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  • La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por vínculos con empresario chino

    La Fiscalía de Perú investiga al presidente Jerí por vínculos con empresario chino

    El presidente de Perú, José Jerí, enfrenta una investigación preliminar de la Fiscalía General por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, luego de revelarse una serie de reuniones no oficiales con Zhihua Yang, un empresario chino que mantiene contratos vigentes con el Estado peruano.

    Jerí, quien asumió la presidencia hace apenas tres meses, fue captado por la prensa local ingresando de manera discreta, con capucha y gafas de sol, a un local clausurado propiedad de Yang en Lima. El encuentro, que no formaba parte de su agenda oficial, se realizó en un vehículo del Estado y ocurrió a finales de diciembre.

    En un primer momento, el mandatario intentó justificar la visita asegurando que había acudido a comprar “caramelos chinos”, pero posteriormente reconoció que fue un “error”, que atribuyó a su estilo de hacer política “en las calles”. Sin embargo, los registros oficiales indican que Yang visitó el Palacio de Gobierno al menos en tres ocasiones entre diciembre y enero, lo que ha incrementado las sospechas sobre una posible relación privilegiada.

    La polémica se intensificó cuando diversos medios sacaron a la luz la constante presencia de Jerí en actividades organizadas por grupos empresariales chinos durante su etapa como congresista, incluyendo cenas, foros y actos públicos.

    Ante la presión mediática y política, el presidente declaró que está dispuesto a colaborar con la Fiscalía y el Congreso para esclarecer los hechos.

    “Me pongo a disposición para responder ante todas las instancias”, expresó en un mensaje oficial. No obstante, la oposición ya prepara una moción de censura por “incapacidad moral”, mecanismo legal con el que se ha destituido a varios mandatarios peruanos en los últimos años.

    Las críticas también han surgido dentro de su propio partido. El diputado Héctor Valer, de Somos Perú —colectivo político conservador del que Jerí es vicepresidente—, lo acusó de formar parte “de un engranaje de corrupción”, marcando un fuerte distanciamiento interno en el oficialismo.

    El caso pone en jaque la estabilidad política del país andino, que en los últimos años ha atravesado una fuerte crisis institucional marcada por la sucesiva salida de presidentes envueltos en escándalos similares.

     

  • Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    Fiscalía de Perú allana la casa del hermano de la presidenta Boluarte

    La Fiscalía de Perú registró este miércoles la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja, como parte de una investigación que lo señala por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, organización criminal y ocultamiento de pruebas.

    El operativo, denominado “Ícaro”, se extendió a oficinas en Lima y Ayacucho, incluidas instalaciones relacionadas con el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien es considerado cercano a la mandataria. Según la investigación, la minera El Dorado habría entregado sobornos a Santiváñez, cuando este era ministro del Interior, a cambio de recuperar el control de dos minas mediante operaciones policiales ficticias.

    La Fiscalía sostiene además que Nicanor Boluarte habría recibido pagos ilegales por mantener a generales de la Policía en sus cargos y por favorecer a la empresa minera. El caso se produce en vísperas de que el Tribunal Constitucional evalúe recursos legales presentados por él, tras haber cumplido dos meses de prisión preventiva en el marco del escándalo denominado “Waykis en la Sombra”.

    El abogado del hermano de la mandataria, Luis Vivanco, rechazó los señalamientos y calificó las investigaciones como un “abuso” de la Fiscalía. Aseguró que su cliente “no tiene nada que ver con una minera” y que “no conoce” a Santiváñez.

    La presidenta Dina Boluarte respondió con dureza, denunciando que el proceso busca debilitar a su administración. “Yo sé que no es contra él, es contra esta presidenta que no agachó la cabeza al chantaje ni a la venganza. La familia Boluarte siempre mantendrá firme y digna”, afirmó desde el Palacio de Gobierno, durante un acto por el Día de la Defensa, acompañada de varios ministros, entre ellos el propio Santiváñez.

    El recién nombrado ministro de Justicia también enfrenta restricciones judiciales: tiene prohibido salir del país mientras es investigado por un presunto intento de soborno al Tribunal Constitucional en 2021, cuando era abogado de un exoficial de policía vinculado al crimen organizado.

    La crisis estalla en un momento político delicado para el gobierno de Boluarte, que denuncia un uso instrumental de la Fiscalía con el fin de “tumbar” su mandato, mientras el país sigue inmerso en tensiones institucionales y protestas sociales.