Etiqueta: Fiscalía General de la República (FGR)

  • Imponen penas de hasta 354 años de cárcel para pandillero de la MS por agrupaciones ilícitas y 16 casos de extorsión

    Imponen penas de hasta 354 años de cárcel para pandillero de la MS por agrupaciones ilícitas y 16 casos de extorsión

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, Juez 2, de San Miguel condenó a 243 años de cárcel a Julio César Vásquez Flores, miembro de clica Los Coronados Little Saycos de la MS-13, a quien se le declaró responsable por los delitos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.

    Según indicó la Fiscalía General de la República (FGR), a Vásquez Flores se le comprobó como responsable de cometer al menos 16 casos extorsiones agravadas, así como un caso de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas, en el departamento de Morazán. El imputado fue sentenciado en calidad de rebelde.

    El Ministerio Público aseguró que el imputado tenía la función de «paro» en la estructura pandilleril. De igual forma, se sentenció a otros dos pandilleros identificados como Santos Maximino Orellana Vásquez (rebelde) y Mario Ernesto Vargas Argueta (presente) a 14 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y de agrupaciones ilícitas.

    «Las víctimas de estos terroristas eran comerciantes que en 2015 pagaron la extorsión por miedo a que los imputados cumplieran sus amenazas», agregó.

    La Fiscalía señaló que los imputados fueron declarados culpables de cometer graves delitos en el distrito El Divisadero, en el sector conocido como kilómetro 18, y en los cantones Santa Anita y Las Conchas, todos pertenecientes al departamento de Morazán.

    Otras penas

    En otras condenas, el Juzgado de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 30 años de cárcel a Sharon Maderick Escobar Cerón y Laura Liseth Flores Hernández, miembros de la clica Miraflores Locos Salvatruchos de la MS-13, declaradas culpables del delito de extorsión agravada continuada en perjuicio de una persona en el departamento de La Paz.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Escobar Cerón y Flores Hernández interceptaron a la víctima cuando se encontraban en un vehículo automotor y la obligaron a subirse para exigirle dinero a cambio de no atentar en contra de su vida. Los hechos ocurrieron en abril de 2022, en el distrito de San Pedro Masahuat de La Paz Oeste

    «Con intimidaciones de hacerle daño, le demandaron una considerable suma de dinero. La víctima por temor se comprometió a entregarles el efectivo, pero en cuotas, comenzando desde el mes de abril hasta septiembre», agregó la FGR.

    En el juicio, se comprobó con diferentes pruebas documentales, testimoniales y periciales que ambas mujeres cometieron el delito que se les atribuye, por lo que se les impuso la pena de 30 años de prisión, a cada una. Además, se les ordenó pagar un total de $2,500 dólares en concepto de responsabilidad civil.

    Por otra parte, en un procedimiento abreviado, el Juzgado Primero de Instrucción de San Miguel impuso una pena de 10 años de cárcel en contra de Armando Romeo Martínez Gutiérrez y José Enrique Bonilla Ayala, luego de aceptar que extorsionaron a un comerciante del centro de la ciudad migueleña.

    La representación fiscal indicó que ambos imputados tienen el rango de «paro» en la clica calle Amargura Salvatruchos de la MS-13 y el 18 de mayo de 2022, le exigieron al propietario de un negocio el pago inmediato de la extorsión y por miedo a las amenazas la víctima denunció el crimen en la Policía Nacional Civil (PNC).

    «Los pandilleros le hablaron por teléfono a la víctima y le exigieron dinero, así como producto de su negocio a cambio de dejarlo trabajar en la zona y no asesinarlo», detalló la Fiscalía.

  • Condenan a agresores sexuales de una menor y a cómplice a purgar hasta 32 años de cárcel

    Condenan a agresores sexuales de una menor y a cómplice a purgar hasta 32 años de cárcel

    Víctor Enmanuel Segura y César Iván Segura Navarro fueron condenados por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla a 32 y 26 años de prisión por agredir sexualmente a una menor.

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que también se condenó a 26 años de cárcel a Evelin Griselda Navarro Segura, quien por confianza le pedía a la madre de la víctima que mandará a la menor para «que le hiciera compañía».

    Cuando la niña llegaba a la casa ubicada en El Paisnal, San Salvador Norte, Griselda la obligaba a obligaba a tener relaciones sexuales con Enmanuel Segura.

    Posteriormente, César Segura se enteró de los abusos y obligó a Enmanuel para que le enviara vídeos y fotografías de cuando violaba a la menor. Luego, César llegó a violar también a la niña en varias ocasiones.

    Los abusos ocurrieron en 2020. Con las pruebas que presentó la Fiscalía, el Tribunal decidió imponer 32 años de prisión a Enmanuel por los delitos de violación  en menor o incapaz continuada y por corrupción de menores e incapaces agravada.

    César fue condenado a 26 años por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz agravada y por extorsión sexual en niñas, niños y adolescentes por medio de las tecnologías.

    Evelin también fue condenada a 26 años de prisión por ser cómplice en el delito de violación en menor o incapaz continuada y por corrupción de menores e incapaces agravada.

  • Rescatan a cinco menores y una mujer en allanamiento por explotación sexual

    Rescatan a cinco menores y una mujer en allanamiento por explotación sexual

    Cinco menores y una mujer adulta fueron rescatados este sábado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC). Los rescates se realizaron durante un allanamiento por explotación sexual.

    Tres inmuebles de Carlos Norberto Méndez Ortega fueron allanados por las autoridades en Sonsonate y La Libertad Costa, donde se encontraron a las víctimas que obligaba a consumir alcohol y drogas.

    Las autoridades procedieron a la captura en flagrancia de Méndez Ortega, acusado de explotación sexual en prejuicio de seis víctimas.

    La FGR indicó que Méndez Ortega será procesado por los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual e instigación y por inducción o ayuda al consumo de drogas.

    Carlos Norberto Méndez Ortega es acusado de trata de personas e inducción al consumo de drogas. / @FGR_SV

    En el operativo decomisaron en el procedimiento armas de fuego, municiones, dos vehículos, una moto acuática, $1,000 en efectivo, droga, celulares y documentos.

    Las autoridades instaron a la población a imponer las denuncias correspondientes en caso de haber sido víctimas de Méndez Ortega o si conoce personas vinculadas a la trata de personas.

  • Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    La Fiscalía de El Salvador contará con un plazo adicional de dos años para presentar casos contra detenidos bajo el régimen de excepción, tras las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado aprobadas este jueves por diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa.

    Con esta modificación, la FGR tendrá hasta cuatro años en total para concluir las investigaciones y llevar a juicio a los procesados vinculados a pandillas y delitos contemplados en esta legislación. La ampliación del plazo responde al alto volumen de detenciones efectuadas desde marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción.

    El fiscal general Rodolfo Delgado  argumentó que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar condenas contra estructuras del crimen organizado.

    “Respecto al tiempo que ha transcurrido durante la vigencia del Decreto 803, este tiempo transcurrido guarda relación directa con el artículo 8 del Código procesal Penal que se refiere a la detención provisional. Estos son denominados tiempos muertos, porque no hay una actividad procesal ante los tribunales de justicia. Para lo que nos ha servido es para ordenar a todas las personas que han sido detenidas de una forma desordenada porque se encontraban huyendo de la acción de nuestros policías y nuestros soldados”, aseguró Delgado.

    Dijo que en estos 24 meses han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” y de la “Pandilla 18”.

    “Entonces en este tiempo transcurrido nos ha permitido solicitar los agrupamientos de todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en 230 organizaciones criminales y organizar todos los pandilleros de la pandilla 18 en 295 organizaciones y de esa manera que se vayan iniciando los juicios correspondientes”, explicó el fiscal.

    Según Delgado, con estas reformas, lo que está sucediendo es que un mismo juez es el que va a conocer de la acusación e inmediatamente instala la vista pública y empieza el juzgamiento de todas estas personas.

    “Claro está, esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emita las sentencias que conforme a la ley corresponden”, afirmó el fiscal general.

    Delgado detalló que a la fecha son 88,750 personas detenidas bajo el régimen de excepción, que serán vinculados a 600 procesos judiciales.

    Y que en los dos años que han pasado desde la aprobación del Decreto 803 el 26 de julio de 2023, le ha servido a la FGR para ordenar a los pandilleros en las organizaciones criminales a las que pertenecen.

    Si no hay acusación, serán liberados

    Dentro de las reformas también se establece en el Art. 17 de la Ley que si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto (los 24 meses), el juez intimará al fiscal superior, y si este no contesta, sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y dejará sin efecto la medida cautelar. Ante esto, el diputado presidente de la Comisión, Caleb Navarro dijo que esa parte le parece “una válvula de escape, porque qué pasará si pasan los 24 meses, ¿la Fiscalía podrá solicitar más tiempo?”, consultó.

    El fiscal general dijo que es responsabilidad del Estado presentar la acusación en el plazo establecido y “al contrario a lo que dicen algunos que andan movilizando gente, sí se respeta el debido proceso y los derechos humanos de las personas que están siendo acusadas en este país”.

    También explicó que con esa herramienta se evita que los fiscales no presenten acusación por motivos de negligencia u “otros intereses de cualquier naturaleza o de naturaleza económica el fiscal auxiliar no presente acusación en el tiempo establecido, entonces se da la opción que el juez debe notificar al fiscal superior para determinar si el fiscal ha actuado de manera correcta o no. Esto es trasladar una garantía para el procesado también”, aseguró Delgado.

    Agregó que los 24 meses le parecen un “plazo razonable, pero si me preguntan a mí, me sentiría más tranquilo que este plazo sea sujeto a una solicitud de prórroga justificada y valorada adecuadamente por la autoridad judicial competente”, dijo Delgado.

    El diputado Navarro pidió entonces si tenían alguna propuesta de reforma sobre este tema y Delgado propuso agregar otro inciso en el artículo 17 de esta manera “en aquellos casos en las que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial dispuesto, su ampliación, la cual será por un período de 12 meses”, propuso el fiscal.

    Navarro pidió al equipo técnico hacer la modificación en las reformas.

    Los diputados de la Comisión aprobaron dictamen favorable para las reformas a la Ley contra el crimen organizado, que podrían ser aprobadas en la plenaria de este viernes 15 de agosto.

  • Fiscalía procesó a 2,037 menores de edad entre junio 2024 y mayo 2025

    Fiscalía procesó a 2,037 menores de edad entre junio 2024 y mayo 2025

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 2,037 menores de edad fueron procesados judicialmente en El Salvador, entre junio de 2024 y mayo de 2025, según consta en el Informe de Labores 2024-2025, publicado recientemente por la institución.

    Las cifras expuestas en la categoría señalada como «judicialización de menores», indican que los 2,037 adolescentes procesados estuvieron involucrados en un total de 1,637 casos judiciales y como resultado de estos procesos se obtuvieron 2,509 resoluciones.

    Este tipo de procedimiento penal juvenil es uno de los tres contemplados por el Ministerio Público en su informe, junto al juicio ordinario y el juicio sumario.

    En el consolidado general de los tres tipos de procesos penales, la Fiscalía reportó haber tramitado 47,861 casos entre junio 2024 y mayo 2025, en los cuales se procesó a 74,361 personas y se obtuvieron 113,119 resoluciones judiciales.

    Con respecto a la evolución del proceso penal, se registraron 26,865 casos en audiencia inicial o de imposición de medidas, donde se dictaron 50,800 resoluciones.

    Además que, 11,170 casos pasaron a audiencia preliminar o preparatoria, con un total de 23,083 resoluciones; y 6,719 casos llegaron a la etapa de vista pública o juicio, donde se emitieron 19,173 resoluciones.

    El documento también contabiliza 3,107 casos tramitados en audiencias especiales, que involucraron a 11,631 imputados y dieron lugar a 20,063 resoluciones.

    En conjunto, los datos señalan que, entre todas las etapas judiciales y audiencias especiales, se dictaron 9,828 sentencias condenatorias, lo que representa un 83.37 % del total de resoluciones finales, frente a 1,960 resoluciones absolutorias, equivalentes al 16.63 %.

    Sin embargo, el informe no especifica cuántas de estas sentencias correspondieron a menores de edad.

    Falta de información sobre menores

    Pese a la cifra de adolescentes procesados, el informe de la FGR carece de información detallada sobre las etapas judiciales que enfrentaron los menores de edad, entre ellos el número de audiencias iniciales, preliminares o juicios a los que fueron sometidos.

    Tampoco se precisa cuántos fueron condenados, absueltos o si se les aplicaron medidas alternas, como lo establece la Ley Penal Juvenil.

    La falta de información sobre procesos judiciales en contra de menores de 18 años de edad impide conocer si se aplicaron medidas especiales que se estipulan en la normativa de la Ley Penal Juvenil.

    Los casos

    Entre los casos más destacados durante el periodo reportado, figuran situaciones en las que se procesó judicialmente a adolescentes por su presunta vinculación con estructuras delictivas.

    Uno de ellos ocurrió en septiembre de 2024, cuando la Fiscalía acusó a 20 estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) y del Instituto Nacional Técnico Industrial (Inti), a quienes se les señaló de integrar una supuesta estructura pandilleril estudiantil denominada «La Raza».

    Del total de acusados, ocho eran menores de edad, a quienes se les atribuyó los delitos de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones, tanto simples y graves.

    El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado resolvió aplicar medidas alternas a la detención para los menores, permitiéndoles enfrentar el proceso en libertad bajo condiciones específicas.

    Otro caso relevante se registró en enero de 2025, en Chalatenango, donde 10 adolescentes fueron llevados a juicio tras la difusión de un video en redes sociales en el que aparecían realizando señas alusivas a pandillas dentro de un centro escolar.

    La Fiscalía los acusó de agrupaciones ilícitas y como resultado del proceso judicial, siete menores fueron absueltos, mientras que tres fueron condenados a una pena combinada de 10 años, cinco años de internamiento y cinco más bajo libertad asistida.

    Posteriormente, los defensores de los tres jóvenes condenados presentaron un recurso de apelación. Sin embargo, la Cámara Primera contra el Crimen Organizado, con sede en Santa Tecla, La Libertad, ratificó la sentencia original.

  • FGR destruye 430 kilogramos de droga valorada en más de $10 millones

    FGR destruye 430 kilogramos de droga valorada en más de $10 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que destruirá 430 kilogramos de droga incautada dos salvadoreños en las costas de la playa El Espino, en Usulután. Dos salvadoreños fueron detenidos en el operativo realizado a finales del mes pasado.

    La entidad fiscal indicó que la destrucción de las sustancias ilícitas se realizarán en coordinación con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC). Los 430 kilogramos de droga están valorados en $10,810,200.

    La droga fue incautada el pasado 23 de julio a una milla náutica al sur de la playa El Espino, Jucuarán, en Usulután. Los agentes de la Sección Táctica Operativa de la PNC capturó a los salvadoreños Abraham Orrego Hernández y Miguel Ángel Marín.

    Le puede interesar: PNC incauta 430 kilos de droga valorada en $10 millones en El Espino, Usulután

    La FGR presentó la semana pasada el requerimiento fiscal para acusar formalmente a ambos connacionales ante el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura. La institución pidió también al juex que decrete prisión provisional contra los dos capturados.

    En el momento de la detención, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que los salvadoreños transportaban nueve bultos con droga. Presuntamente, el cargamento inició su recorrido en Nicaragua y se dirigía hacia Guatemala.

    Abraham Orrego Hernández y Miguel Ángel Marín capturados con droga valorada en más de $10 millones. / @Vi11atoro
  • Fiscalía solicitó detención contra tres extranjeros por tráfico de más de $33 millones en cocaína

    Fiscalía solicitó detención contra tres extranjeros por tráfico de más de $33 millones en cocaína

    La Unidad de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el martes la solicitud de imposición de medidas contra dos ecuatorianos y un colombiano, que fueron sorprendidos por la Marina Nacional el 11 de julio transportando cocaína valorada en $33 millones.

    La Fiscalía General de la República (FGR) presentó solicitud de imposición de medidas en contra de tres ciudadanos extranjeros acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas.

    Los imputados son de nacionalidad colombiana y fueron identificados como Rubén Darío Acevedo Cedeño y Polito Perlaza Moreno, ambos de nacionalidad ecuatoriana, además,  el colombiano Norberto Valencia Argollo.

    «Los extranjeros fueron interceptados, el pasado 11 de julio por miembros de la Marina Nacional a 600 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, cuando se conducían a bordo de una embarcación de bajo perfil, también conocida como semisumergible», informó la Fiscalía.

    En la intervención se les decomisaron 1,326 paquetes de cocaína, con un valor aproximado de $33,335,640 en el mercado ilegal.

    La Fiscalía dijo tener prueba suficiente que vincula a los acusados con la actividad delictiva y ha solicitado al Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador que imponga medidas de detención mientras continúa el proceso judicial.

     

  • Ordenan captura de sujeto acusado de estafar con $5,000 en anticipo para compra de un vehículo

    Ordenan captura de sujeto acusado de estafar con $5,000 en anticipo para compra de un vehículo

    El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la captura del imputado ausente identificado con las siglas J.A.C.G. acusado de estafa agravada en supuesta importación de vehículo.

    La acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) indica que en 2019 la víctima pretendía adquirir un vehículo y se puso en contacto con el acusado, quien le entregó $5,250 como anticipo.

    La víctima y el imputado firman un contrato de promesa de venta en ese momento. Sin embargo, en 2020, la víctima no recibió el vehículo prometido y el acusado solo le habría devuelto $200.

    El Juzgado correspondiente declaró en rebeldía al acusado, giró orden de captura y giro restricciones migratorias en su contra. Con esto, el proceso ha pasado a competencia del Tribunal de Sentencia.

  • FGR busca equipar salas de capacitación y auditorio en nuevo edificio por $193,000

    FGR busca equipar salas de capacitación y auditorio en nuevo edificio por $193,000

    La Fiscalía General de la República (FGR) ha lanzado una oferta de compra de equipo para las salas de capacitación de personal y el auditorio de sus nuevas instalaciones en Santa Elena por $193,120.

    La entidad fiscal publicó en la Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador (Bolpros) una oferta para comprar con dinero del fondo general del Estado equipo de audio y video para salas y un auditorio.

    La compra está dividida en dos secciones: la primera por $133,920 para equipo de audio y vídeo que incluye una sala de simulación de audiencia, en la sala de capacitación de la 1 a la 6, en la sala de informática, en el auditorio y servicio de instalación, soporte técnico y condiciones para todas las salas.

    La segunda sección tiene un precio de $59,200 para adquirir 20 computadoras de escritorio, cuyo precio unitario sería de $1,760; así como cuatro laptops con un precio unitario de $6,000.

    La FGR ha detallado en su oferta de compra las especificaciones para cada item, señalando los detalles técnicos de las computadoras que requiere para el nuevo complejo fiscal.

    El documento de compra de productos y servicios fue publicado el 24 de julio y ha cedido hasta el 30 de julio para responder a consultas sobre la oferta por parte de las empresas interesadas en adjudicarse el contrato.

  • Condenan a pandillero a 15 años de cárcel por un homicidio en San Salvador

    Condenan a pandillero a 15 años de cárcel por un homicidio en San Salvador

    El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, en San Salvador condenó a Verali Alcides Parada Larios a 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

    La Fiscalía General de la República (FGR) perfiló a Parada Larios como pandillero de la MS13 y lo acusa de haber participado en el asesinato de una mujer en San Salvador, en mayo de 2019.

    Las investigaciones fiscales apuntan a que Parada Larios fue el encargado de sostener a la víctima para que no huyera, mientras otros pandilleros la apuñalaban con picahielos y otras armas blancas.

    Los sujetos llevaron a la mujer a un hotel para asesinarla, los otros involucrados ya habrían sido condenados según informó la Fiscalía. Luego, los pandilleros envolvieron en sábanas el cadáver y lo abandonaron en el puente Las Mulas, en Ciudad Delgado.

    Las autoridades indicaron que Parada Larios no ha sido capturado, sino que se realizó un proceso en ausencia para poder condenarlo, según permite el Código Penal.