La presidencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) presentó este viernes 13 de noviembre, en Antalya, Turquía, un primer documento que reúne las propuestas de los países para el acuerdo político de cierre de la cumbre, entre ellas abandonar los combustibles fósiles, ampliar la financiación climática y responder a la superación del límite de 1.5 grados de calentamiento global.
El documento, elaborado a partir de las consultas realizadas el martes y miércoles, todavía no constituye un borrador de acuerdo ni representa un consenso entre las delegaciones. Su contenido recoge las posiciones expresadas por los gobiernos, aunque algunas propuestas cuentan con el respaldo de varios países y otras fueron planteadas por un número reducido. El texto servirá como punto de partida para identificar los principales asuntos que podrían incorporarse a la declaración final.
Entre las iniciativas destacan el fortalecimiento del multilateralismo y el respaldo al Acuerdo de París, así como medidas para limitar al máximo el calentamiento global ante la prevista superación del umbral de 1.5 grados. También se propone acelerar la reducción de emisiones contaminantes, mejorar la adaptación a los efectos del cambio climático y atender las pérdidas y daños provocados por fenómenos que no pudieron evitarse.
La presidencia turca también impulsa una propuesta para elevar al 35 % la participación de la electricidad en el consumo mundial de energía para 2035. El documento incluye iniciativas relacionadas con las energías renovables, la eficiencia energética, las redes eléctricas y el almacenamiento. Sin embargo, algunas delegaciones plantean respetar las condiciones particulares de cada país y evitar que se establezca una única ruta para transformar los sistemas energéticos.
Las diferencias entre los gobiernos también se reflejan en las propuestas para abandonar los combustibles fósiles y eliminar los subsidios que reciben, frente a las posiciones que buscan evitar referencias a fuentes específicas de energía. El documento incorpora las hojas de ruta impulsadas por Brasil para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y combatir la deforestación, además de tecnologías destinadas a capturar y almacenar dióxido de carbono (CO2) o retirarlo de la atmósfera.
En materia de financiación, las delegaciones plantean exigir a los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos y facilitar el acceso a recursos para las naciones más vulnerables. Las propuestas incluyen avanzar hacia una financiación anual de $300,000 millones para 2035, dentro de una meta global de $1.3 billones procedentes de fuentes públicas y privadas. También se busca establecer una referencia para triplicar los fondos destinados a la adaptación climática y promover mecanismos financieros que no incrementen el endeudamiento de los países beneficiarios.
El documento también contempla reconocer el papel de la ciencia y del panel de expertos climáticos de Naciones Unidas en las decisiones internacionales. Las consultas entre las delegaciones continuarán este viernes y se prevé que los países presenten nuevas propuestas por escrito durante el fin de semana, antes de que la presidencia publique una primera versión del texto de negociación a comienzos de la próxima semana. Diana Acconcia, representante de la Comisión Europea, consideró que el resumen refleja «con fidelidad las posiciones expresadas», incluidas las europeas, aunque aclaró que todavía constituye una base para continuar las consultas.
Por su parte, Jasper Inventor, jefe de la delegación de Greenpeace en la COP31, consideró que existen elementos suficientes para alcanzar avances en la lucha contra el cambio climático. «Ahora, los gobiernos deben combinarlos en una receta que genere una acción climática real, en lugar de un acuerdo diluido que se limite al mínimo común denominador», agregó. Sara Pizzinato, delegada de Greenpeace España y Portugal, también pidió a España promover una postura europea más ambiciosa y justa. «No necesitamos otra COP que derive en el acuerdo más débil posible», afirmó. La declaración política final necesitará el consenso de los países participantes, aunque su aprobación no convertirá automáticamente todas sus disposiciones en obligaciones jurídicas.