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Etiqueta: Fiscalía General

  • Comunidades de Tecoluca piden a Fiscalía investigar construcción de relleno sanitario por incumplimiento de medidas cautelares de PDDH

    Comunidades de Tecoluca piden a Fiscalía investigar construcción de relleno sanitario por incumplimiento de medidas cautelares de PDDH

    Habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el distrito de Tecoluca, San Vicente Sur, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) este martes que investigue la construcción de un relleno sanitario en la zona, al considerar que contraviene medidas cautelares dictadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde 2017.

    Los residentes, acompañados por representantes del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), presentaron un aviso formal ante la FGR, donde solicitaron que se indague el avance del proyecto.

    “Es un aviso que nosotros como comunidad venimos a poner para que ellos (Fiscalía) tomen cartas en el asunto”.
    René Alfaro Gómez, uno de los voceros comunitarios.

    Según Milpa, el proyecto del relleno sanitario ha sido impulsado desde 2017, pero fue detenido ese mismo año por la PDDH, debido a investigaciones fiscales vinculadas a exhumaciones pendientes relacionadas con la masacre de San Francisco Angulo. No obstante, desde noviembre de 2025 se iniciaron trabajos en un área boscosa, supuestamente por una empresa mexicana, a pesar de que las medidas cautelares no han sido revocadas.

    El coordinador de Milpa en la zona oriental, Ángel Flores, criticó que las autoridades no informan ni consultan a las comunidades sobre los proyectos que se desarrollan cerca de sus territorios.

    “No se realiza ningún tipo de consulta para que puedan tomar decisiones como comunidad ante este tipo de iniciativas económicas que benefician a grupos empresariales”, expresó Flores, quien también mencionó el caso del Aeropuerto del Pacífico como antecedente de falta de transparencia.

    Los residentes advirtieron que el proyecto representa una amenaza directa a la salud pública, debido al volumen de desechos sólidos que, aseguran, se pretende trasladar al sitio. La preocupación se extiende a comunidades vecinas como Canta Rana y colonia El Milagro.

    “Han sido días de angustia porque para nosotros la salud de nuestros ancianos y de nuestros niños es prioridad”, subrayó Alfaro Gómez.

    Los habitantes anunciaron que acudirán al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para solicitar un estudio de impacto ambiental, ya que aseguran que el terreno intervenido alberga vegetación y fauna silvestre. Además, insistirán ante la PDDH para que se cumpla el documento de medidas cautelares que, según afirman, continúa vigente desde hace ocho años.

     

     

  • CCR y FGR acuerdan cooperación en formación y asistencia técnica para personal institucional

    CCR y FGR acuerdan cooperación en formación y asistencia técnica para personal institucional

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR) firmaron esta semana una Carta de Entendimiento para fortalecer la cooperación institucional en la lucha contra la corrupción mediante programas de capacitación, asistencia técnica y formación especializada para su personal.

    El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Sosa, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada dentro del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción.

    “Ahora que somos parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, nos corresponde trabajar coordinadamente para el logro de ese fin”, expresó Sosa durante la firma del documento, que también contó con la participación de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores Ramos.

    Según el comunicado oficial de la Corte, el convenio permitirá implementar programas de formación jurídica, capacitaciones técnicas, especializaciones y otras herramientas académicas, con el objetivo de robustecer las capacidades del personal en ambas instituciones. El documento contempla también la modernización del aula virtual de la CCR, la cual es considerada un pilar clave en el aprendizaje continuo del personal.

    Como parte del compromiso, la CCR y la FGR deberán destinar recursos humanos, didácticos y tecnológicos que garanticen la ejecución efectiva de los programas establecidos.

    Asimismo, el convenio busca unificar criterios técnicos entre los equipos auditores de la Corte de Cuentas y los fiscales, con el fin de armonizar los procedimientos en las auditorías y procesos investigativos relacionados con el combate a la corrupción.

    La CCR destacó que este acuerdo forma parte de una serie de alianzas institucionales que ha venido desarrollando recientemente, incluyendo convenios con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Centro Nacional de Registros (CNR), la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

  • Condenan en ausencia a pandillero de la MS-13 a más de 170 años por homicidio, extorsión y otros delitos

    Condenan en ausencia a pandillero de la MS-13 a más de 170 años por homicidio, extorsión y otros delitos

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 179 años de prisión a William Misael Soriano Torres, alias Lonly, por homicidio agravado, proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas. La sentencia fue emitida en ausencia, conforme a las recientes reformas al Código Penal.

    La investigación fiscal detalla que alias Lonly participó en la conspiración para asesinar a siete personas, coordinó el asesinato de otras dos y dirigió la recolección de extorsiones dentro de la clica Centrales Locos Salvatruchos, perteneciente al programa Centro de la Mara Salvatrucha (MS-13). Soriano ocupaba el cargo de corredor dentro de la estructura.

    El condenado ya había enfrentado procesos judiciales desde 2019 por el delito de lavado de dinero y activos, vinculado al caso Programa Centrales.

    La Fiscalía sostiene que la estructura utilizaba las rentas obtenidas por extorsiones y otros delitos para invertir en negocios y “lavar” fondos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo la venta de drogas y armas.

    Otros pandilleros condenados

    En la misma resolución, el tribunal impuso una pena de 139 años de prisión a Juan Carlos Ramírez Ortiz, alias Travieso, como responsable de conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Su condena también fue decretada en ausencia.

    Alias Travieso fue declarado culpable por siete casos de extorsión agravada cometidos contra empresas privadas. Además, fue identificado como líder de la clica Silent Danger Locos Salvatruchos, también perteneciente al programa Centro de la MS-13.

    Ambos pandilleros, según el expediente fiscal, dirigían operaciones criminales desde sus estructuras y coordinaban actividades extorsivas que afectaban a distintos sectores productivos del país. La sentencia busca debilitar el funcionamiento interno de las clicas involucradas.

    Junto a los dos cabecillas, otras siete personas fueron encontradas culpables por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las penas impuestas alcanzan hasta 35 años de prisión, dependiendo de la participación de cada uno dentro de la estructura criminal.

    La Fiscalía sostiene que estos grupos operaban de manera coordinada y mantenían una red activa de extorsiones, amenazas y planificación de homicidios, por lo que considera que el fallo representa un golpe significativo contra las clicas del programa Centro de la MS-13.

     

  • Un dron arroja explosivos sobre oficinas de la Fiscalía en el estado mexicano de Baja California

    Un dron arroja explosivos sobre oficinas de la Fiscalía en el estado mexicano de Baja California

    Un dron cargado con explosivos fue utilizado el miércoles por la noche para atacar una sede de la Fiscalía General del Estado de Baja California, al noroeste de México, según confirmó la propia institución. El ataque no dejó víctimas, pero sí generó daños materiales.

    El atentado ocurrió cerca de las 7:00 de la noche (hora local) horas en las oficinas de la unidad antisecuestros, ubicadas en la zona conocida como Playas de Tijuana. De acuerdo con la fiscal estatal, Elena Andrade Ramírez, varios artefactos explosivos mezclados con clavos y balines fueron arrojados desde el aire, generando una serie de detonaciones que inicialmente fueron confundidas con disparos.

    La Fiscalía detalló que, además de los daños en la infraestructura del edificio, el estallido afectó tres vehículos particulares y una unidad oficial estacionada en el lugar. La fiscal Andrade señaló que esta acción busca “desacreditar y disuadir” el trabajo que realiza el Ministerio Público contra el crimen organizado.

    En un comunicado, la Fiscalía aseguró que “se mantiene firme desempeñando su labor investigadora y seguirá trabajando firmemente con el único compromiso de la objetividad en los casos de alto impacto”. Añadió además: “Esta institución va con todo, caiga quien caiga”.

    Ante la gravedad del incidente, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta para sus ciudadanos, pidiendo evitar la zona afectada mientras las autoridades mexicanas reforzaban la seguridad y realizaban las diligencias correspondientes.

  • Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Abogados de Rais piden a tribunal que gestione que Canadá juzgue a canadienses acusados por falsedad en El Salvador

    Los abogados del empresario salvadoreño Enrique Rais solicitaron al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que pida cooperación judicial a Canadá para procesar a los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, señalados por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de su cliente.

    La petición fue presentada mediante un escrito firmado por el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, en calidad de apoderado judicial de Rais. En el documento se solicita a la Corte Suprema de Justicia emitir una carta rogatoria al gobierno canadiense con el objetivo de notificar formalmente a los acusados y trasladar el expediente judicial, con el fin de que el proceso se realice en Canadá. Esto debido a que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países.

    Según la defensa, los imputados habrían proporcionado una dirección falsa en Canadá para evitar la acción de la justicia salvadoreña, lo que podría constituir un fraude procesal. Un informe privado fechado el 28 de junio de 2025 confirmó que dicha dirección no corresponde a ningún domicilio u oficina vinculada a los procesados.

    El abogado Cortez advirtió que, de no ejecutarse esta cooperación internacional, el juicio podría quedar en una formalidad vacía sin posibilidad de ejecutar una eventual condena. Como respaldo a su petición, citó una alerta de viaje del gobierno canadiense sobre el “riesgo de aplicación arbitraria de las leyes locales” en El Salvador, así como pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas que alertan sobre reformas que afectan el debido proceso.

    En su escrito, Cortez invocó el principio jurídico internacional aut dedere aut judicare, que compromete a los Estados a juzgar en su territorio a sus nacionales acusados de delitos graves en otros países, si no se concede la extradición.

    En este caso, el abogado pidió que Canadá someta a juicio a Pasquale y Pacetti por el delito de falsedad ideológica, equiparable a la “falsificación” establecida en el artículo 366 del Código Penal canadiense.

    La audiencia preliminar en El Salvador está programada para el 30 de octubre de 2025, pero los acusados podrían no presentarse. Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas solo han emitido edictos en medios de comunicación, sin emprender acciones consulares ni requerimientos internacionales efectivos.

    El abogado también denunció que varios documentos notariales y firmas presentadas por los acusados habrían sido falsificadas. Además, acusó a la Fiscalía General de la República de omitir diligencias clave, lo cual habría entorpecido el avance del caso judicial.

    Cortez solicitó formalmente suspender la audiencia preliminar prevista y reiteró la necesidad de notificar a los acusados a través de cooperación internacional, trasladar el caso a la jurisdicción canadiense y garantizar así justicia para la víctima y el respeto al debido proceso.

  • Levantamiento del fuero presidencial, el inédito proceso que avanza en Costa Rica

    Levantamiento del fuero presidencial, el inédito proceso que avanza en Costa Rica

    Costa Rica, un país reconocido a nivel internacional por su estabilidad democrática y política, se encamina a una decisión inédita: levantar o no el fuero al presidente del país, Rodrigo Chaves, para que enfrente un proceso penal por un caso de supuesto manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

    La Asamblea Legislativa conformó el pasado miércoles una comisión integrada por tres diputados, la cual deberá analizar la acusación contra el mandatario remitida este mes por la Corte Suprema de Justicia y rendir un informe en un plazo de 20 días prorrogable por otros 20, para que el Plenario vote si levanta el fuero o no.

    Para que el fuero sea levantado se necesitan 38 votos, es decir, dos terceras partes del Legislativo, que mayoritariamente está integrado por partidos de oposición.

    Si el fuero es levantado, la Fiscalía podrá seguir investigando y eventualmente indagar al presidente. Si la votación no prospera, el caso retornará al Poder Judicial a la espera de que el mandatario termine su período en mayo de 2026.

    Desde la última guerra civil de este país ocurrida en 1948 y la abolición del ejército a finales de ese año, Costa Rica ha celebrado procesos electorales ininterrumpidos, todos los presidentes han terminado sus periodos sin mayor inconveniente y a ninguno se le ha levantado el fuero, aunque varios sí han estado envueltos en procesos judiciales.

    El caso BCIE

    La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el BCIE.

    La acusación de la Fiscalía también involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campaña electoral y personal del mandatario.

    Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial.

    Además del caso relacionado con los fondos del BCIE, el presidente Chaves enfrenta otra acusación de la Fiscalía General por la aparente utilización de dos estructuras paralelas de financiación en la campaña electoral.

    Esta acusación se encuentra desde junio pasado en estudio por la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si la traslada al Congreso para que se inicie el proceso de levantamiento del fuero.

    Acusaciones «absurdas» y los roces con el fiscal

    En reiteradas ocasiones Chaves, quien goza de una popularidad superior al 50 % según las encuestas, ha tildado de «absurdas», «ridículas» y «politiqueras» las acusaciones en su contra, en el marco de un tensa relación con el fiscal general, Carlo Díaz.

    «Era cuestión de tiempo para que la Corte Plena, vestida con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó (el fiscal general) Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero», declaró Chaves el pasado 1 de julio tras conocer que la Corte Suprema de Justicia trasladó la acusación al Congreso.

    Los roces del presidente con el fiscal general han sido constantes. Incluso en marzo pasado Chaves participó en una marcha junto a cientos de sus seguidores para pedir la renuncia de Díaz.

    Entonces, el fiscal calificó la marcha como «una señal más del debilitamiento que él pretende de la división de poderes y de la institucionalidad», y aseguró que las investigaciones que lleva adelante fueron el motivo de la manifestación.

    Además de los procesos judiciales, Chaves también enfrenta varias denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por beligerancia política, y ya ha sido advertido de que no debe referirse a temas electorales en momentos en que se acerca el inicio oficial de la campaña rumbo a los comicios de febrero de 2026.

    En Costa Rica no está permitida la reelección consecutiva, pero el mandatario y su círculo cercano han insistido durante actos públicos en que el próximo Gobierno necesita una mayoría calificada de diputados para hacer reformas profundas.

    Durante los últimos meses circuló el rumor de que Chaves podría renunciar para competir en las elecciones de 2026 por un puesto como diputado, pero el mandatario finalmente lo descartó el pasado miércoles, al filo de que venciera el plazo de ley para que los funcionarios de los supremos poderes con aspiraciones electorales dejaran sus cargos.