Etiqueta: Fiscalía ecuatoriana

  • Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    Detienen en Ecuador a excandidata presidencial Luisa González por delitos de financiamiento electoral

    La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida este jueves en el marco de una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en el financiamiento político y los gastos electorales de su campaña de 2023, cuando disputó la Presidencia frente al actual mandatario, Daniel Noboa.

    González, de 48 años, fue arrestada durante la madrugada en la localidad de Canuto, provincia costera de Manabí, dentro de una investigación denominada ‘Laberinto’, que indaga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023».

    La detención ocurre mientras la Fiscalía ecuatoriana también investiga a González y al movimiento Revolución Ciudadana (RC) en el expediente ‘Caja Chica’, abierto a principios de este año por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de dinero. Las autoridades sospechan que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

    La dirigente, quien perdió las elecciones presidenciales de 2023 y 2025 frente a Noboa, sostiene que el mandatario estaría detrás de las investigaciones judiciales contra el correísmo.

    González fue presidenta de Revolución Ciudadana desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 y es considerada una de las figuras políticas más cercanas al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

    Una trayectoria vinculada al correísmo

    Nacida en Quito en 1977, González creció en Canuto, una comunidad rural de Manabí, donde sus padres residían. Es abogada, madre soltera de dos hijos y comenzó su trayectoria dentro del movimiento político de Correa cuando este llegó a la Presidencia en 2007. En 2010 asumió como coordinadora de Agenda Estratégica del mandatario, uno de sus primeros cargos dentro del Gobierno.

    Posteriormente ocupó diferentes responsabilidades públicas, entre ellas viceministra de Gestión Turística en 2014, secretaria general del Despacho Presidencial en 2015 y secretaria nacional de la Administración Pública en 2017. También ejerció funciones diplomáticas como vicecónsul en Madrid en 2011 y cónsul en Alicante en 2017, además de desempeñarse como secretaria general de la Intendencia de Compañías de Quito.

    Tras finalizar el Gobierno de Correa, González ingresó a la Asamblea Nacional en 2021, desde donde mantuvo una fuerte oposición al entonces presidente Guillermo Lasso, cuyo mandato terminó anticipadamente en 2023 después de aplicar el mecanismo constitucional conocido como «muerte cruzada».

    Esta decisión permitió disolver el Parlamento y convocar elecciones extraordinarias para completar el período presidencial 2021-2025. En esos comicios, Revolución Ciudadana eligió a González como candidata presidencial por encima del exvicepresidente Jorge Glas, quien acumula tres condenas por corrupción y fue capturado en 2024 durante el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito, cuando acababa de recibir asilo político.

    González continuó su oposición a Noboa después de perder las elecciones de 2023 y volvió a enfrentarlo en las presidenciales de 2025, cuando el mandatario consiguió la reelección para un período completo de cuatro años. Tanto la excandidata como Correa denunciaron un supuesto fraude electoral, aunque no presentaron pruebas fehacientes.

    El resultado otorgó a Noboa una ventaja superior a la prevista en las encuestas. La dirigente también participó en la oposición a iniciativas del Gobierno sometidas a referéndum y este año intentó, sin éxito, inscribir su candidatura a la prefectura de Manabí mediante otro partido, debido a la suspensión de Revolución Ciudadana solicitada por la Fiscalía.

     

  • Expresidente ecuatoriano condenado a nueve años de prisión por venta irregular de pruebas covid-19

    Expresidente ecuatoriano condenado a nueve años de prisión por venta irregular de pruebas covid-19

    Un tribunal de Ecuador condenó al expresidente Abdalá Bucaram, quien gobernó entre 1996 y 1997, y a su hijo Jacobo a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada, relacionada con la comercialización irregular de pruebas para detectar la covid-19 y otros insumos médicos durante 2020.

    La sentencia también alcanzó al exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito Leandro Berrones, condenado a 13 años y cuatro meses de prisión, y al ciudadano israelí Sheinman Oren, quien recibió dos años y ocho meses después de colaborar con la justicia. Los jueces también ordenaron que Bucaram y su hijo paguen una multa de aproximadamente $9,640.

    El proceso enfrentó dificultades para celebrar la audiencia contra el exmandatario. Las tres convocatorias anteriores fueron declaradas fallidas debido a que Bucaram fue sometido a una operación de emergencia por problemas cardíacos y posteriormente ingresó a unidades de cuidados intensivos en otros hospitales durante las fechas establecidas para las diligencias. Sus abogados argumentaron que todavía no se había recuperado de la intervención.

    Bucaram rechazó la sentencia y anunció que solicitará la nulidad del juicio por una supuesta falta de imparcialidad de uno de los jueces.

    «Aquí no hay delito. Nunca lo hubo. Una compra entre privados de una bicicleta, una moto, un carro, unas pruebas covid… Díganme, ¿cuál es el delito?», afirmó durante una rueda de prensa realizada en su vivienda en Guayaquil.

    «Sancionar con nueve años a un expresidente por una compra de 60.000 dólares en un acuerdo entre privados… Irregular es todo lo que roban en los gobiernos anteriores y no hay sentencia», agregó.

    El expresidente también argumentó que durante la pandemia existía una elevada demanda de pruebas para detectar la enfermedad.

    «El único negocio bueno era el de las pruebas covid», dijo, aunque negó que esa actividad constituyera un delito. Otros dos agentes de tránsito que trabajaron como escoltas de seguridad presidencial ya habían recibido penas reducidas por este proceso tras aceptar los hechos imputados.

    Bucaram permanecía internado desde la semana pasada en un hospital del norte de Guayaquil y los jueces habían dispuesto su detención una vez recibiera el alta médica. Cuando el centro hospitalario autorizó su salida el miércoles, el tribunal fue notificado y el exmandatario fue conectado mediante videollamada, bajo vigilancia policial, para comunicarle la decisión judicial.

    La Fiscalía sostuvo que los procesados colaboraron entre marzo y agosto de 2020 con una estructura que obtuvo beneficios económicos mediante la comercialización de unas 21,000 pruebas para detectar la covid-19 y otros productos médicos durante la emergencia sanitaria. Los jueces aceptaron la teoría presentada por la fiscal del caso.

    De acuerdo con la investigación, dos ciudadanos israelíes se encargaron de trasladar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito desde Quito hasta la vivienda de Bucaram, donde también se almacenaron mascarillas y lancetas. Uno de esos ciudadanos fue asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral. La Fiscalía señaló además que las pruebas eran comercializadas «sin facturas y sin pagar impuestos al Estado».