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Etiqueta: Fiscalía General de la República

  • Fiscalía asegura que recuperó $113.4 millones para el Estado desde 2021

    Fiscalía asegura que recuperó $113.4 millones para el Estado desde 2021

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que la institución recuperó $113.4 millones mediante procesos judiciales por obligaciones pendientes con el Estado salvadoreño, entre 2021 y septiembre de 2026.

    Durante su exposición ante los diputados, Delgado destacó que los montos recuperados por la vía judicial registraron un crecimiento sostenido desde 2022, con resultados que prácticamente duplicaron cada año las cantidades obtenidas durante 2021.

    “En cuanto a la recuperación de fondo para el Estado, la defensa del estado propiamente, por la vía judicial se ha recuperado 113.4 millones que adeudaban al Estado entre 2021 y septiembre de 2026”, manifestó el fiscal general durante su intervención.

    El funcionario también destacó los resultados obtenidos en la defensa del Estado frente a demandas internacionales. Según explicó, El Salvador enfrentó reclamaciones por $11.6 millones presentadas por las empresas Eurofinsa y Arbitral Artificial Intelligence Structures, S.A., mediante procesos de arbitraje internacional.

    Delgado señaló que los montos establecidos en los laudos arbitrales se redujeron a $1.6 millones, lo que permitió evitar un desembolso cercano a los $10 millones que inicialmente reclamaban las compañías demandantes.

    En cuanto a la recuperación de obligaciones pendientes, el fiscal sostuvo que los recursos obtenidos mediante acciones judiciales contribuyen a las finanzas públicas y generan un efecto disuasivo para que los contribuyentes cumplan con sus responsabilidades tributarias y cancelen las multas impuestas por la administración pública.

    “Desde el año 2022, cada año vamos duplicando o casi duplicamos lo recuperado con respecto al año 2021”, expresó Delgado al referirse al comportamiento de los fondos recuperados durante los últimos años.

    Finalmente, el fiscal general defendió la importancia de contar con equipos jurídicos suficientes para representar al Estado en litigios nacionales e internacionales. Argumentó que una resolución desfavorable podría representar obligaciones económicas superiores a los recursos destinados a la defensa jurídica, mientras que la recuperación de fondos y costas procesales permite compensar parte de esa inversión.

     

  • Fiscal general reporta 68,761 condenas durante su gestión

    Fiscal general reporta 68,761 condenas durante su gestión

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo 68,761 condenas y resolvió 607,543 casos entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026, como parte de los resultados de su gestión al frente de la institución.

    Durante su exposición ante los diputados, Delgado detalló que la Fiscalía recibió más de 573,000 denuncias y atendió a más de 567,000 víctimas durante ese período, con un promedio aproximado de más de 6,000 víctimas mensuales, según las cifras presentadas por el funcionario.

    El fiscal general destacó que los 607,543 casos resueltos superaron la cantidad de denuncias recibidas durante su administración. Asimismo, indicó que la institución consiguió 68,761 sentencias condenatorias frente a 12,974 absoluciones, lo que, según explicó, refleja los resultados del trabajo de investigación y acusación desarrollado por los fiscales.

     

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    Delgado sostuvo que el 84 % de los casos que llegaron a sentencia terminaron con una condena. A su juicio, este porcentaje constituye un indicador de la calidad de las investigaciones y de las acusaciones presentadas ante los tribunales, que aseguró mejoraron progresivamente durante los últimos años.

    Gráfico mostrado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, sobre los resultados de su gestión.

    Reducción de la mora fiscal

    Uno de los resultados destacados por el funcionario fue la disminución de los expedientes pendientes que recibió cuando asumió la dirección de la Fiscalía, en mayo de 2021. Según explicó, al inicio de su administración encontró 176,726 expedientes activos que no contaban con diligencias realizadas.

    De esa cantidad, actualmente permanecen pendientes 21,135 expedientes, lo que representa una reducción del 88 % en la mora heredada. Delgado señaló que este resultado permitió disminuir considerablemente la acumulación de casos que enfrentaba la institución al comienzo de su gestión.

    El fiscal también informó que, durante el período evaluado, la Fiscalía diligenció un total de 750,012 expedientes. Actualmente, la carga activa institucional asciende a 142,469 expedientes, cifra que incluye tanto los procesos pendientes como los nuevos casos que se encuentran en su trámite ordinario.

    Delgado comparó además la capacidad de resolución de expedientes entre 2021 y 2026. Explicó que, al inicio de su gestión, la Fiscalía resolvía 86 casos por cada 100 denuncias recibidas, una situación que contribuía al incremento de la mora. Sin embargo, aseguró que en 2026 la institución resuelve 118 expedientes por cada 100 que ingresan, lo que, según su informe, representa un aumento del 33 % en la efectividad de resolución de casos.

     

  • Condenan a 35 años a hombre por homicidio en San Miguel

    Condenan a 35 años a hombre por homicidio en San Miguel

    Willian Alberto Paiz Parada fue condenado a 35 años de prisión por homicidio agravado y desaparición de personas, por un crimen cometido contra un hombre en el departamento de San Miguel.

    De acuerdo con las investigaciones fiscales, los hechos ocurrieron la tarde del 25 de julio de 2020, cuando un menor de edad contrató a la víctima para realizar un viaje hacia el distrito de Chinameca, en San Miguel.

    Sin embargo, al llegar a la zona, el hombre fue interceptado por Paiz Parada, quien lo esperaba en el lugar y posteriormente abordó su vehículo para privarlo de libertad. Después, ambos se trasladaron hasta un callejón ubicado en el distrito de Nueva Guadalupe.

    “Allí bajaron a la víctima del vehículo y se la llevaron caminando entre matorrales con dirección al lugar conocido como cerro Los Zelaya, caserío Casa Grande, cantón El Nancito, de Lolotique, departamento de San Miguel”, detalló el informe de la Fiscalía.

    Según la investigación, la víctima fue conducida hasta ese sector, donde posteriormente fue asesinada con un arma blanca. Los responsables abandonaron el cadáver en una zona de difícil acceso, con la intención de impedir que fuera localizado.

    La representación fiscal presentó ante el tribunal las pruebas relacionadas con la privación de libertad y el posterior asesinato del hombre, ocurridos durante el mismo episodio delictivo en diferentes sectores del departamento de San Miguel.

    Tras valorar los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel declaró culpable a Paiz Parada y le impuso una pena de 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

    Además, el tribunal agregó otros 15 años de cárcel por el delito de desaparición de personas, para una condena total de 35 años de prisión. La sentencia fue dictada en rebeldía, debido a que el imputado no compareció ante la autoridad judicial.

     

  • Condenan a cadena perpetua a dos pandilleros de MS13

    Condenan a cadena perpetua a dos pandilleros de MS13

    Dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron condenados a cadena perpetua en El Salvador por delitos relacionados con homicidios, extorsiones y desapariciones, informó este viernes la Fiscalía General de la República (FGR), que atribuyó a los procesados actividades delictivas en diferentes sectores de San Salvador y sus alrededores.

    Los sentenciados fueron identificados como Josué Germain González Mejía y Giovanni Andrés Hernández, quienes, según la institución fiscal, fueron capturados durante el régimen de excepción implementado en marzo de 2022 como parte de las medidas de seguridad contra las pandillas.

    La Fiscalía aseguró que «los criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital (salvadoreña) y sus alrededores». Además de los delitos de homicidio, extorsión y desaparición, ambos fueron procesados por organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas y otras infracciones penales, aunque la institución no proporcionó detalles sobre los hechos atribuidos a cada condenado.

    Las penas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, según la información divulgada por la FGR a través de su cuenta en la red social X.

    La institución tampoco precisó las circunstancias de los delitos investigados ni las fechas en que ocurrieron.

    Las condenas se producen después de que la Asamblea Legislativa aprobara en marzo un conjunto de reformas penales que incluyen la aplicación de la cadena perpetua, incluso para menores de edad, tras una modificación constitucional que permitió imponer este castigo a «violadores, homicidas y terroristas (pandilleros)».

    El pasado 11 de septiembre se conoció la primera condena a cadena perpetua emitida por la justicia salvadoreña, contra Carlos Arturo Herrera Castro, quien fue procesado por homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la República.

    Las reformas penales fueron aprobadas a petición del presidente Nayib Bukele, cuando El Salvador cumplió cuatro años bajo el régimen de excepción, una medida implementada para combatir a las pandillas, señaladas de cometer gran parte de los homicidios que durante años situaron al país entre los más violentos del mundo.

    Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, más de 93,162 personas han sido encarceladas por presunta pertenencia o vinculación con pandillas.

     

  • Abogados denuncian injerencia de juez estadounidense en caso Continental Towers en El Salvador

    Abogados denuncian injerencia de juez estadounidense en caso Continental Towers en El Salvador

    Dos abogados salvadoreños presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores una protesta formal contra las actuaciones del juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, a quien señalan de emitir resoluciones que interfieren con procesos judiciales penales desarrollados en El Salvador.

    Los escritos fueron presentados por los apoderados de Terra Towers Corp. y TBS Management, subsidiarias salvadoreñas de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada a proveer infraestructura para telecomunicaciones en ocho países latinoamericanos.

    Continental Towers se encuentra en medio de una disputa entre socios por el control de la empresa, principalmente con la compañía estadounidense TPG Peppertree, conflicto que llegó a un arbitraje en Nueva York.

    Los abogados sostienen que las resoluciones de Kaplan, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, constituyen actos de injerencia en asuntos internos de El Salvador. Por ello, solicitaron comunicar la situación al Gobierno estadounidense y evaluar la presentación de una protesta diplomática.

    La controversia tiene su origen en un arbitraje promovido en Nueva York por Telecom Business Solution LLC y Latam Towers LLC, identificadas en los escritos como Peppertree, y AMLQ Holdings (Cay), Ltd., vinculada en los documentos con Goldman Sachs. Los representantes salvadoreños aseguran que las subsidiarias en El Salvador no participaron en ese arbitraje, pero posteriormente resultaron afectadas por distintas resoluciones estadounidenses.

    Una de las decisiones cuestionadas fue emitida el 21 de abril de 2025. Según la denuncia, Kaplan ordenó desistir de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña y revocar un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.

    El incumplimiento podía provocar multas coercitivas desde $10,000 diarios para personas de la empresa que solicitaba el amparo, con incrementos cada 14 días. Los representantes aseguran que esa presión económica llevó a la representante legal de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.

    Posteriormente, mediante una resolución del 21 de enero de 2026, Kaplan autorizó la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings. El 7 de mayo, el juez declaró en desacato a ambas sociedades y concedió dos días para efectuar el traspaso. Ante el incumplimiento, el secretario del tribunal estadounidense habría firmado los documentos para transferir las acciones a compañías relacionadas con Peppertree y Goldman Sachs, procedimiento que, según los denunciantes, no es reconocido en El Salvador.

    Los abogados sostienen que estas actuaciones afectan un proceso penal activo en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, donde se atribuyen delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas a cinco personas vinculadas con el conflicto empresarial, contra quienes se decretaron órdenes de arresto.

    Entre los procesados figuran tres ejecutivos estadounidenses de Peppertree, considerados fugitivos en El Salvador y de quienes se espera la difusión roja de detención por parte de INTERPOL.

    Terra Towers y TBS Management aparecen como víctimas dentro de ese proceso penal. Los denunciantes sostienen que las decisiones del tribunal estadounidense produjeron efectos sobre bienes relacionados con un proceso judicial salvadoreño y sobre sociedades que, según su planteamiento, no participaron en el arbitraje desarrollado en Nueva York.

     

  • Coyote que abandonó víctima en Guatemala es condenado a seis años de cárcel

    Coyote que abandonó víctima en Guatemala es condenado a seis años de cárcel

    El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a seis años de prisión a Samuel Antonio Constanza Bonilla por el delito de tráfico ilegal de personas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    Según la acusación fiscal, Constanza Bonilla ofreció trasladar de manera irregular hacia Estados Unidos a una persona, pero durante el recorrido la abandonó en Guatemala sin completar el viaje acordado.

    Los hechos ocurrieron en febrero de 2024, cuando el ahora condenado solicitó a la víctima $16,000 a cambio de guiarla hasta territorio estadounidense por una ruta irregular.

    La víctima entregó inicialmente $8,000 como anticipo para comenzar el recorrido, de acuerdo con las pruebas presentadas por la representación fiscal durante el proceso judicial.

    Sin embargo, durante el trayecto hacia Estados Unidos, Constanza Bonilla abandonó a la persona en territorio guatemalteco, incumpliendo el acuerdo establecido entre ambos.

    La Fiscalía indicó que, además de no completar el traslado ofrecido, el condenado tampoco devolvió a la víctima el dinero que había recibido como anticipo.

    Tras valorar las pruebas, el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca impuso una pena de seis años de cárcel y declaró al imputado responsable civilmente por $5,000.

     

     

  • Condenan a 17 pandilleros hasta a 40 años de cárcel, por diversos delitos

    Condenan a 17 pandilleros hasta a 40 años de cárcel, por diversos delitos

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Juez 2, condenó a 17 integrantes del Barrio 18 Revolucionarios a penas de entre 25 y 40 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

    Según el reporte fiscal, los condenados pertenecían a la cancha Las Pampitas, de la tribu Aguilares, y desarrollaban sus actividades en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. La Fiscalía señaló que algunos también son procesados por otros delitos, entre ellos homicidio agravado y desaparición de personas.

    Durante la audiencia única abierta, la representación fiscal presentó información sobre cada uno de los imputados y detalló el rango que presuntamente ocupaban dentro de la estructura del Barrio 18 Revolucionarios.

    La Fiscalía indicó que los acusados fueron capturados después de la entrada en vigencia del régimen de excepción. Posteriormente, el tribunal valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público para establecer las condenas por agrupaciones ilícitas.

    Tres señalados como palabreros de cancha recibieron las penas más altas, de 40 años de prisión. Los condenados son Jonathan Oswaldo Pérez de León, alias little king; Francisco Alas Durán, alias Russo; y Lucas David Nerio Cornejo, alias darking o lucas.

    Otros seis integrantes identificados por la Fiscalía con el rango de homeboys fueron sentenciados a 30 años de cárcel: José Ángel Guardado Guardado, alias blackboy o chito; José Eliseo Rivera Monterrosa, alias deimon o cheyo; Carlos Ernesto Portillo Mineros, alias little one; Melvin Antonio Pérez Bonilla, alias buba; Rubén Alirio Orellana Ventura, alias charqui; y Roberto Omar Rivera Alfaro, alias torreja o inocente.

    El Tribunal también impuso condenas de 25 años de prisión a siete personas identificadas con el rango de civiles activos, entre ellas una mujer.

  • Pandillero es condenado a 60 años de prisión por asesinar dos hermanos

    Pandillero es condenado a 60 años de prisión por asesinar dos hermanos

    Nehemías Asael Lovos Chávez, alias hormiga, señalado como integrante de la clica Park View Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenado a 60 años de prisión por el asesinato de dos hermanos ocurrido en junio de 2018 en el distrito de Quelepa, municipio de San Miguel Centro.

    El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel dictó la condena en rebeldía contra Lovos Chávez, luego de acreditar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR). La pena impuesta corresponde a 30 años de cárcel por cada una de las víctimas.

    De acuerdo con la acusación fiscal, el crimen ocurrió el 7 de junio de 2018 en un callejón que conduce hacia la calle principal del cantón San José, en Quelepa. Los dos hermanos se desplazaban en una motocicleta cuando fueron atacados.

    La Fiscalía sostuvo que Lovos Chávez y otros tres pandilleros participaron en una emboscada contra las víctimas mientras estas circulaban por el sector.

    “Sin mediar palabra, el imputado y otro pandillero realizan disparos a las víctimas. A consecuencia de los disparos, las víctimas caen de la motocicleta al suelo. En ese momento los otros dos imputados intervienen, toman las armas y les disparan”, dice el reporte fiscal.

    Las víctimas fallecieron en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque. El informe de Medicina Legal determinó que ambos hermanos murieron por impactos de bala en la cabeza.

    Lovos Chávez fue procesado en ausencia y condenado a una pena total de 60 años por los dos homicidios. Según la información proporcionada, el imputado tenía rango de chequeo dentro de la clica Park View Locos Salvatruchos.

    Por este mismo doble homicidio, la FGR consiguió en 2022 una condena de 40 años de prisión contra José Heriberto Lovos Chávez, otro de los señalados por participar en el crimen cometido contra los hermanos en Quelepa.

     

  • El juicio al exministro Gutiérrez reabre el caso del Bulevar Diego de Holguín, una obra que fue símbolo de la corrupción

    El juicio al exministro Gutiérrez reabre el caso del Bulevar Diego de Holguín, una obra que fue símbolo de la corrupción

    El anuncio de un juicio contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública, reabre un sonado caso de corrupción por el que el estado salvadoreño vio multiplicada varias veces las millonarias cifras sobre su presupuesto inicial.

    El proceso iniciado por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador está relacionado con el tramo II del entonces bulevar Diego de Holguín, actualmente bulevar Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

    La acusación fiscal sostiene que los hechos ocurrieron entre diciembre de 2005 y enero de 2007, durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, cuando Gutiérrez dirigía el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Entonces era un ministro todopoderoso con enorme influencia política.

    La Fiscalía atribuye al exministro presuntas omisiones e incumplimientos que habrían permitido desembolsos y pagos indebidos. Una pericia financiera contable incorporada al proceso estableció un supuesto perjuicio de $10,643,278.98, mientras una pericia técnica examinó las actuaciones relacionadas con la supervisión y ejecución de la obra. En 2023, la Fiscalía informó que cuando había transcurrido la mitad del plazo contractual el avance era de apenas 39 %.

    El expediente penal es parte de una historia de irregularidades señaladas durante años alrededor de la construcción de la vía.

    El entonces ministro de Obras Públicas David Gutiérrez junto al entonces presidente Antonio Saca, en una foto de archivo.

    La Fiscalía originalmente presentó en 2022 un requerimiento contra Gutiérrez por un monto de $13,723,132.60, relacionado con pagos efectuados durante la ejecución del tramo II, aunque la pericia financiera incorporada posteriormente fijó en $10,643,278.98 el supuesto perjuicio económico que sustenta el proceso actual.

    El caso también fue examinado por la Corte de Cuentas de la República (CCR). Su Cámara de Segunda Instancia confirmó una sentencia que estableció responsabilidad patrimonial por $3,234,541.52 contra exfuncionarios vinculados al proyecto.

    La construcción comenzó en 2005 dividida en dos tramos. El primero, de casi cuatro kilómetros entre la colonia Las Delicias y el bulevar Merliot, fue contratado por $20.7 millones y terminó en diciembre de 2007, después de atrasos. El segundo, de 3.9 kilómetros entre Merliot y Los Próceres, tenía un costo inicial superior a $25.6 millones, pero quedó abandonado a finales de 2008 después de retrasos y un arbitraje que implicó otro millonario desembolso estatal.

    El MOP retomó el tramo inconcluso en 2011 y, después de dos licitaciones declaradas desiertas, adjudicó a DISA y OMNI un nuevo contrato por $33.1 millones para terminarlo.

    La pista principal de concreto hidráulico quedó terminada el 14 de noviembre de 2012. Registros periodísticos de la época calcularon en $56,408,998 el costo acumulado del tramo II y en $99,350,354.34 el costo total de los 8.63 kilómetros, incluidos el tramo I y los arbitrajes.

  • Sujeto que asesinó a su vecina es sentenciado a cadena perpetua por feminicidio agravado

    Sujeto que asesinó a su vecina es sentenciado a cadena perpetua por feminicidio agravado

    El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana condenó a prisión perpetua a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el feminicidio agravado de su vecina J. C. R. C., de 32 años. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se trata de la primera condena de este tipo por ese delito.

    El crimen ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos ubicados en el barrio Santa Bárbara, distrito de Santa Ana. De acuerdo con las pruebas incorporadas al proceso, Urbina García había consumido bebidas alcohólicas antes de llegar a la vivienda donde residía la víctima.

    Según la acusación, el hombre ingresó sin autorización al inmueble portando un cuchillo. Cuando J. C. R. C. observó su presencia comenzó a pedir auxilio, pero el procesado la atacó y le ocasionó heridas profundas en el tórax y el cuello que provocaron su muerte.

    La autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la víctima murió debido a múltiples heridas penetrantes. El médico forense también encontró lesiones en sus brazos compatibles con un forcejeo y con intentos de defenderse durante la agresión.

    La FGR sostuvo que Urbina García era vecino de la víctima y la acosaba constantemente. Las investigaciones establecieron que desde meses atrás había mostrado interés en ella y que la negativa de la joven generó molestia en el ahora condenado.

    Después del ataque, el hombre huyó del lugar, pero horas más tarde llegó a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Ana y manifestó que era la persona buscada por el feminicidio. Los agentes procedieron entonces a detenerlo en flagrancia.

    La sentencia fue emitida apenas 42 días después del crimen. Además de imponer la prisión perpetua por feminicidio agravado, el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana ordenó a Urbina García pagar $15,000 en concepto de responsabilidad civil.