La Fiscalía de Perú solicitó este martes una una condena de cinco años y cuatro meses de prisión contra el candidato presidencial del izquierdista Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con la financiación de campañas políticas entre 2018 y 2020.
El Ministerio Público también pidió la “inhabilitación definitiva” de Sánchez como presidente de la agrupación política, al acusarlo de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad documental, según un documento divulgado por el diario peruano El Comercio.
La acusación sostiene que Sánchez, en calidad de representante legal del partido, habría entregado información falsa ante la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante el proceso electoral de 2018.
De acuerdo con la investigación fiscal, Juntos por el Perú reportó ingresos por “cero soles” durante ese período, aunque las autoridades aseguran que la formación recibió más de 200,000 soles, equivalentes a unos €50,000 -> $54,000 aproximadamente al tipo de cambio actual.
La Fiscalía indicó que esos fondos fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del actual candidato presidencial.
El organismo también acusa a Sánchez de presuntamente falsear datos sobre ingresos y gastos vinculados a la campaña electoral de 2020, además de irregularidades en la información financiera general del partido durante ese mismo año.
El abogado defensor de Sánchez, Carlos García Asenjo, rechazó los señalamientos y aseguró que su cliente no tenía responsabilidad directa sobre los informes económicos entregados ante la ONPE.
“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, declaró el abogado a la emisora RPP.
Roberto Sánchez tiene previsto disputar la Presidencia de Perú frente a Keiko Fujimori el próximo 7 de junio, luego de superar en la primera vuelta a Rafael López Aliaga por una diferencia cercana a 14,000 votos, con el 99.63 % de las actas escrutadas.
El proceso electoral peruano también enfrenta cuestionamientos por supuestas irregularidades durante la jornada de votación.
El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros seis funcionarios son investigados después de denuncias de unos 60,000 electores que afirmaron no haber podido votar debido a la falta de material electoral, principalmente en Lima, situación que obligó a extender la votación hasta el 13 de abril.
