La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por presunta gestión desleal relacionada con su proyecto para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una filial destinada a comercializar las competiciones del organismo con participación de capital privado.
Según un documento fechado este jueves, la UEFA contempla emprender acciones penales bajo el Artículo 158 del Código Penal suizo y solicitó autorización a un tribunal de Florida, Estados Unidos, para obtener documentos relacionados con el proyecto y trasladarlos posteriormente a la justicia de Suiza.
La petición incluye documentos y comunicaciones de FIFA America y del Mundial 2026 sobre el origen, desarrollo, debate interno y anuncio público de FFE. También reclama las comunicaciones de la FIFA con potenciales inversores como Thrive y BANN, además de otros inversionistas y asesores involucrados desde las primeras conversaciones sobre la operación.
El organismo europeo busca igualmente acceder a los trabajos de valoración elaborados para la propuesta, los materiales intercambiados con inversores y asesores, así como información sobre el proceso interno de gobernanza y aprobación. La solicitud comprende la documentación presentada al Consejo de la FIFA, al Congreso y al consejo de administración durante una reunión celebrada el pasado 18 de julio.
El documento, de 60 páginas, sostiene que «los esfuerzos de Infantino por explotar las instituciones de la FIFA para su propio beneficio se han extendido más allá de la gobernanza y la economía, alcanzando el cultivo de relaciones con actores políticos poderosos —incluido el presidente de los Estados Unidos— para promover sus intereses personales e institucionales». También argumenta que la FIFA «no es una empresa en dificultades financieras que busque un rescate», al señalar que dispone de miles de millones en reservas y activos financieros líquidos y no registra deuda.
La UEFA cuestiona además que Infantino impulsara la iniciativa sin consensuarla con las confederaciones y posteriormente estableciera el 19 de septiembre como fecha límite para que las federaciones comunicaran su posición. El organismo europeo califica ese plazo como «un ultimátum» y asegura que actuó «No como una «decisión democrática», sino como una gobernanza mediante la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución a la que se le ha encomendado la tutela del fútbol mundial».
La organización europea ya comunicó formalmente a la FIFA el pasado 31 de julio que analizaba emprender acciones legales por el proyecto y exigió conservar toda la documentación física y electrónica relacionada con FFE. También pidió suspender cualquier proceso de destrucción de esos archivos y advirtió de posibles consecuencias si no eran preservados.
El proyecto impulsado por Infantino contemplaba crear una filial propiedad de la FIFA para gestionar derechos comerciales y eventos, con una valoración aproximada de $20,000 millones y la posibilidad de abrir hasta un 20 % de su capital a inversores privados. El plan proyectaba elevar los fondos de FIFA Forward de $8 millones por asociación nacional en 2023-2026 a $20 millones entre 2027 y 2030, por un total superior a $4,000 millones para las 211 asociaciones. También proponía FIFA Fast Forward, que permitiría acceder a otros $20 millones adicionales durante ese período.
