se atribuyen ocurrieron el 24 de septiembre de 2025, en una casa abandonada sobre la alameda Juan Pablo II en donde, a través de engaños, llevaron a la víctima identificada como Edwin Alexander, y Cañas Pacheco le quitó la vida con una piedra con la ayuda de los otros dos hombres.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre este caso al detallar que la víctima, de 24 años, fue asesinada por la expareja de su novia.
William Armando Cañas Pacheco, Carlos Adonay Martínez Alas y Wilmer Alexander Portillo acusados de asesinar a un joven el 24 de septiembre de 2025. /FGR
Detención por homicidio en Comasagua
La FGR también informó sobre la petición de detención provisional en contra de José Rigoberto Belis Trigueros, acusado de feminicidio agravado y fraude procesal.
El fiscal del caso dijo que los hechos ocurrieron el 18 de septiembre en Comasagua, La Libertad Sur. Durante la mañana la víctima discutió con su compañero de vida, Belis Trigueros, el cual terminó sacando un arma de fuego y disparando en contra de su pareja.
“Los vecinos determinaron que era una relación violenta en el cual el día a día era de discusión y ese fue el motivo por el cual en el calor de la discusión es el señor José Rigoberto Belis Trigueros el que ejecuta el disparo a la víctima y le causa la muerte”, puntualizó el fiscal.
El hombre trató de “simular” que la víctima se había suicidado, pero las investigaciones evidenciaron que se trataba de un feminicidio.
Belis Trigueros fue capturado por la PNC el mismo día del homicidio y se indicó en su momento que tenía antecedentes por lesiones.
El caso fue catalogado con reserva total y pasará a fase de instrucción.
José Rigoberto Belis Trigueros acusado de asesinar a su pareja en Comasagua. /FGR
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en relación con una causa de violencia de género presentada por su expareja, Fabiola Yañez.
Además, se aceptó la solicitud de la defensa de Fernández para apartar al juez del caso, Julián Ercolini, a fin de «alejar cualquier temor de parcialidad» por parte de los involucrados, y se designará un nuevo magistrado.
El tribunal, compuesto por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, decidió por unanimidad rechazar los argumentos de la defensa que pretendían desestimar la decisión inicial de procesar a Fernández, quien enfrenta acusaciones de lesiones leves y agravadas por violencia de género, así como amenazas coactivas en concurso real.
El fiscal federal Ramiro González solicitó el 14 de agosto que Fernández fuera juzgado en un juicio oral y público.
Yañez, de 43 años, presentó la denuncia contra Fernández en 2024, después de que una investigación sobre supuesta corrupción relacionada con el expresidente revelara en el teléfono de su secretaria conversaciones e imágenes que podrían indicar “lesiones leves en el contexto de violencia de género”.
Tras una exhaustiva investigación, que incluyó testimonios de Yañez y más de diez testigos, el juez Ercolini acusó formalmente a Fernández como responsable penal de «lesiones leves, agravadas por ser cometidas en un contexto de violencia de género contra su pareja, en dos ocasiones».
Las pruebas examinadas en el caso incluyen historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, así como los testimonios de la denunciante y otros testigos.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador decretó 60 años de prisión en contra de Saúl Ernesto Alvarado Zaldaña por los delitos de feminicidio agravado y tenencia, portación, conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La Fiscalía General de la República (FGR) dijo este sábado que el asesinato ocurrió en mayo de 2024, en el distrito de Jayaque, municipio de La Libertad Oeste.
La víctima se había separado, pero Alvarado Zaldaña habría buscado regresar.
Las investigaciones fiscales comprobaron durante el proceso que el hombre infringió violencia física, psicológica y emocional en contra de la víctima mientras estos estuvieron juntos.
Según la FGR, del total de la condena, 50 años corresponden al delito de feminicidio agravado y 10 por tenencia de arma de fuego.
Los hechos
La cuenta de Facebook de Centros Judiciales de El Salvador explicó esta semana que el hombre procreó una hija con la víctima, por lo que, cuando se separaron, la mujer decidió cambiar de residencia.
El día del asesinato, Alvarado Zaldaña visitó a su hija, según acuerdo previo, cuando pidió hablar a solas con su expareja.
Luego, la condujo a un lugar aislado donde le propuso retomar la relación, la mujer se negó y el hombre sacó un arma de fuego.
“Sacó un arma de fuego que portaba de manera ilegal y le disparó en dos ocasiones, provocándole la muerte”, dijo Centros Judiciales en su publicación.
Según la FGR, ese mismo día el hombre regresó a su trabajo para tener una cortada.
El homicidio fue reportado el 8 de mayo de 2024 y la Policía Nacional Civil (PNC) dijo un día después que Alvarado Zaldaña había sido capturado por el asesinato de una mujer de 22 años.
Ayer reportamos el homicidio de una mujer de 22 años, en Jayaque, La Libertad.
El responsable ya fue capturado, se trata de Saúl Ernesto Alvarado Zaldaña, a quien además se le decomisó el arma con la que se cometió el crimen.
Durante la captura también se le decomisó el arma con el que le quitó la vida a su expareja.
Durante el juicio, la FGR presentó informes de geolocalización que ubicaron al hombre en el lugar del hecho al momento de que se cometió el crimen. De la misma manera, se detectaron rastros de sangre.
El Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de Santa Ana ordenó, en audiencia preliminar, enviar a juicio a un hombre identificado como Edwin Antonio Cáceres Ramírez, acusado del asesinato de Rosa Elvira Flores, líder comunitaria de San Julián, Sonsonate.
Rosa Elvira Flores tenía 47 años, era integrante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM), que reúne diferentes organizaciones comunitarias que velan por los derechos de niñas, jóvenes y mujeres de Sonsonate.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Cáceres Ramírez del delito de feminicidio agravado. El imputado es procesado en calidad de «ausente» y es, según la Fiscalía, la pareja de la víctima.
Rosa Elvira fue encontrada sin vida el 27 de marzo de 2024 en un cañal de San Julián, Sonsonate, luego que fuera reportada como desaparecida el día 19 del mismo mes.
Según las investigaciones de la representación fiscal, la víctima le informó el día de su desaparición a Edwin Cáceres que se dirigiría a Santa Isabel Ishuatán, hacia el centro de San Julián, a retirar una remesa de $2,500, que le había sido enviada por uno de los hijos de la víctima que vive en Estados Unidos.
La mujer habría solicitado un taxi para trasladar unas cosas a su madre y, al salir, se reunió con Cáceres, quien procedió a cometer el feminicidio.
En el caso también fueron procesados tres personas más identificadas como Lizeth del Carmen Hernández Coreto, Karla Esmeralda Siguach García y Daniel Adonay García Mauricio, a quienes se les atribuyó el delito de encubrimiento.
Centros Judiciales señaló que, en una audiencia especial previa, se les otorgó suspensión condicional del procedimiento por un año, bajo el cumplimiento de reglas de conducta.
Mencionar que en el caso también se conocía de un quinto acusado identificado como Walter Daniel Melara, sin embargo, no se informó si se le aplicó la suspensión condicional o si continúa el proceso penal en su contra.
Durante la audiencia preliminar, el juzgado ratificó la orden de captura contra de Cáceres Ramírez, además que el proceso continuará en el Juzgado Especializado de Sentencia LEIV de Santa Ana.
El Tribunal de Sentencia de Chalatenango dictaminó 35 años de prisión por el feminicidio de una joven de 21 años en Tejutla, municipio de Chalatenango Centro, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La Fiscalía dijo que el tribunal encontró culpable de feminicidio a Rafael Alberto Gutiérrez, alias narqui; René Omar Henríquez Sánchez, alias Omar; Edwin Alexander Arteaga Tejada, alias charpudo; y Marvin Avelar Mejía, alias wiwi.
Los cuatro son miembros activos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y los crímenes habrían ocurrido en abril de 2022.
Emboscada
Según las investigaciones fiscales, la víctima laboraba en un puesto de comida que era frecuentado por pandilleros y uno de ellos era el dueño del lugar en dicha jurisdicción.
Gutiérrez fue identificado como el propietario del comedor y la Fiscalía indicó que el 15 de abril le prometió a los padres de la víctima que garantizaría el transporte de la joven hasta una zona donde sus familiares pudiera esperarla.
El 16 de abril, Gutierrez se retractó y dijo que no podría llevarla.
Al irse, Henríquez Sánchez y Arteaga Tejada, que se encontraban previamente en el local, la siguieron y emboscaron.
La víctima fue movilizada por estos últimos a un río, en donde la amarraron y la hirieron con un arma blanca en el cuello. Mientras esto ocurría, Henríquez Sánchez y Arteaga Tejada mantuvieron comunicación con Mejía y Gutiérrez.
El cuerpo de la joven fue abandonado en el río Lempa.
En octubre de 2022, la FGR ordenó el allanamiento de dos viviendas ubicadas en Tejutla donde habitaban dos de los cuatro involucrados. En este procedimiento fue detenido Henríquez Sánchez.
La fiscal del caso dijo en ese momento que la víctima fue localizada dos días después de su desaparición, el 18 de abril de 2022, en el cantón Potrero Grande, del municipio de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte.
La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a un hombre identificado como José Mauricio Díaz Hernández de 64 años, señalado de ser el responsable de asesinar a su esposa en Usulután, el pasado viernes 1 de agosto.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reveló que el hombre fue encontrado en un hotel de Santa Rosa de Lima donde «intentaba ocultarse».
El funcionario reveló que también detuvieron a Lidia Migdalia Serrano de Araujo y José Antonio Araujo, hermana y cuñado del detenido, quienes estuvieron presentes en el momento del crimen y no avisaron a las autoridades. «Huyeron del lugar y dejaron a la víctima sin brindar ayuda, facilitando así su intento de evadir la justicia», aseveró Villatoro en una publicación de X.
A los últimos dos detenidos, las autoridades también les incautaron $10,500 en efectivo, además de un teléfono celular.
El pasado 1 de agosto, la PNC alertó de un feminicidio en Usulután donde una mujer de 64 años fue asesinada con múltiples heridas de arma blanca.
Lidia Migdalia Serrano de Araujo y José Antonio Araujo detenidos por no avisar a las autoridades sobre el asesinato de una mujer en Usulután. /PNC.
¿Homicidio o feminicidio?
El principal responsable del hecho será remitido por el delito de homicidio agravado, a pesar que la Fiscalía General de la República posee una política para investigar por feminicidio cualquier asesinato de mujer, hasta determinar lo contrario.
Desde el año 2012, El Salvador tiene vigente la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) que tipifica el delito de feminicidio y se define de la siguiente manera en el artículo 45 de la referida normativa:
«Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de prisión de veinte a treinta y cinco años. Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima; que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima; Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género; Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual; Muerte precedida por causa de mutilación».
Según la LEIV, cada seis meses, el Ministerio de Justicia y Seguridad debe emitir informes sobre las muertes de mujeres y violencia de género, sin embargo desde hace cuatro años estos informes no se publican.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó el viernes en la noche desde su cuenta de X sobre el asesinato de una mujer de «aproximadamente 64 años» en el distrito de Usulután, municipio de Usulután Este, al oriente salvadoreño.
«Informamos un homicidio en el distrito de Usulután, Usulután Este. La víctima es una mujer de aproximadamente 64 años», publicó la PNC a las 11:39 de la noche del viernes.
Según la policía, la mujer fue atacada y asesinada con arma blanca, «su cuerpo presenta varias lesiones causadas con arma blanca. Ejecutamos un dispositivo de búsqueda para capturar al responsable», publicaron en redes sociales.
Extraoficialmente se conoció que el agresor era la pareja de la víctima. La PNC no ha dado más información sobre este hecho.
Según los informes de la PNC, este hecho se registra como el único homicidio a nivel nacional el 1 de agosto.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio, el observatorio de violencia feminicida de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) reportó que 13 mujeres han sido asesinadas.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres instaló, el martes, el juicio en contra de Luis Ernesto Díaz Córdoba, acusado de haber cometido un doble homicidio y dejar a cinco personas lesionadas, en la plaza Zurita, en el departamento de San Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) procesa a Díaz Córdoba de siete delitos entre ellos, homicidio agravado en grado de tentativa, homicidio agravado consumado, feminicidio consumado, feminicidio en grado de tentativa y el delito de otras agresiones sexuales, en perjuicio de siete víctimas.
Los hechos ocurrieron el 19 de agosto del año 2023, sobre la 10a avenida Norte y la 3a calle Oriente, en las cercanías del Mercado Excuartel, en la ciudad capital, cuando «el imputado se encontró con dos de las víctimas y agredió sexualmente a una de ellas, ante la resistencia, decidió atacar a ambas con arma blanca», según las investigaciones de la FGR.
Posterior a los hechos, señalan que Díaz Córdoba siguió su camino y más adelante apuñaló a otras dos víctimas hasta llegar a un negocio de bebidas alcohólicas, donde a otras personas que se encontraban en el lugar, ante la negativa de recibir una bebida.
«Es así que una de las víctimas al notar que el sujeto huía pidió auxilio tras de él y encuentran una patrulla policial, quienes lo intervienen en el momento encontrándole el cuchillo con el que había apuñalado a las demás víctimas». Fiscal del caso.
El fallo quedó programado para el próximo 31 de julio. La Fiscalía solicita que el imputado reciba la pena máxima por cada uno de los delitos que se le atribuyen, ya que sostienen que el acusado «actuó de forma consciente».
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura y que incautaron el arma con la que se habría cometido el doble homicidio.
Ademas, se informó que cuerpos de socorro asistió al lugar donde ocurrió el ataque, donde trasladaron a tres personas al Hospital Nacional Rosales. Asimismo, que una persona fue trasladada por Cruz Roja Salvadoreña al Hospital Nacional Zacamil y otra más por agentes policiales al hospital Rosales.
Añadieron que las dos personas vapuleadas murieron en el hospital Rosales.
