Etiqueta: financiamiento electoral

  • ARENA espera financiar su campaña de 2027 con donaciones privadas

    ARENA espera financiar su campaña de 2027 con donaciones privadas

    El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA), Carlos García Saade, aseguró que el partido financiará con donaciones privadas su campaña para las elecciones de 2027, en las que competirá por la Presidencia, diputaciones y concejos municipales.

    García Saade abordó el financiamiento electoral durante una entrevista con Julio Villagrán, al recordar las dificultades económicas que enfrentó ARENA durante los comicios de 2024. Según explicó, en aquella campaña el partido prácticamente no dispuso de recursos y recibió un adelanto de la deuda política hasta el penúltimo día antes del cierre de la segunda elección.

    “¿Cómo vamos a sacar la campaña? ¡con donaciones privadas!”, respondió García Saade al ser consultado sobre el origen de los fondos que utilizará ARENA para financiar su participación electoral. El dirigente no precisó durante la entrevista cuánto dinero proyecta recaudar ni quiénes serían los eventuales donantes.

    El presidente del COENA sostuvo que actualmente existen personas interesadas en aportar recursos al partido debido a los cambios que, según afirmó, impulsó la actual dirigencia. Aseguró que ARENA busca proyectarse nuevamente como una organización con capacidad de competir electoralmente y con aspiraciones de recuperar espacios de poder.

    “Como hemos dado un nuevo rostro de un partido serio, un partido contendiente, un partido que con verdadera vocación de poder, ya empiezan a surgir personas que quieren apoyarnos, que quieren apoyar el proyecto que estamos impulsando, no solo de cara al 2027, sino que es más a largo plazo también”, afirmó García Saade.

    El dirigente atribuyó ese interés en financiar al partido a lo que calificó como una recuperación de la confianza entre antiguos simpatizantes de ARENA y personas que anteriormente no respaldaban a la organización política. Sostuvo que estos sectores ahora observan al partido como una alternativa frente al actual escenario político salvadoreño.

     

  • Juez ecuatoriano suspende por nueve meses al partido de Correa por investigación de lavado de dinero

    Juez ecuatoriano suspende por nueve meses al partido de Correa por investigación de lavado de dinero

    Un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, dentro de una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con el supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023.

    El magistrado Joaquín Viteri admitió a trámite la demanda presentada por el fiscal general encargado, Leonardo Alarcón, y aceptó su solicitud de suspender cautelarmente al partido mientras se desarrolla la investigación del caso denominado “Caja Chica”.

    Tras la resolución judicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispone de un plazo de tres días para ejecutar la medida. La suspensión podría revisarse durante el proceso, aunque no podrá extenderse más allá de 24 meses.

    La decisión se produce a menos de un año de las elecciones locales previstas para el 14 de febrero de 2027, cuyo proceso ya inició el organismo electoral. Los plazos del procedimiento ante el TCE han sido suspendidos debido a que la investigación fiscal permanece bajo reserva.

    El expresidente Rafael Correa reaccionó a la medida y afirmó que Ecuador vive “una verdadera dictadura” bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa. En un comunicado, Revolución Ciudadana aseguró que la suspensión busca impedir que el movimiento participe en las próximas elecciones locales con su casillero electoral.

    La investigación del caso “Caja Chica” se originó tras el testimonio de Santiago Díaz, un exintegrante del movimiento que afirmó haber trasladado dinero desde Venezuela hacia Ecuador por orden de Correa para financiar actividades políticas.

    En el marco de esta investigación, las autoridades ecuatorianas realizaron recientemente allanamientos en la sede del partido y en la vivienda de la excandidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien rechazó las acusaciones y denunció que se trata de una persecución política.

    La resolución judicial establece que la suspensión podría levantarse si la Fiscalía retira su solicitud o si se confirma que la investigación ha concluido, ha sido archivada o ha cesado por decisión judicial o fiscal.

     

  • Tribunal Constitucional de Perú archiva proceso penal contra Keiko Fujimori

    Tribunal Constitucional de Perú archiva proceso penal contra Keiko Fujimori

    El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este lunes dejar sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, por presunta financiación ilícita de sus campañas de 2011 y 2016, al considerar que el proceso “carece de sustento jurídico”.

    Con cinco votos a favor de siete magistrados, el TC declaró fundada la demanda presentada por la defensa de la líder opositora, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y ordenó el archivo definitivo del caso, conocido como el ‘caso cócteles’.

    La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, argumentó que antes de noviembre de 2016 no existía una interpretación jurídica que considerara delito de lavado de activos el financiamiento electoral privado. Además, denunció que el Ministerio Público incorporó nuevos elementos en 2018 sin respetar el derecho a la defensa de su clienta.

    El fallo ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolver “dentro del más breve término” la situación jurídica de Fujimori, teniendo en cuenta las consideraciones de la sentencia.

    El TC enfatizó que “no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria”, sino que se constata la “inviabilidad de una imputación carente de sustento jurídico”.

    No obstante, la presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto disidente en el que calificó la demanda de “improcedente”, al sostener que no es función de un juez constitucional clasificar delitos o valorar la tipicidad penal de una conducta imputada.

    El llamado ‘caso cócteles’ investigaba a Fujimori y a miembros de su partido por recibir presuntamente dinero de grandes empresas privadas, como Odebrecht, para sus campañas presidenciales. La Fiscalía sostenía que ese financiamiento formaba parte de una estructura de “organización criminal”, y había solicitado incluso la disolución de Fuerza Popular.

    El pasado 2 de julio, el equipo fiscal del caso Lava Jato en Perú había ampliado la petición de pena a 35 años de prisión para Fujimori. Esta nueva acusación fue presentada tras la anulación del juicio oral que comenzó el 1 de julio de 2024, y que fue devuelto a etapa de acusación tras una resolución del mismo TC.