La Comisión de Postulación de Guatemala aprobó el viernes una nueva nómina de seis candidatos para fiscal general, tras acatar una orden de la Corte de Constitucionalidad que obligó a repetir la evaluación del proceso.
El listado será enviado al presidente Bernardo Arévalo de León, quien deberá elegir al nuevo jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 antes del 16 de mayo.
La nueva selección presenta un cambio relevante con la exclusión de la abogada Zoila Morales Valdizón, considerada por analistas como una de las favoritas para el cargo.
En su lugar, fue incorporado Carlos Alberto García Alvarado, actual fiscal del Ministerio Público, quien logró ingresar a la nómina final tras la reevaluación.
La revisión de los 48 aspirantes se realizó luego de que el máximo tribunal determinara irregularidades en la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos candidatos.
Los seis seleccionados son Julio César Rivera Clavería, Néctor Guilebaldo de León, Beyla Estrada Barrientos, Gabriel Estuardo García Luna, Carlos Alberto García Alvarado y César Augusto Ávila Aparicio.
Por segunda ocasión, la actual fiscal general, Consuelo Porras, quedó fuera de la lista al no alcanzar los votos necesarios dentro de la comisión.
Durante la sesión, los comisionados señalaron que el nuevo proceso responde al cumplimiento estricto de la resolución judicial, pese a cuestionamientos sobre el criterio aplicado.
La decisión de la Corte estableció que la experiencia como juez no puede ser considerada automáticamente como práctica profesional válida para optar al cargo.
El proceso ocurre en medio de tensiones entre el presidente Arévalo y Porras, en un contexto marcado por disputas políticas tras las elecciones de 2023.
Con esta nueva nómina, se abre la etapa final para la designación del próximo fiscal general, en medio de expectativas sobre posibles cambios en la conducción del Ministerio Público.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala anuló este jueves la nómina de seis candidatos a fiscal general y jefe del Ministerio Público, al ordenar repetir la fase de evaluación de los aspirantes.
La decisión responde a un amparo presentado por Raúl Amílcar Falla Ovalle, quien cuestionó la forma en que se acreditó la experiencia profesional de algunos postulantes, especialmente aquellos con trayectoria como jueces.
Con esta resolución, el proceso de selección queda suspendido y la Comisión de Postulación deberá retroceder hasta la etapa de calificación de los 48 aspirantes originales.
El fallo establece que la comisión deberá aplicar nuevamente la tabla de gradación, sin considerar automáticamente los años en la judicatura como equivalentes a la experiencia profesional requerida.
“Se ordena a la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público que proceda a calificar nuevamente a los aspirantes a dicho cargo, aplicando rigurosamente la tabla de gradación aprobada”, señala la resolución.
La Corte también enfatizó que el proceso debe garantizar criterios de mérito, capacidad e idoneidad, así como mayor transparencia en la asignación de puntajes.
“Este tribunal advierte la necesidad de que el proceso de postulación se ajuste a los principios de mérito, capacidad e idoneidad, debiendo la Comisión fundamentar la puntuación otorgada en cada uno de los rubros evaluados para garantizar la transparencia de la nómina”, agrega el fallo.
La medida obliga al presidente Bernardo Arévalo de León a devolver la nómina que había recibido el miércoles y retrasa la elección del nuevo fiscal general, prevista antes del 17 de mayo.
Analistas consideran que esta decisión podría modificar la correlación de fuerzas dentro de la comisión y abrir la posibilidad de cambios en la lista final de candidatos.
Entre los escenarios que surgen tras el fallo está la eventual inclusión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, quien no obtuvo los votos necesarios en la nómina anterior pese a contar con la calificación más alta.
Guatemala entra en la recta final para elegir a un nuevo fiscal general entre seis candidatos, una decisión que corresponde al presidente Bernardo Arévalo de León, y que permanece bajo un fuerte escrutinio para no repetir la cuestionada etapa de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción y por socavar la democracia en el país centroamericano.
Ayer miércoles se publicó de manera oficial en el Diario de Centro América la lista de los seis aspirantes: Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón, lo que activa un plazo de 72 horas para presentar objeciones documentadas.
Transcurrido ese tiempo, el mandatario guatemalteco deberá elegir al nuevo jefe del ente investigador antes del 17 de mayo, en una decisión estratégica que definirá el rumbo de la justicia en un sistema altamente polarizado y bajo la vigilancia de la comunidad internacional.
Entre los especialistas consultados por EFE no hay unanimidad sobre alguno de los perfiles, aunque sí se destacan varios con supuestas acusaciones por corrupción, mientras que otros están, en un principio, libres de sospecha.
De acuerdo con diversas fuentes, incluidas organizaciones civiles, exfiscales y declaraciones judiciales, al menos tres de los seis candidatos cuentan con señalamientos en el pasado por diversas causas.
La sospecha de la corrupción
Según la organización Verdad y Justicia en Guatemala, Estrada Barrientos fue asistente del exfiscal general Carlos de León, capturado por lavado de dinero, y ha emitido dictámenes como jueza de apelaciones en favor de al menos una docena de acusados por corrupción.
Por su parte, sobre Rivera Clavería, «se le ha señalado por sus vínculos en casos de corrupción y crimen organizado, pero él se desliga», según un reportaje del medio Plaza Pública. Además, fue parte del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), derrocado por corrupción.
También sobre Ávila Aparicio existen dudas sobre cómo obtuvo tres maestrías en solo seis meses, como han denunciado algunos medios locales.
«Va mucha gente (candidatos) antidemocrática, gente comprometida con la alianza multisectorial por el control de las instituciones y la impunidad, que comúnmente se conoce como ‘pacto de corruptos’», aseguró a EFE Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, que sigue de cerca el proceso.
La analista señaló que la lista incluye perfiles vinculados a sectores militares y grupos conservadores que podrían profundizar la criminalización en el país y advirtió que el proceso dejó fuera a candidatos que podrían haber contado con la confianza del Ejecutivo.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, en una fotografía de archivo. EFE
Según la experta, la configuración de la nómina refleja el control de fuerzas tradicionales en las comisiones de postulación, lo que limita el margen de maniobra de Arévalo de León para designar a un fiscal afín a su agenda de transparencia.
Ibarra subrayó además que el proceso de elección de candidatos a fiscal general se encuentra judicializado, con más de 20 acciones de amparo pendientes de resolución en juzgados civiles y la Corte de Constitucionalidad.
«Lo único que podría botar (dejar sin efecto) la nómina después de las impugnaciones ante la Comisión de Postulación es un amparo», explicó Ibarra, quien advirtió que estas medidas legales, sumadas a posibles acciones preventivas, buscan que el presidente reconsidere las anomalías denunciadas en la conformación de la lista de candidatos.
«Históricamente, las comisiones de postulación cumplen con esta fase de impugnaciones, pero no suelen dar la razón. Ya se les reconoció honorabilidad a los seis candidatos y ya se llenaron todos los requisitos, por lo que todo apunta a que la comisión buscará dejar la nómina en firme», explicó Ibarra.
Perfiles técnicos
Pese a los cuestionamientos sobre los candidatos, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización civil Acción Ciudadana, dijo a EFE que considera que el presidente aún dispone de perfiles con trayectoria técnica.
Marroquín destaca a Morales Valdizón, a quien describe como una profesional de «carrera fiscal sólida» y experiencia en la persecución del crimen organizado de alto nivel.
Asimismo, el analista apunta al juez Gabriel García Luna como otra opción viable, al contar con una trayectoria en el Organismo Judicial que genera valoraciones positivas.
Para el director de Acción Ciudadana, el mandatario tiene ahora el desafío de realizar un «trabajo serio» para seleccionar a quien demuestre mayor profesionalismo de entre los aspirantes disponibles, y advirtió que el mayor riesgo para el país sería retrasar el proceso.
En su opinión, repetir la elección con los mismos comisionados no garantizaría un resultado distinto y solo prolongaría la incertidumbre institucional.
Consuelo Porras Argueta, la fiscal general de Guatemala señalada de monopolizar la justicia durante ocho años al frente del Ministerio Público, dejará el cargo en medio de acusaciones de corrupción y constantes fricciones con el actual presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
Porras, jurista de 72 años, saldrá del Ministerio Público (Fiscalía) el próximo 17 de mayo, cuando vence su período, después de que el lunes quedara fuera de un listado de seis candidatos finales para el cargo al que aspirada por tercera vez (2026-2030) pese a las múltiples críticas nacionales e internacionales en su contra.
«Difícilmente se va a encontrar un perfil menos idóneo que Consuelo Porras para el cargo», aseguró el presidente Arévalo el pasado 13 de abril.
Será Arévalo quien, por mandato de la ley, elija a quien suceda a Porras, su mayor enemiga política desde que ganó las elecciones en 2023, cuando la fiscal intentó anular su triunfo en las urnas por un supuesto fraude nunca comprobado.
Pese a que la salida de Porras de la Fiscalía está programada para el próximo 17 de mayo, los antecedentes señalan que es muy pronto para que sus opositores canten victoria: en 2022, todo apuntaba a que no sería reelecta, pero una orden del máximo tribunal del país obligó su ingreso al listado final de aspirantes.
Sancionada por múltiples países
Sobre Porras recaen serias acusaciones por corrupción así como de intentar socavar la democracia durante sus ocho años al frente del Ministerio Público.
Estados Unidos la sancionó en 2021, le retiró la visa e incluyó en la Lista Engel como “actora antidemocrática y corrupta”, señalándola de obstruir y debilitar investigaciones de alto nivel.
La Unión Europea también le impuso restricciones por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
Diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch, la han acusado de perseguir a figuras claves de la sociedad civil así como de socavar el Estado de derecho, acumulando más de 40 sanciones internacionales.
Y la opinión pública en Guatemala la ha señalado. Por ejemplo, el diario La Hora le ha recordado constantemente que lleva más de 800 días con una «protección oficiosa» al expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), también sancionado por corrupción por EE.UU. y con docenas de casos documentados por los medios de corrupción durante su Gobierno.
Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala desde 2018, sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.
Ocho años turbulentos
Porras asumió el puesto en mayo de 2018 y desde entonces se convirtió en la funcionaria con más poder dentro del país, inmune a cualquier fiscalización y con la capacidad de encarcelar a periodistas, fiscales y líderes indígenas con acusaciones que nunca se probaron en tribunales.
Fue elegida en 2018 para un primer mandato por el entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) y en 2022 para un segundo período por Giammattei, su supuesto protector. Justamente, muchos le critican mantener lejos de tribunales a ambos mandatarios.
A Porras se le atribuye la persecución judicial en contra de más de 50 periodistas, jueces, activistas y exfiscales que tuvieron que salir exiliados, así como el encarcelamiento de «presos políticos» en palabras de organizaciones sociales.
Resaltan los casos de José Rubén Zamora Marroquín (periodista), Eduardo Masaya (abogado), Virginia Laparra, Stuardo Campo (exfiscales anticorrupción), Héctor Chaclán y Luis Pacheco (líderes indígenas), además de otro amplio grupo de activistas y estudiantes universitarios.
En cada uno de esos casos, los procesos judiciales se derrumbaron sin pruebas de sustento. Pero Campo, Chaclán y Pacheco, viceministro de Energía y Minas del Gobierno de Arévalo de León, siguen en prisión preventiva, al igual que Zamora Marroquín quien cumple casa por cárcel.
Otra de las polémicas aristas del periodo de Porras ha sido las tensiones con Arévalo de León desde que llegó al Ejecutivo, pues la fiscal general encabezó una batería de acciones para intentar desbancar al presidente anulando los resultados electorales, lo que fue considerado como intentos de golpe de Estado.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó el lunes que espera designar a un fiscal general que no proteja a actores corruptos, luego que una comisión de postulación seleccionó a los seis candidatos finales para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030.
El mandatario subrayó la necesidad de contar con una institución sólida y comprometida con la justicia. “No apadrine a los corruptos”, enfatizó al referirse al perfil que debe tener el próximo titular del Ministerio Público.
Arévalo sostuvo que el país requiere una Fiscalía que “persiga a los delincuentes”, sea “una institución seria” y “defienda los intereses de Guatemala”.
El presidente deberá elegir al nuevo fiscal entre los seis aspirantes, quien asumirá el cargo por un periodo de cuatro años a partir del 16 de mayo.
La actual titular, Consuelo Porras Argueta, quedó fuera del listado definitivo al no obtener los votos necesarios, lo que impide su reelección para un tercer mandato al frente de la Fiscalía. Porras Argueta enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea por señalamientos de corrupción, además de múltiples críticas por presuntamente socavar la democracia durante sus ocho años en el cargo.
El proceso de selección también ha sido cuestionado, especialmente por otorgarle el máximo puntaje a la actual fiscal, pese a los señalamientos en su contra tanto a nivel nacional como internacional.
Los aspirantes elegidos por la comisión son Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Validzón.
Sin embargo, al menos tres de los candidatos han sido señalados en el pasado por presuntos vínculos con corrupción o irregularidades, según organizaciones civiles y reportes de medios locales.
Entre ellos, Estrada Barrientos fue vinculada a decisiones judiciales favorables a acusados por corrupción, mientras que Rivera Clavería ha sido mencionado por supuestos nexos con estructuras ilícitas, y Ávila Aparicio enfrenta cuestionamientos sobre su formación académica.
La comisión de postulación estuvo integrada por decanos de facultades de Derecho, representantes del Colegio de Abogados, así como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes Castañeda.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la destitución de la fiscal general Pam Bondi, quien será reemplazada de forma interina por el actual fiscal general adjunto, Todd Blanche.
La decisión fue comunicada por el mandatario a través de su red social, donde destacó la relación cercana con Bondi y su desempeño durante el último año.
«Queremos mucho a Pam, y ella pasará a ocupar un nuevo cargo -muy necesario e importante- en el sector privado, el cual será anunciado en una fecha próxima», expresó.
Trump calificó a Bondi como «gran patriota» y resaltó su trabajo al frente del Departamento de Justicia, especialmente en la lucha contra la delincuencia.
«Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, quien sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año», afirmó.
El mandatario también destacó la trayectoria de Todd Blanche, quien asumirá el cargo de forma provisional.
«Nuestro fiscal General Adjunto -una mente jurídica sumamente talentosa y respetada-, Todd Blanche, asumirá el cargo de fiscal general interino», indicó.
La salida de Bondi se produce en medio de especulaciones sobre tensiones internas, especialmente por el manejo del caso relacionado con Jeffrey Epstein.
Este tema ha generado cuestionamientos tanto en la opinión pública como dentro de sectores afines al Gobierno, debido a la complejidad y alcance del caso.
Además, la Fiscalía ha enfrentado reveses judiciales en procesos impulsados contra diversas figuras públicas, lo que también habría incidido en el desgaste de la gestión.
Bondi, de 60 años, fue una de las aliadas más cercanas de Trump desde su etapa como fiscal general de Florida y formó parte de su gabinete desde enero de 2025.
Por su parte, Blanche, de 51 años, ha tenido vínculos profesionales con figuras cercanas al mandatario y ha participado en casos relevantes dentro del entorno político estadounidense.
El cambio en la Fiscalía General marca un nuevo movimiento dentro del Gobierno estadounidense en un contexto de alta tensión política y judicial.
El Parlamento de Honduras destituyó este miércoles al fiscal general del Estado, Johel Zelaya, tras concluir un juicio político en su contra iniciado el lunes, y procedió a nombrar como su reemplazo a Pablo Reyes.
La decisión fue respaldada por 93 diputados pertenecientes a cuatro de las cinco bancadas legislativas, según confirmó el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, del oficialista Partido Nacional.
En contraste, los 35 legisladores del Partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza opositora y afín a Zelaya, optaron por abstenerse durante la votación.
La separación del cargo se concretó luego de que una comisión especial recomendara al pleno legislativo la destitución inmediata del funcionario tras evaluar su desempeño.
Previo a la votación final, el informe de dicha comisión fue aprobado en una sesión marcada por silbidos y consignas emitidas por los diputados de Libre, quienes manifestaron su rechazo al proceso.
Pablo Reyes asumirá el cargo para completar el período que le correspondía a Zelaya, quien había iniciado su gestión en diciembre de 2023 con un mandato de cinco años.
El proceso contra Zelaya se originó a partir de una denuncia que lo acusó de “actuaciones contrarias a la Constitución de la República” y de incurrir en “negligencia e incompetencia manifiesta para el desempeño del cargo, derivadas de actuaciones y omisiones que, de manera reiterada y sistemática, han contravenido la Constitución, la Ley del Ministerio Público (Fiscalía), la Ley Electoral de Honduras y la Ley Orgánica y Procesal Electoral”.
La acusación también señala que estas acciones “han afectado los intereses generales de la sociedad, la independencia y autonomía de los órganos electorales y la democracia como forma de gobierno”, además de cuestionar actuaciones del Ministerio Público durante el proceso electoral previo a las elecciones generales de 2025.
El Congreso Nacional de Honduras aprobó la suspensión del fiscal general, Johel Zelaya, lo que da paso a la apertura de un juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La decisión contó con 93 votos a favor, con lo que se activa formalmente el proceso legislativo que busca determinar responsabilidades políticas del funcionario, en un contexto de creciente tensión dentro del Parlamento.
La medida surge tras denuncias de diputados que señalan actuaciones irregulares durante su gestión, especialmente en el marco del proceso electoral y en los días previos a las elecciones generales de 2025.
Según los señalamientos, la Fiscalía habría ejecutado acciones públicas, operativas y procesales dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral.
«No tengo miedo. Tengo fe, tengo principios y tengo el compromiso de seguir adelante, con dignidad y lealtad al pueblo hondureño», aseveró el propio Zelaya en un mensaje difundido a través de redes sociales.
En esa misma línea, el fiscal general aseguró que enfrenta el proceso “con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, confirmó la medida tras una sesión marcada por la polarización, destacando que es la primera vez en la historia del país que se admite un juicio político contra un alto funcionario con su respectiva suspensión.
Para llevar adelante el proceso, el Parlamento conformó una Comisión Especial integrada por nueve diputados, quienes serán los encargados de analizar el caso y emitir conclusiones.
Mientras avanza el procedimiento, el fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, asumirá la titularidad de la Fiscalía de forma interina.
Además, el Congreso prevé analizar en los próximos días otras denuncias contra altos funcionarios, incluyendo al consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, designará en mayo al nuevo fiscal general del país, lo que marcará el final del mandato de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea.
La salida de Porras, quien ha estado al frente del ente investigador por ocho años, pondrá fin a un período señalado por la comunidad internacional por graves retrocesos en materia de justicia, persecuciones a operadores judiciales, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su intento de frenar la investidura del actual presidente guatemalteco.
El nuevo fiscal general será elegido directamente por el presidente Arévalo a partir de una lista de seis candidatos que será conformada por una comisión de postulación. Este órgano estará compuesto por representantes del Organismo Judicial, del Colegio de Abogados y Notarios, y de las universidades del país con facultades de Derecho.
Por ahora, aún no hay nombres visibles como aspirantes al cargo. Aunque el proceso arrancó oficialmente este lunes, los expertos advierten que Porras podría intentar influir en la selección de candidatos para incluir perfiles de su círculo cercano en la lista que será enviada al Ejecutivo.
El nuevo titular del Ministerio Público asumirá funciones el próximo 17 de mayo y permanecerá en el cargo por cuatro años, hasta 2030. Se trata de un puesto clave y sin contrapesos legales, ya que la legislación guatemalteca solo permite su remoción en casos de delitos flagrantes, lo que explica la continuidad de Porras a pesar de las múltiples acusaciones en su contra.
Durante su gestión, la fiscal general ha sido acusada de perseguir penalmente a fiscales independientes, magistrados, líderes indígenas, periodistas y opositores. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista José Rubén Zamora Marroquín, detenido desde 2022 bajo prisión preventiva sin pruebas concluyentes.
Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que con Porras al frente del Ministerio Público se desmantelaron los avances logrados por sus antecesoras Thelma Aldana (2014-2018) y Claudia Paz y Paz (2010-2014), provocando un grave deterioro institucional y debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala.
El Tribunal Supremo de España condenó este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de $7,200 por un delito de revelación de secretos en perjuicio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Además, la máxima instancia judicial ordenó una indemnización de $10,000 a favor de González Amador por daños morales, derivado de la filtración de un correo electrónico interno vinculado a una causa judicial. El caso, que ha generado una fuerte controversia política y mediática, marca un precedente al ser la primera vez que un fiscal general es juzgado penalmente en el país.
El fallo fue adelantado por el alto tribunal apenas una semana después del histórico juicio, en el que el jefe del Ministerio Público español enfrentó cargos ante siete magistrados, en su mayoría de tendencia conservadora. La sentencia definitiva aún no ha sido redactada, pero ya fue comunicada a las partes involucradas.
El juicio se centró en la publicación de un correo interno de la Fiscalía que fue difundido a medios de comunicación y en el que se hacían precisiones sobre una causa que implicaba a González Amador. Según el tribunal, esto constituyó una violación del deber de confidencialidad que García Ortiz debía respetar en su cargo.
El proceso no estuvo exento de divisiones internas. Dos magistradas de orientación progresista, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron un voto particular en desacuerdo con la mayoría. Polo, que en un principio fue designada como ponente de la sentencia, fue sustituida por el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, quien finalmente asumió la redacción del fallo.
La decisión judicial no surtirá efectos inmediatos hasta que se notifique formalmente la sentencia escrita, la cual se hará pública en los próximos días. Sin embargo, ya ha provocado reacciones en distintos sectores políticos y jurídicos del país, debido a su trascendencia institucional.
Álvaro García Ortiz, quien fue nombrado fiscal general por el actual gobierno socialista, ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona su imparcialidad y lo acusa de actuar con motivaciones políticas.
Este caso se produce en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo central y el gobierno regional de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras de la oposición al presidente Pedro Sánchez.
