La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), supervisó la destrucción de distintos tipos de droga decomisados en 16 procesos judiciales relacionados con delitos de narcotráfico.
Según las autoridades, los estupefacientes destruidos tienen un valor económico de $309,019.52 y corresponden a casos que ya fueron judicializados, cuyos responsables cumplen condenas de prisión.
Durante la jornada fueron destruidos 45,502 gramos de marihuana, 4,929 gramos de cocaína y 660 gramos de metanfetaminas, sustancias incautadas en diferentes operativos desarrollados por las autoridades.
La droga fue decomisada en distintos procedimientos realizados en los departamentos de San Salvador, Chalatenango y La Libertad, como parte de las acciones contra las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes.
La FGR indicó que la destrucción de la evidencia se realizó en cumplimiento de resoluciones emitidas por los tribunales competentes, una vez concluidos los procesos penales correspondientes.
Las autoridades señalaron que este procedimiento forma parte del protocolo establecido para garantizar que las sustancias ilícitas incautadas no vuelvan a circular y sean eliminadas de forma definitiva bajo supervisión judicial.
Asimismo, destacaron que las personas vinculadas a estos 16 casos ya fueron condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico y cumplen las penas impuestas por los tribunales de justicia.
La Fiscalía y la PNC reiteraron que continuarán desarrollando operativos para combatir el tráfico de drogas y fortalecer las acciones dirigidas a desarticular estructuras criminales dedicadas a este tipo de delitos en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó el martes que solicitará la aplicación de la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio Campos Álvarez, acusado de asesinar a su hermano y de lesionar a su sobrino durante un hecho de violencia ocurrido en el distrito de Yucuaiquín, departamento de La Unión.
La institución explicó que la petición será posible con base en la reciente reforma constitucional, que contempla la cadena perpetua para determinados delitos graves. Es el primer caso conocido en el que la Fiscalía anuncia que pedirá la cadena perpetua.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, el crimen ocurrió tras una discusión entre los dos hermanos dentro de una vivienda. En medio del altercado, Campos Álvarez presuntamente atacó a la víctima con un arma blanca.
El hombre sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció posteriormente a causa de las lesiones provocadas durante la agresión.
La Fiscalía también señaló que, durante el mismo hecho, el hijo de la víctima intervino para intentar defender a su padre, pero resultó lesionado presuntamente por el imputado.
Por ese motivo, además del delito de homicidio, Campos Álvarez enfrentará un proceso penal por el delito de lesiones en perjuicio de su sobrino.
La FGR indicó que el acusado será puesto a disposición de los tribunales correspondientes en los próximos días, donde solicitará que continúe el proceso judicial en su contra.
Con la presentación del requerimiento, el Ministerio Público buscará que los tribunales impongan la pena de cadena perpetua, al considerar que el caso cumple con los supuestos establecidos tras la reforma constitucional.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó este martes a Esmeralda Beatriz Quijada de Ulloa y Gerardo Ernesto Hernández a 17 años de prisión tras encontrarlos culpables del delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República (FGR) demostró que el 15 de enero de 2022 ambos condenados llegaron al negocio de la víctima, ubicado en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste, para exigir el pago de la denominada renta.
Según las investigaciones, los imputados manifestaron que actuaban en nombre de la pandilla 18 Revolucionarios y reclamaron los $50 que la víctima debía entregar semanalmente para evitar represalias.
La víctima declaró ante el tribunal que durante aproximadamente cinco años realizó los pagos exigidos por los extorsionistas debido a las constantes amenazas de muerte que recibía.
De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero era exigido a cambio de permitirle continuar con la venta de productos básicos en su negocio, actividad de la que dependía su sustento económico.
Tras valorar las pruebas presentadas durante el proceso, el Tribunal Sexto de Sentencia determinó la responsabilidad penal de ambos imputados y les impuso una pena de 17 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Un total de 64,263.14 gramos de cocaína, marihuana y metanfetamina fueron destruidos por la Fiscalía General de la República (FGR) junto a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), detallaron este viernes.
Esta droga está valorada en $357,502.87 y son pertenecientes a 54 casos que ya han sido investigados, detalló la FGR a través de una publicación en su cuenta de la red social X, en la que también detallaron la distribución de los estupefacientes destruidos.
De acuerdo con la entidad fiscal, en total se destruyeron 58,620.4 gramos de marihuana, 4,937.322 gramos de cocaína y 705.426 gramos de metanfetaminas. Estas sustancias fueron decomisadas en diferentes puntos del territorio nacional.
El pasado jueves, la FGR informó que se realizaron pruebas de campo, registro y clasificación de droga junto con la Superintendencia de Regulación Sanitaria, como preparación a la destrucción que ocurrió en horas posteriores. Asimismo, la institución fiscal señaló que los implicados se encuentran cumpliendo penas de cárcel por delitos relacionados con el narcotráfico.
«Estos casos corresponden a 120 sentencias condenatorias, correspondientes a los departamentos de Santa Ana, San Miguel, Sonsonate y San Salvador», indicó la fiscal del caso tras la quema de drogas.
En otros procesos relacionados con drogas y por orden del Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, se procederá a la destrucción de más de , 62,000 objetos alusivos al consumo de drogas. Según informó Centros Judiciales de El Salvador a través de su cuenta de Facebook estos elementos forman parte de un procedimiento legal que vincula a 18 personas con el delito de propaganda sobre el uso de drogas.
El ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, comunicó esta semana que las incautaciones de droga en el país durante 2026 ya suman 14 toneladas, las cuales se encuentran valuadas en $351 millones.
Este escenario coincide con lo planteado en el informe Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual apunta que El Salvador sigue figurando como una zona de tránsito para el narcotráfico.
No obstante, los reportes de la administración estadounidense señalan que las labores de interdicción han mermado de forma contundente el transporte por vías terrestres, obligando a las redes delictivas a desplazar sus actividades ilícitas hacia rutas marítimas.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador condenó a 10 años de prisión al ciudadano peruano Renzo Javier Casanova Sánchez tras declararlo culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de su expareja.
De acuerdo con la resolución judicial, la víctima y el condenado mantuvieron una relación de nueve años y ambos residían en El Salvador por motivos laborales. Aunque la pareja se separó en 2018, Casanova Sánchez continuaba visitando a la hija menor de edad que tenían en común.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2019, cuando el ahora condenado llegó a la vivienda de su expareja. Tras una discusión, comenzó a insultarla y amenazarla antes de propinarle múltiples golpes en la cabeza y el rostro, provocándole la pérdida momentánea del conocimiento.
La agresión fue interrumpida cuando vecinos y personal de seguridad de la residencial escucharon los gritos de auxilio y se acercaron al inmueble. Al notar la presencia de otras personas, Casanova Sánchez detuvo el ataque, situación que permitió a la víctima escapar junto con su hija.
Antes de abandonar la vivienda, el agresor exigió dinero en efectivo a la mujer y posteriormente huyó del país. Permaneció prófugo hasta 2025, cuando fue localizado y capturado en Perú. Tras una solicitud presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), fue extraditado a El Salvador para enfrentar el proceso penal.
Durante el juicio, la prueba presentada por la Fiscalía permitió establecer la relación de confianza entre la víctima y el acusado, así como la superioridad física del agresor. Los peritajes determinaron que la mujer sufrió una fractura en el rostro, cerca del ojo, además de la desviación del tabique nasal como consecuencia de la golpiza.
El tribunal concluyó que la víctima fue sometida a una situación de violencia de género agravada por la forma en que ocurrió el ataque, al ejecutarse dentro de su vivienda, donde se encontraba sola con el agresor y ejercía su derecho a la intimidad. Asimismo, valoró que existió alevosía y una evidente condición de vulnerabilidad frente al condenado.
En mayo de 2025, la Fiscalía informó sobre la extradición de Casanova Sánchez desde Perú, donde fue detenido tras permanecer varios años prófugo. La institución señaló que el proceso fue gestionado por la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales, a solicitud de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Oficina Fiscal de Santa Tecla. Además de la pena de prisión, el juzgado ordenó que el ciudadano peruano sea expulsado de El Salvador una vez cumpla la condena.
Al momento de la extradición, la misma Fiscalía señaló en sus redes sociales -donde acostumbra a publicar los casos- a que Casanova Sánchez era un exdiplomático aunque no precisó el cargo ni la sede en la que desempeñó esa labor.
Publicación de FGR cuando el ahora condenado fue extraditado. /FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) continuó el martes con los alegatos finales ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, en el proceso judicial que se sigue contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), acusados de múltiples homicidios y desapariciones en el departamento de La Libertad.
Durante la jornada, los fiscales expusieron los asesinatos atribuidos a las clicas que operaban en la zona central del país, particularmente aquellas pertenecientes a los programas Libertad, Delicias y Porteños, estructuras que mantenían presencia en distintos municipios de La Libertad.
Entre los casos abordados figura el asesinato de la futbolista Jimena Granados, uno de los crímenes que forma parte del amplio expediente presentado por el Ministerio Público contra los líderes de la organización criminal.
Según la Fiscalía, la mayoría de las víctimas eran civiles ajenos a las actividades delictivas de la pandilla, incluyendo menores de edad y adultos mayores. Además, se indicó que muchas personas continúan desaparecidas debido a que los pandilleros incineraban los cuerpos y dispersaban los restos para dificultar las investigaciones.
Los representantes fiscales también detallaron la forma en que estaba organizada la estructura criminal en la zona y los mecanismos utilizados para ejecutar las órdenes emitidas por los cabecillas de la pandilla.
Al concluir la audiencia de este martes, la FGR sostuvo que presentó suficientes elementos probatorios para respaldar las acusaciones formuladas contra los 485 procesados, vinculándolos con más de 130 casos de homicidios y desapariciones registrados en La Libertad.
Las investigaciones permitieron además ubicar varios cementerios clandestinos en distintos sectores del departamento, donde las autoridades recuperaron restos humanos que posteriormente fueron incorporados a las pesquisas criminales.
De acuerdo con la Fiscalía, los pandilleros asesinaban a muchas de sus víctimas bajo la sospecha de que colaboraban con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada o cualquier otra autoridad estatal.
El juicio contra los cabecillas de la MS-13 es uno de los procesos más grandes impulsados por el Ministerio Público contra la estructura criminal y busca establecer la responsabilidad de sus principales líderes en una serie de crímenes cometidos durante años en el occidente y centro del país.
La Fiscalía General de la República (FGR) concluyó este lunes una nueva jornada de alegatos ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, donde presentó pruebas relacionadas con 61 casos atribuidos a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la zona occidental de El Salvador.
Durante la audiencia, los fiscales expusieron las investigaciones vinculadas a ocho programas de la estructura criminal que operaban en distintos sectores del occidente del país y que, según las autoridades, participaron en múltiples hechos de violencia.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que las pesquisas permitieron establecer la responsabilidad de la organización en la muerte de 138 personas.
De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía, entre las víctimas se encuentran 35 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), 17 miembros de la Fuerza Armada, un custodio de Centros Penales y un integrante del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).
Las autoridades señalaron que estos funcionarios formaban parte de los objetivos definidos por la estructura criminal dentro de sus acciones contra las instituciones de seguridad y el Estado salvadoreño.
Según la acusación fiscal, las órdenes para ejecutar los asesinatos provenían directamente de la denominada ranfla histórica, la ranfla en penales y la ranfla en libertad, consideradas las máximas instancias de dirección de la pandilla.
La Fiscalía sostuvo que los homicidios eran ejecutados bajo lineamientos internos que promovían altos niveles de violencia y que eran transmitidos a las distintas células operativas de la organización.
Entre las directrices mencionadas durante la audiencia figuran mecanismos identificados como “apertura de válvulas” y “pegadas permanentes”, estrategias que, según el Ministerio Público, eran utilizadas para ordenar acciones criminales y ataques contra personas consideradas objetivos de la estructura.
El proceso judicial continúa en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado, donde la Fiscalía busca demostrar la responsabilidad de los acusados en una serie de delitos relacionados con homicidios, terrorismo y crimen organizado.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló el martes el sistema de adoctrinamiento y control interno que utilizaba la Mara Salvatrucha (MS-13) para formar a sus pandilleros, durante la fase de alegatos finales del proceso judicial que enfrenta a 485 presuntos cabecillas de la estructura criminal.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, explicó que uno de los principales instrumentos de formación interna era un documento conocido como «testamento», utilizado para inculcar las normas y principios que debían seguir todos los integrantes de la pandilla.
«El testamento era la forma que ellos adoctrinaban a los nuevos miembros y era la norma que regía a todos los miembros de la Mara Salvatrucha. Son 103 reglas. Estas reglas se fueron modificando y después del régimen de excepción las modificaron y las dejaron a 55 reglas», explicó Muñoz.
Según la Fiscalía, este conjunto de normas constituía la base del funcionamiento de la organización y servía para mantener la disciplina, la obediencia y el control sobre los pandilleros en distintos niveles de la estructura.
El representante del Ministerio Público señaló además que la denominada ranfla histórica desarrolló un cuerpo normativo propio compuesto por 15 puntos, una cifra que, según las investigaciones, estaba relacionada con la identidad misma de la organización.
«¿Por qué 15 puntos? Porque la Mara Salvatrucha está conformada por 15 letras. Y esto fue el mecanismo de control que la ranfla histórica adoptó para mantener el control desde esta estructura», indicó.
La Fiscalía expuso cómo los homicidios eran ordenados por los 8 programas en la zona occidental del país.
Durante la audiencia, la Fiscalía también expuso cómo la organización criminal mantenía su funcionamiento pese a las capturas de líderes y mandos medios. Muñoz explicó que una de las características de la MS-13 era la sustitución inmediata de sus dirigentes cuando estos eran detenidos o perdían poder dentro de la estructura.
«También, en este momento, nos encontramos viendo las diferentes ranflas porque, como toda estructura criminal, es dinámica; es decir, con el tiempo hay ranfleros que los bajan del rango y asumen otros, o en el caso de los que están en libertad y corredores de programas al momento que caen detenidos son sustituidos inmediatamente», afirmó.
El fiscal indicó que en los alegatos finales la institución está presentando al tribunal la evolución de las distintas ranflas año por año, con el objetivo de demostrar la continuidad del mando y la estructura de la pandilla a lo largo del tiempo.
Muñoz también abordó el impacto que tuvo la denominada tregua entre pandillas impulsada durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Según la Fiscalía, ese proceso permitió que líderes de la organización que se encontraban en libertad adquirieran un mayor protagonismo dentro de la estructura criminal.
Asimismo, detalló que gran parte del armamento utilizado por la pandilla provenía de remanentes del conflicto armado salvadoreño y de adquisiciones realizadas en México.
«Compraban fusiles y en los momentos más duros del actuar de esta pandilla, en contra de los cuerpos de seguridad, allá por el año 2015, 2016, invirtieron mucho en la compra del armamento. Recibieron adiestramiento para poder utilizar estas armas largas», sostuvo.
La Fiscalía también recordó que la ruptura de la tregua estuvo acompañada por un aumento significativo de homicidios y ataques contra agentes policiales. Entre los casos expuestos en la audiencia figuran 85 asesinatos de policías atribuidos a órdenes emitidas por la dirigencia de la organización.
«Son parte de los casos que desfilaron en esta audiencia única abierta», señaló Muñoz.
El juicio contra los 485 presuntos cabecillas continúa en la etapa de alegatos finales, considerada una de las fases más importantes del proceso antes de que el tribunal emita una resolución sobre las responsabilidades atribuidas a los acusados.
La Fiscalía General de la República aseguró este lunes que la Mara Salvatrucha (MS-13) obtuvo al menos $9 millones mediante extorsiones cobradas a cuatro víctimas entre los años 2012 y 2022, según los alegatos finales presentados en el juicio masivo contra 485 cabecillas de esa estructura criminal.
De acuerdo con la representación fiscal, las víctimas realizaron los pagos bajo amenazas contra sus vidas y las de sus familiares, en un esquema de intimidación que se mantuvo durante varios años en distintas zonas del país.
“De estos hechos, hay actas de las denuncias interpuestas por cada una de las víctimas afectadas con la extorsión, declaraciones anticipadas de testigos en donde manifiestan cómo la estructura utilizaba el dinero de extorsión”, sostuvo la Fiscalía durante la audiencia.
Según la acusación, los fondos obtenidos de manera ilícita fueron utilizados por la organización criminal para la compra de armas de fuego de distintos calibres, así como para financiar otras operaciones delictivas desarrolladas por la pandilla.
Durante la jornada, el Ministerio Público también expuso los cargos relacionados con los delitos de agrupaciones ilícitas y rebelión.
El Fiscal Adjunto, Max Muñoz, afirmó que la evidencia presentada busca demostrar que la MS-13 intentó establecer un poder paralelo al Estado salvadoreño mediante el uso de armas de guerra y estructuras criminales organizadas.
La Fiscalía sostiene que los 485 procesados deben ser declarados responsables como creadores, dirigentes y cabecillas de la organización criminal, al considerar que dirigieron y coordinaron actividades destinadas a fortalecer el funcionamiento de la pandilla a nivel nacional.
Asimismo, el ente acusador argumentó que los imputados incurrieron en el delito de rebelión al asumir funciones que corresponden al Estado, decidir sobre la vida de personas en comunidades bajo su control, imponer cobros extorsivos y obstaculizar el ejercicio de las autoridades legítimas.
Tráfico de drogas y armas
Las investigaciones también vinculan a la MS-13 con operaciones de tráfico de drogas, principalmente marihuana y cocaína. Según la Fiscalía, los estupefacientes ingresaban desde México y eran trasladados por territorio guatemalteco antes de llegar a El Salvador.
Además, se abordó el tráfico ilegal de armas que, de acuerdo con las autoridades, fueron utilizadas para enfrentar a cuerpos de seguridad y fortalecer el control territorial de la estructura criminal.
Como parte de los elementos expuestos en el proceso, la Fiscalía afirmó haber demostrado que entre 2012 y 2022 la pandilla utilizó a 1,212 menores de edad para trasladar armas y drogas en diferentes puntos del país, una práctica que formaría parte de la estrategia operativa de la organización.
El juicio contra los 485 presuntos líderes de la MS-13 continúa en la etapa de alegatos finales, mientras el tribunal evalúa las pruebas presentadas por las partes antes de emitir una resolución sobre uno de los procesos judiciales más grandes impulsados contra estructuras criminales en El Salvador.
La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó la detención provisional de cuatro personas procesadas por el delito de administración fraudulenta, en una investigación que involucra a sociedades vinculadas al sector de infraestructura de telecomunicaciones en la región.
La resolución, emitida de forma unánime, dejó firme la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, que el 18 de mayo ordenó la medida cautelar contra los imputados mientras continúan las investigaciones del caso.
Los procesados son Jorge Leonel Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, señalados por la Fiscalía General de la República por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades Maintenance & Services, S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, Ltda. de C.V.
Los magistrados rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y concluyeron que la jueza de instrucción actuó conforme a la normativa vigente al ordenar la detención provisional. Además, consideraron que la resolución original contiene los elementos suficientes para justificar la medida cautelar.
Según el fallo, persisten condiciones que hacen necesaria la detención de los acusados para garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar posibles obstáculos en el desarrollo de la investigación penal.
El caso forma parte de una disputa empresarial con repercusiones en El Salvador y Guatemala, relacionada con la administración y control de activos asociados a Continental Towers, compañía dedicada a la infraestructura para telecomunicaciones en varios países de la región.
La investigación salvadoreña surgió a partir de denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían afectado la gestión de determinadas sociedades vinculadas a esa estructura empresarial, hechos que actualmente son analizados durante la etapa de instrucción.
De forma paralela, algunos de los procesados permanecen sujetos a medidas judiciales en Guatemala, donde también se desarrollan actuaciones relacionadas con los mismos hechos investigados por las autoridades salvadoreñas.
Fuentes cercanas al proceso indicaron que aún se encuentran pendientes solicitudes de extradición promovidas por El Salvador para que los imputados comparezcan ante la justicia nacional. Dichos procedimientos deberán ser resueltos por los tribunales guatemaltecos antes de concretarse cualquier eventual traslado.
Con esta resolución, la Cámara respalda las actuaciones impulsadas por la Fiscalía y mantiene vigente la detención provisional mientras avanzan las diligencias judiciales y se determina si existen elementos suficientes para que el caso sea enviado a juicio.
