La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales por su presunta participación en seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado, en el marco de los bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días en protesta por la gestión del Gobierno de Rodrigo Paz.
La medida fue emitida por el fiscal anticorrupción Brayan Melgar, tras una denuncia presentada a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se sumó el Ministerio de Gobierno.
Según la investigación, Morales es señalado por los presuntos delitos de «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos».
El exmandatario rechazó las acusaciones y responsabilizó al Gobierno de impulsar una persecución política en su contra. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, aseguró que el Ejecutivo intenta responsabilizar a su movimiento por las protestas para desviar la atención de la crisis que atraviesa el país.
«Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción», afirmó Morales.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) sostuvo que continuará respaldando a los sectores que participan en las protestas y advirtió que los procesos judiciales no resolverán la situación del país. «Con procesos y persecución política no resolverán los problemas que ellos mismos han provocado. Solo intentan desviar la atención con un nuevo titular. No nos van a intimidar», agregó.
La denuncia también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al dirigente de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien permanece en prisión preventiva, según reportó el diario boliviano El Deber.
De acuerdo con un informe presentado por la Defensoría del Pueblo a principios de julio, los bloqueos dejaron un saldo de 22 fallecidos y 88 heridos. La institución aclaró que corresponde a la Fiscalía confirmar las cifras oficiales y determinar las responsabilidades penales derivadas de esos hechos.
