Más de 13.6 millones de ecuatorianos están llamados este domingo 16 de noviembre a las urnas para votar en un referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa. La consulta incluye cuatro preguntas con las que el mandatario busca una reconfiguración política y estructural del país.
Las propuestas abordan la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, la autorización de bases militares extranjeras en territorio nacional, la reducción del número de legisladores y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.
El Gobierno ha centrado su campaña en promover el voto por el “Sí”, mientras que la oposición liderada por el correísmo y los movimientos indígenas impulsan el “No”, especialmente tras recientes protestas contra el fin del subsidio al diésel.
El mandatario ecuatoriano plantea sustituir la actual Constitución, aprobada en 2008 bajo el mandato de Rafael Correa, por considerarla permisiva con el crimen organizado y un obstáculo para atraer inversión privada. Noboa había anticipado esta intención en campaña, pero aceleró el proceso tras el rechazo de la Corte Constitucional a varias de sus reformas.
En caso de aprobarse, el país deberá realizar nuevas elecciones para escoger a los miembros de la Asamblea Constituyente y una tercera votación para ratificar el nuevo texto constitucional.
Bases militares extranjeras
Otra de las preguntas plantea eliminar la prohibición vigente de instalar bases militares extranjeras en Ecuador. Esta iniciativa cobra relevancia en medio de una grave crisis de seguridad, y ya ha despertado el interés de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, visitó recientemente la antigua base de Manta, operada por fuerzas estadounidenses entre 1999 y 2009, para explorar un posible retorno si se aprueba la reforma.
Reducción del número de legisladores
La tercera consulta plantea reducir el número de asambleístas de 151 a 73 con el fin de mejorar la eficiencia legislativa. El oficialismo sostiene que esta medida reduciría la fragmentación política y mejoraría la operatividad parlamentaria.
La propuesta redistribuiría la representación con 10 diputados nacionales, uno por provincia y uno adicional por cada 400,000 habitantes, según el último censo.
Fin a financiamiento público de partidos políticos
La última pregunta plantea eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, lo que modificaría el artículo 110 de la Constitución. Noboa propone que las organizaciones se sostengan únicamente mediante aportes de afiliados y simpatizantes.
La propuesta ha generado controversia, ya que podría afectar la equidad en procesos electorales, especialmente para los movimientos más pequeños o con menor respaldo económico.