La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que desarticuló una estructura supuestamente dedicada a alquilar locales y viviendas a través de testaferros para almacenar drogar y luego trasladarla a su destino por vía marítima.
La entidad fiscal indicó que la estructura se dedicaba al narcotráfico en Guatemala y El Salvador. Durante los allanamientos se les incautó 27 kilos de cocaína, ubicada en tres lugares: en la residencial Megápolis, en San Miguel y en el hotel Ibiza, en Ahuachapán.
Presuntamente, la estructura contaba con varios vehículos para transportar el dinero que recibían de la venta de droga. Al momento de la captura, las autoridades les decomisaron más de $58,000 «producto de las operaciones de este grupo delictivo».
La FGR reportó a estos detenidos:
William Alexander Sorro Gómez
Rudyz Ramón Cruz
Noé Omar Parada Baires
Carlos Antonio Tepas Sánchez.
Douglas Jiménez Ramírez.
Las autoridades aseguraron que los capturados serán procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, agrupaciones ilícitas, facilitación de locales y facilitación de medios y por casos especiales de lavado de dinero. Las investigaciones fiscales iniciaron en 2021.
Aunque la FGR giró 14 órdenes de captura contra los miembros de esta estructura, solo reportaron cinco detenciones porque «algunos de los imputados ya se encuentran detenidos en centros penales» y solo tendrían que ser notificados de las acusaciones.
La FGR incautó a los detenidos $58,000 en efectivo durante los allanamientos. / FGR.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años y seis meses de cárcel a José Melvin Rivera Ortega por el delito de violación agravada en modalidad de delito continuado en prejuicio de una mujer en Guazapa.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que Rivera Ortega engañó a la víctima para llevarla a un hospedaje en Guazapa. Al llegar, el hombre sacó una navaja para amenazar a la víctima y así abusar de ella.
La fuente fiscal indicó que Rivera Ortega abusó en varias ocasiones de la mujer a quien retuvo en el motel. Los abusos se extendieron por dos días, hasta que ella pudo escapar del lugar.
El crimen ocurrió el 19 de diciembre de 2024, en Guazapa. Al salir del lugar, la mujer logró llegar a la sede de Chalatenango de la Policía Nacional Civil (PNC) y así interponer la denuncia correspondiente.
Otra condena
En otro caso, la FGR también informó sobre la condena de José Lorenzo Guevara a 10 años de prisión por el delito de portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
El Tribunal de Sentencia de Usulután validó las pruebas que probaban que Guevara ingirió bebidas alcohólicas mientras realizó sus labores policiales como miembro del Grupo Conjunto de Apoyo Comunitario (GCAP).
El Tribunal Primero de Sentencia de San Tecla instaló el martes un juicio contra seis sujetos, uno de ellos exmotorista del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), por los delitos de tráfico ilícito y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a los seis sujetos se les decomisó 319 kilogramos de cocaína valorados en $8,019,660.00. Los acusados fueron detenidos el 7 de abril de 2023 durante varios decomisos.
Los primeros 100 kilos fueron incautados en el bulevar Orden de Malta, en Sana Elena; otros 74 kilos en la colonia Quezaltepeque, en Santa Tecla. Además, el grupo ha sido vinculados con 145 kilos abandonados en una embarcación encontrada en la playa Las Hojas, en La Paz.
Los detenidos son:
José Carlos Beltrán Torres.
Luis Roberto Ayala Serrano, ex motorista del (MOPT).
Mercedes Eugenia Flores Soriana.
Henry Antonio Umaña Lovos.
Josué Rigoberto Flores Girón.
Marvin Antonio Vásquez Alvarado.
Según los fiscales, en este casos cuentan «con abundante prueba: documental, pericial y testimonial» para pedir que se amplíe la condena en su contra. El exmotorista del MOPT también es acusado de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Los acusados se han mantenido en detención provisional durante el proceso. El proceso de imposición de medidas fue llevado por el Juzgado Especializado de Instrucción «B».
David Alfonso Rodríguez Veliz fue condenado a 15 años de prisión por haber participado en la desaparición forzada de un hombre en el cantón San Lázaro, en San Vicente. El hecho ocurrió en 2020 fue deliberado en el Tribunal de Sentencia de San Vicente.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes sobre la condena de Rodríguez Veliz, quien fue acusado de haber llegado a la casa de la víctima junto a otros supuestos pandilleros de la MS para desaparecerlo.
Según la versión fiscal, los pandilleros llegaron a la vivienda del hombre, lo amenazaron con armas de fuego y lo obligaron a salir de su casa. Para llevar a un terreno baldío lo ataron de manos y lo asesinaron allí.
La prueba presentada por la Fiscalía evidenció que el 3 de abril de 2020, hombre dejó su vivienda a las 9:00 de la mañana a bordo de una motocicleta, para dejar unos elotes en casa de su suegra.
Más tarde, cuatro pandilleros llegaron para sacarlo de la casa. El crimen habría ocurrido en uno de los terrenos que conduce hacia la laguna Joya Grande en San Lorenzo. Los restos de la víctima no han sido encontrados.
Pandillero asesinó a víctima en una mototaxi
Por otro lado, la Fiscalía también informó sobre la condena de René Ulises Quinteros, pandillero con el rango de «homeboy» que asesinó a un hombre mientras este se conducía en una mototaxi.
El asesinato ocurrió en Lolotique, San Miguel y según la versión de la FGR, el pandillero y otros cuatro le dispararon al hombre hasta matarlo. El crimen ocurrió el 24 de noviembre de 2015.
Por ese caso, Quinteros fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel. La víctima murió por una herida penetrante en el cráneo por una arma de fuego.
El gabinete de seguridad presentó este lunes a 37 acusados de ser parte de una banda criminal que se dedicaba a hurtar teléfonos celulares en los autobuses de las rutas 29, 38, 101 B, 41 A, 45 AB , 91 y en otras que circulan en San Salvador, Santa Ana, San Miguel y La Libertad.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, explicó durante una conferencia de prensa que la banda funcionaba como «carteristas» y su modus operandi era: de dos a cinco pagaban su pasaje, cargaban una mochila grande, distraían a las víctimas, se colocaban las mochilas enfrente y las ponían en el pecho de la víctima y con sus manos abrían las carteras, revisaban bolsillos y extraían los bienes.
Luego del hurto, los miembros de la banda se bajaban del autobús y abordaban un automóvil conducido por otro miembro de la estructura que había ido siguiendo la unidad a cierta distancia.
Las investigaciones contra los acusados iniciaron en enero de 2024 según explicó el fiscal.
De los miembros de la banda, 37 están capturados y otros 5 se encuentran prófugos aún. Entre los capturados se reportan 17 hondureños, 11 salvadoreños, 8 nicaragüenses y un guatemalteco. Uno de los indicios para investigar a los acusados es que remesaban todos los días entre $80 y $120 hacia otros países.
«Actuaban de forma coordinada para hurtar teléfonos móviles dentro de la unidad del transporte y posteriormente comercializar dichos aparatos en el centro de San Salvador. Esa estructura estaba dirigida por dos ciudadanos nicaragüenses». Rodolfo Delgado, fiscal general de la República.
Delgado identificó a los nicaragüenses Joel Isaías Guerrero Siu y Rodrigo José Guerrero Siu como cabecillas de la banda. Para identificar a los presuntos criminales, las autoridades realizaron entrevistas a víctimas, análisis de registros y trabajo operativo con Policía Nacional Civil (PNC).
La estructura de la banda era:
Grupo de robo y distractores.
Carteristas.
Motorista.
Receptores de los bienes robados.
Desbloqueadores de los teléfonos.
Entre los detenidos están personas que ejercían cargos de carteristas, motoristas y receptores. El fiscal instó a los salvadoreños víctimas de estos robos que se acerquen a las autoridades para interponer las denuncias correspondientes y prometió seguridad para los denunciantes.
En condición migratoria irregular
El titular de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Ricardo Cucalón, aseguró que empezaron a notar patrones comunes en los acusados y advirtió que las autoridades salvadoreñas tienen facultades legales para intervenir hospedajes, restaurantes, hoteles o lugares donde se hospeden.
Cucalón reiteró que el estatus migratorio de los extranjeros es irregular porque algunos habrían ingresado a través de puntos ciegos y otros ingresaron como turistas por las fronteras El Amatillo, San Cristóbal y El Poy. El Departamento de Inteligencia de Migración realizó las investigaciones en las que se verificó que los acusados tendrían múltiples celulares de los que no lograron dar justificación.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseveró que los extranjeros detenidos no serán deportados hacia sus países de origen sino que se quedarán acá para ser procesados y ofrecer trabajos de utilidad a la sociedad a través del aprendizaje de oficios.
«No vamos a expulsar a estos criminales, los vamos a someter a nuestro proceso penal y los vamos a tener en nuestras cárceles. Ya mirábamos ayer el beneficio en que se convierte a estos cuando aprenden un oficio, aprenden a lijar hierro, cuando aprenden a lijar madera y a construir construir pupitres a nuestras escuelas públicas, para eso es que van a ir a los centros penales». Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad.
Villatoro aseguró que los miembros solo conformaban una banda y no una organización, por lo que, considera un logro haberlos capturado antes de que se establecieran mejor en el país.
Las autoridades de la Fiscalía General de la República, de Seguridad y de Migración expusieron este lunes el modos operandi de la banda criminal. / Verónica Crespín.
Las detenciones se lograron en hoteles, hospedajes, colonias y comunidades de la calle Concepción. Al momento de su captura se les incautó celulares, dinero, una arma de fuego, recibos de transferencias bancarias y dispositivos electrónicos.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó este lunes que según investigaciones de 2024 detectaron una estructura criminal conformada por nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que robaba en autobuses. Hoy las autoridades presentaron a 37 detenidos, otros cinco… pic.twitter.com/XivtqbCK1G
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que giró 38 órdenes de captura contra acusados de homicidio agravado, extorsión, agresión sexual, hurto informático, posesión y tenencia de droga, agrupaciones ilícitas y otros.
La entidad fiscal detalló que dentro de los acusados hay dos hermanos acusados de asesinar a una persona con arma blanca en la finca San José de la Cumbre, en Santa Ana. Los hermanos fueron identificados como Marvin Isaías Palma y Oscar Osmin Palma.
Los hermanos habrían interceptado a la víctima, la privaron de libertad, la ataron de sus extremidades y la hirieron con varias armas armas hasta que le causaron la mujer. Según la Fiscalía, habrían participado también otras dos persona que ya están capturados.
Además, en el operativo se capturó a varios supuestos pandilleros de la pandilla MS-13 que «operaban en distintas zonas del país». Las autoridades decomisaron 14 teléfonos, una porción de marihuana y $1,820 en efectivo.
Los detenidos son acusados de al menos siete diferentes delitos. / FGR.
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, se reunió con el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, y la ministra de Educación, Karla Trigueros, para abordar el “fortalecimiento” de la gestión pública en El Salvador.
En sus redes sociales, la Vicepresidencia de la República recordó que la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública (ESIAP) tiene una alianza con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología (Mineducyt), a través de la cual se ha logrado capacitar a “miles” de funcionarios en administración pública.
La ESIAP, de la que Ulloa también es rector, ha formado a los empleados públicos en normativas, gestión de proyectos y tecnología, así como administración pública.
La Vicepresidencia indicó que la ESIAP ha transferido una “cultura de excelencia” presente en “todas las instituciones del Estado”.
Durante el encuentro, la directora ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larín, compartió con los funcionarios los avances de la institución educativa.
“El trabajo articulado entre las tres instituciones permitirá continuar implementando programas de certificación alineados a estándares internacionales”, indicó el gobierno de El Salvador.
Función
La publicación señala que el gobierno buscará continuar desarrollando las capacidades de formulación y ejecución de proyectos con el fin de garantizar que los empleados cumplan con los perfiles que son solicitados y necesarios para laborar dentro de las instituciones públicas.
Las habilidades de los funcionarios públicos también debe estar acorde a la innovación para empujar al país a la modernización administrativa.
La ESIAP fue creada por decreto ejecutivo el 30 de agosto de 2021, responsable del fortalecimiento de la administración pública por medio de programas formativos para los servidores públicos.
El Vicepresidente de la República, Sr. Félix Ulloa hijo (@fulloa51), en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública, ESIAP, sostuvo una reunión con el @FiscalGeneralSV, Sr. Rodolfo Delgado y la Ministra de Educación, Sra. @KarlaETrigueros,… pic.twitter.com/BNWhP8QX79
— Vicepresidencia de la República de El Salvador (@VCpresidenciaSV) November 1, 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) giró 28 órdenes de captura este viernes en contra de una presunta estructura integrada por ciudadanos nicaragüenses, hondureños y salvadoreños que se dedicaba al hurto de pertenencias de usuarios del transporte colectivo en el distrito de San Salvador.
Según la institución, con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Migración y Extranjería estas capturas se realizaron en hoteles, hospedajes, colonias y comunidades ubicadas sobre la calle Concepción y zonas del área metropolitana, donde los sospechosos se refugiaban.
Las investigaciones señalan que los detenidos ingresaron al país de forma irregular, en algunos casos por puntos ciegos, y en otros como turistas por las fronteras El Amatillo, San Cristóbal y El Poy.
De acuerdo con la FGR, la estructura operaba desde enero de 2021 y estaba organizada en grupos con funciones específicas: unos distraían a las víctimas, otros registraban bolsillos y mochilas, mientras un conductor los esperaba para escapar. Además, había receptores que compraban los objetos robados y desbloqueadores que liberaban celulares para revenderlos.
Los hurtos ocurrían principalmente en unidades de las rutas 29, 29F, 29E, 3, 38C, 38E, 101B, 42, 33B, 41A, 41F, 11B, 11C, 21, 22, 26, 6, 6A, 45AB y 4, que circulan por la Alameda Juan Pablo II, alameda Manuel Enrique Araujo y sectores de centros comerciales, así como rutas hacia los distritos San Juan Opico y Quezaltepeque, detallaron las autoridades.
Entre los objetos hurtados se encuentran teléfonos celulares, joyas, relojes, dinero en efectivo y otros artículos de valor. En el operativo también fueron incautados celulares, dinero, un arma de fuego, recibos de transferencias bancarias y dispositivos electrónicos, aseguró la FGR por medio de un comunicado.
Entre los capturados están Sergio José Medina Levy, Milton Ricardo Obando, Dariana Karina Hernández, Wendy Yamilet Rivas, Magno Roberto Bonilla Ochoa, Ana Ruth Rodríguez, María Marlene Campos Hernández, Francisco Gilberto Amaya, José Omar Vides, Humberto Mendoza Zelaya, Mario José Méndez, Yesenia Beatriz Sorto, Luis Alfonso Trejo Joachín, Gustavo Enrique Cruz y ocho personas más.
Otras quince personas que ya guardan prisión serán notificadas de los nuevos delitos que se les atribuyen, aseguraron las autoridades judiciales.
Autoridades mexicanas detuvieron este jueves, en el sureño estado mexicano de Chiapas, a Arturo Leyva Ávalos, alias El Carnal, líder regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien habría sido uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena presunto líder del grupo criminal La Barredora.
Fuentes oficiales confirmaron a EFE el arresto de Leyva Ávalos, de 55 años, identificado como líder del CJNG y a quien se le relaciona con delitos como extorsiones a comerciantes, secuestro y distribución y venta de droga.
Asimismo, se sabe que el grupo criminal que encabezaba utilizaba armas de alto calibre y sus integrantes se caracterizan por realizar acciones de extrema violencia como quema de vehículos y homicidios.
Según las fuentes, el 5 de febrero de 2021 Leyva Ávalos fue nombrado director general de la Policía Estatal de Tabasco, con lo que se convirtió en uno de los principales colaboradores de Bermúdez Requena.
En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detalló que la detención fue resultado de las acciones coordinadas para desarticular a grupos criminales, encabezadas por elementos de las Secretarías de la Defensa (Defensa), de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas.
Según la SSPC, los agentes desarrollaron líneas de investigación para detener a generadores de violencia, con esto obtuvieron datos sobre la zona de movilidad de un ex funcionario público vinculado a un grupo criminal.
“Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, los efectivos identificaron y le marcaron el alto a Leonardo “N”, vinculado con un grupo delictivo dedicado a la extorsión de comerciantes, secuestro, distribución y venta de droga”.
La SSPC aclaró que tras el arresto, el presunto delincuente fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.
Bermúdez Requena es uno de los presuntos líderes de La Barredora, célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis carteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero pasado.
Según la información de inteligencia, el exfuncionario habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.
El pasado 13 de septiembre, Bermúdez Requena fue capturado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en Asunción, Paraguay.
Pese a las acusaciones en su contra, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha señalado que Bermúdez Requena sigue formando parte de dicha asociación política y no será expulsado hasta que haya una sentencia firme.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó el jueves en extradición a Félix Antonio Aguilera Espinal, ciudadano hondureño acusado del delito de tráfico ilícito de personas.
El procedimiento fue coordinado con la Oficina Central Nacional de la Policía Internacional El Salvador (Interpol) y ejecutado en la frontera de El Amatillo, en el departamento de La Unión.
Aguilera fue requerido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Danlí, en el departamento de El Paraíso, Honduras, por su presunta participación en una red de tráfico de personas con destino a Estados Unidos, indicó la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de un comunicado.
Las investigaciones de las autoridades judiciales indicaron que el imputado fue capturado el 4 de junio de 2025 en el oriente del país, tras emitirse una orden de captura internacional. La investigación señala que, en 2023, Aguilera trasladó de manera irregular a varias personas a través de Guatemala y México.
Uno de los afectados entregó al acusado 100,000 lempiras (equivalentes a $3,824.15) y, además, realizó un depósito de $2,000 a nombre de la hermana del extraditado, residente en Estados Unidos, detalló la FGR en el escrito.
Sin embargo, las autoridades detallaron que la víctima fue abandonada por Aguilera al llegar a la frontera entre Guatemala y México, donde posteriormente fue detenida por las autoridades migratorias mexicanas y deportada a Honduras.
La FGR informó que, previo a la entrega, se confirmó que Aguilera no enfrentaba procesos judiciales pendientes en territorio salvadoreño. La extradición se realizó bajo las reformas al Código Procesal Penal que permiten la coordinación directa entre oficinas de Interpol.
