Etiqueta: Florida

  • Mascotas abandonadas por migrantes deportados agravan crisis de refugios animales en EEUU

    Mascotas abandonadas por migrantes deportados agravan crisis de refugios animales en EEUU

    Las deportaciones en Estados Unidos están agravando la crisis de los refugios de animales, especialmente en Florida, donde albergues saturados denuncian la llegada de decenas de perros, gatos y aves que quedan abandonados tras la expulsión de sus dueños.

    Un ejemplo es Adopt and Save a Life Rescue Mission, en el oeste de Miami, que en los últimos meses ha recibido al menos 19 perros y gatos de familias deportadas, además de gallos y otras aves. La directora, Daymi Blain, explicó a EFE que la situación es crítica:
    “Son reportes todos los días, miles de llamadas. Ya no puedo recibirlos, los posteo en redes sociales para ver si otros refugios pueden ayudar”, relató.

    El albergue mantiene más de 50 perros y 30 gatos, además de decenas en camino, y ha debido acondicionar un establo y tres casas rodantes para alojarlos, con un gasto mensual de $1,200 en electricidad.

    Deportaciones récord bajo Trump

    El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en los primeros 200 días del Gobierno de Donald Trump fueron arrestados 352,000 inmigrantes indocumentados y deportados 324,000, un promedio de 1,620 al día.

    El impacto ya se siente en refugios de Broward, Tampa, Texas, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee y California, donde crece el temor de que la crisis se intensifique.

    En Los Ángeles, por ejemplo, agentes migratorios detuvieron la semana pasada a un joven chileno de 18 años mientras paseaba a su perro. La familia halló al animal abandonado tras el arresto.

    Organizaciones buscan soluciones

    En California, la organización C.A.R.E.4Paws prepara el lanzamiento de un refugio especializado en recibir mascotas de migrantes deportados o víctimas de violencia.

    “Cuando las personas enfrentan estos momentos tan difíciles, lo último de lo que deberían preocuparse es de sus mascotas”, expresó la cofundadora Isabel Gullö.

    En Dallas, el refugio Saving Hope Rescue compartió el caso de un hombre en proceso de deportación que debía entregar sus perros con la preocupación de qué ocurriría con ellos.

    Ante esta emergencia, Blain pidió apoyo ciudadano:
    “Necesitamos voluntarios, donaciones de comida, arena, ventiladores y techos para proteger a los animales. Hemos superado la capacidad de lo que podemos recibir”, enfatizó.

  • EEUU acusa a empresa Smartmatic de sobornar a exjefa del CNE de Venezuela

    EEUU acusa a empresa Smartmatic de sobornar a exjefa del CNE de Venezuela

    El fundador de la empresa tecnológica electoral Smartmatic, el venezolano-estadounidense Roger Piñate, fue acusado este martes por fiscales de Estados Unidos de sobornar a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, en 2019, a cambio de obtener beneficios contractuales con el gobierno de Nicolás Maduro.

    De acuerdo con documentos judiciales presentados en la Corte del Distrito Sur de Florida, Piñate transfirió a Lucena una residencia ubicada en Caracas entre abril y julio de 2019, como parte de un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero. La vivienda —descrita como una casa de clase media alta con piscina— habría sido entregada mediante una corporación extranjera controlada por el empresario.

    Según la acusación, “Piñate sobornó a Lucena Ramírez con las escrituras y el uso de la residencia para que ayudara a resolver un conflicto con el Gobierno venezolano tras las elecciones de 2017”, cuando Smartmatic denunció una diferencia de un millón de votos entre los resultados reales y los anunciados por el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente.

    A raíz de esa denuncia, la administración de Maduro suspendió los contratos y pagos a Smartmatic, que había operado en el país desde 2004 hasta marzo de 2018, brindando servicios de tecnología electoral. La ayuda de Lucena, quien presidió el CNE de 2006 a 2020, habría sido clave para intentar revertir esa situación.

    El documento judicial afirma que Lucena finalmente tomó control de la propiedad, y el Gobierno de EE.UU. planea demostrar que esto constituyó un pago ilegal para asegurar la continuidad de Smartmatic como proveedor de servicios electorales en Venezuela.

    Este caso forma parte de una investigación más amplia contra Piñate, quien también enfrenta cargos junto a otros tres individuos: Jorge Miguel Vásquez (EE.UU.), Elie Moreno (EE.UU.-Israel) y Juan Andrés Donato (Filipinas), por presuntos sobornos relacionados con las elecciones en Filipinas en 2016.

    Smartmatic, empresa con sede en Londres, ha prestado servicios electorales en países como México, Estados Unidos y Venezuela. En EE.UU., la firma también es conocida por su demanda por $2,700 millones contra Fox News, tras alegar difamación por acusaciones infundadas que la vincularon con un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020, impulsado por el presidente Donald Trump.

     

  • Tres salvadoreños condenados en EEUU por fraude fiscal de $146 millones en la industria de la construcción

    Tres salvadoreños condenados en EEUU por fraude fiscal de $146 millones en la industria de la construcción

    Tres salvadoreños residentes en Orlando, Florida, fueron condenados por conspirar para cometer fraude fiscal y fraude electrónico en un esquema de más de $146 millones en la industria de la construcción, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. La sentencia fue dictada por el juez federal Timothy J. Corrigan este martes 29 de julio.

    Eduardo Aníbal Escobar (45 años) fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión, Carlos Alberto Rodríguez (36 años)a 3 años y 4 meses, y Adelmy Tejada (57 años) a 18 meses en prisión, seguidos de 6 meses en arresto domiciliario. Todos se declararon culpables el 3 de abril de 2025.

    Además de las penas de cárcel, la corte ordenó el pago de $36,957,616 en restitución al IRS por impuestos sobre nómina no pagados, y $397,895 a dos aseguradoras por reclamaciones de compensación laboral derivadas del esquema.

    Escobar y Rodríguez son residentes legales permanentes originarios de El Salvador, mientras que Tejada es ciudadana estadounidense naturalizada, también salvadoreña de origen.

    Según los documentos judiciales, entre enero de 2015 y agosto de 2024, los acusados dirigieron una operación ilegal que permitía pagar a trabajadores de construcción fuera de nómina, con el fin de evadir impuestos federales y evitar el pago de primas de seguro de compensación laboral. Además, facilitaron la contratación de migrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

    Mediante sus empresas, T. Escobar Construction y C. Escobar Construction, los imputados firmaron acuerdos con cientos de subcontratistas de construcción. A cambio de una comisión del 6 al 8 % de la nómina, emitían certificados de seguro a nombre de sus empresas para que los subcontratistas pudieran obtener contratos aparentando cumplir con los requisitos legales.

    Sin embargo, las pólizas de seguro contratadas por los acusados solo cubrían a un puñado de empleados y una nómina mínima. Esta falsedad llevó a que las aseguradoras cubrieran sin saberlo a cientos de trabajadores no registrados.

    Las investigaciones revelaron que más de $146 millones en cheques de nómina fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas, desde donde retiraban el dinero en efectivo para pagar a los trabajadores, sin reportar ni retener impuestos al IRS. Esto resultó en una pérdida de más de $36 millones para el Tesoro de EE.UU.

    “El caso demuestra cómo las agencias estatales y federales pueden trabajar juntas para desmantelar esquemas financieros ilegales que afectan a trabajadores y al fisco,” dijo Ron Loecker, agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Tampa.

    Por su parte, Tim Hemker, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), advirtió que “estas prácticas ilegales distorsionan la competencia en la industria de la construcción y terminan afectando al consumidor.”

    La investigación continúa y forma parte de una operación federal para detectar empresas fantasma y empleados “fantasma” en el sector construcción. El caso fue llevado por el fiscal Arnold B. Corsmeier y la fiscal Jennifer M. Harrington está a cargo de la confiscación de activos.

     

  • EEUU inicia deportaciones desde centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

    EEUU inicia deportaciones desde centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida

    El Gobierno de Estados Unidos comenzó esta semana los vuelos de deportación de migrantes detenidos en el nuevo centro de detención “Alligator Alcatraz”, una instalación migratoria ubicada en una vieja pista aérea en medio de los Everglades, al oeste de Miami, según confirmó el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

    “Me complace reportar que esos vuelos desde ‘Alligator Alcatraz’, de parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ya han comenzado. El ritmo está incrementando. Hemos removido a cientos de ilegales desde aquí”, declaró DeSantis durante una conferencia de prensa realizada en el mismo centro.

    El gobernador republicano adelantó que la Guardia Nacional de Florida pronto participará en el proceso actuando como jueces migratorios para acelerar las deportaciones, una medida que fue autorizada por el presidente Donald Trump durante su visita al centro el pasado 3 de julio.

    “El propósito completo es facilitar más vuelos y deportaciones desde este sitio. La pista aérea permite operaciones diurnas y nocturnas, lo que lo convierte en un punto clave para la política migratoria”, afirmó DeSantis.

    El centro de detención Alligator Alcatraz, inaugurado el 3 de julio en un aeropuerto abandonado, actualmente tiene capacidad para 2,000 migrantes, pero se proyecta que alcance hasta 4,000 detenidos, según explicó Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM).

    Aunque no se especificaron las nacionalidades de los deportados, DeSantis recordó que la Administración Trumpordenó la expulsión de cerca de 800,000 personas, con entre 50,000 y 75,000 radicadas en Florida.

    Protestas y denuncias por condiciones “inhumanas”

    La operación ha generado críticas. Activistas y familiares de migrantes han denunciado las condiciones del centro como “inhumanas” y lo comparan con un “campo de concentración” y una “jaula para perros”. Reportes indican que al menos 1,000 personas han sido detenidas en el lugar, seis de ellas hospitalizadas desde su apertura.

    La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió este viernes mediante una carta a FDEM el acceso al sitio para inspecciones y supervisión ante los reportes de violaciones a los derechos humanos.

    Pese a las críticas, DeSantis defendió el rol de Florida como líder en la implementación de la política migratoria de Trump, destacando que han evitado la llegada de más de 18,000 migrantes a las costas del estado, y que han firmado acuerdos con todos los condados para cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

  • Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    Fiscal de Florida insta a denunciar exparejas para su deportación

    El fiscal general de Florida, James Uthmeier, instó a la población a reportar a sus exparejas si se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, en un esfuerzo por reforzar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

    A través de su cuenta en X, Uthmeier informó que su oficina recibió una denuncia contra un excompañero sentimental acusado de violencia doméstica que había excedido la estadía permitida por su visa de turista. El fiscal aseguró que esta persona ya enfrenta un proceso de deportación.

    “Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”, escribió Uthmeier.

    La publicación fue respaldada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que compartió el mensaje y promovió una línea directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para recibir denuncias de inmigrantes sin estatus legal.

    “De abusador doméstico a perdedor deportado”, expresó el DHS en apoyo a la iniciativa.

    Según datos oficiales, la línea telefónica del ICE atiende un promedio de 15,000 llamadas mensuales relacionadas con reportes migratorios. La campaña busca reforzar la cooperación ciudadana en la identificación de personas con estatus migratorio irregular, incluso si se trata de relaciones sentimentales previas.

    Esta medida se alinea con las acciones lideradas por Uthmeier en Florida para ejecutar con firmeza la agenda migratoria del presidente Donald Trump. Entre ellas destaca la reciente apertura del centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, que desde su inauguración el pasado 3 de julio ha recibido cerca de 1,000 migrantes.

     

  • Una veintena de salvadoreños detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida

    Una veintena de salvadoreños detenidos en centro migratorio Alligator Alcatraz en Florida

    Al menos una veintena de salvadoreños se encuentran actualmente detenidos en el centro migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en los pantanos de la Florida, según una investigación conjunta publicada por los diarios The Miami Herald y Tampa Bay Times. Los salvadoreños representan el 3.1 % de los más de 700 migrantes recluidos en este centro altamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos, legisladores y abogados.

    El informe detalla que la nacionalidad con más detenidos es la guatemalteca, que representa el 22 % del total, seguida por personas provenientes de más de 40 países, incluidos México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba y Haití.

    El centro de detención Alligator Alcatraz, también llamado informalmente “Alcatraz de los Caimanes”, fue construido en tiempo récord sobre un antiguo aeródromo municipal en el corazón de los Everglades, una región sensible en términos ecológicos. La instalación es administrada por el estado de Florida y fue impulsada como parte de una ofensiva nacional contra la inmigración irregular promovida por el presidente Donald Trump.

    Según los registros oficiales, más de 250 migrantes están detenidos únicamente por violaciones migratorias, sin antecedentes de delitos violentos, aunque un tercio sí posee algún tipo de historial penal. Los cargos, que van desde reingresos ilegales hasta intento de asesinato, no han sido verificados de manera independiente por los medios que revelaron la información.

    Las denuncias por condiciones inhumanas dentro del centro han ido en aumento. Migrantes, familiares y abogados han descrito la situación como “ratas en un experimento”, denunciando comida en descomposición, baños desbordados, mosquitos, calor extremo, y la confiscación de biblias, lo que vulneraría el derecho a la libertad religiosa.

    La infraestructura improvisada, hecha en apenas dos semanas y rodeada por caimanes y pitones, ha sido duramente criticada por su ubicación remota e inaccesible, lo que aumenta el aislamiento de los detenidos y limita el contacto con abogados y medios de comunicación. Además, documentos filtrados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) indican que el presupuesto inicial de $450 millones ya superó los $600 millones, elevando las alarmas por posible mal manejo de fondos públicos.

    Legisladores federales y estatales de Florida, tras recorrer las instalaciones, denunciaron que unos 750 migrantes están “enjaulados como sardinas”, en condiciones que calificaron como inaceptables y propias de un “campo de internamiento”.

    Mientras tanto, el acceso al centro continúa restringido para la prensa, generando críticas por falta de transparencia y por violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis migratoria en Estados Unidos.

  • EE. UU. planea abrir cinco centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    EE. UU. planea abrir cinco centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’

    El Gobierno de Estados Unidos anunció planes para construir cinco nuevos megacentros de detención para migrantes, similares al polémico recinto inaugurado recientemente en Florida y apodado por activistas y opositores como ‘Alligator Alcatraz’.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la administración del presidente Donald Trump ya mantiene conversaciones con cinco estados gobernados por republicanos para replicar el modelo aplicado en los humedales del sur de Florida. “Estamos trabajando para extender esta estrategia en más territorios con gobiernos estatales comprometidos con la seguridad fronteriza”, afirmó.

    Estas declaraciones llegan tras las declaraciones de Stephen Miller, principal asesor migratorio del presidente Trump, quien en entrevista con Fox News instó a los gobernadores republicanos a contactar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para facilitar la construcción de nuevos centros.

    “Levanten el teléfono, llamen a DHS, trabajen con nosotros para construir instalaciones en su estado y que podamos sacar a los ilegales y los criminales”, dijo Miller.

    El centro de detención en Florida ha sido objeto de fuertes críticas por parte de legisladores demócratas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, debido a las condiciones infrahumanas que enfrentan los migrantes detenidos. El recinto se encuentra en una reserva de humedales infestada de reptiles, lo que ha incrementado la polémica.

    El sábado, un grupo de legisladores federales y estatales de Florida denunció que cerca de 750 migrantes se encuentran “en jaulas” dentro del recinto, luego de realizar una inspección en el lugar. Aunque el sitio fue abierto a los congresistas, la prensa aún tiene prohibido el acceso.

    Los primeros reportes de migrantes detenidos en Alligator Alcatraz detallan altas temperaturas, humedad extrema, escasez de agua potable y alimentos en mal estado, además de carpas improvisadas como zonas de confinamiento. Estas condiciones han sido calificadas como “inhumanas” por los mismos migrantes y organizaciones civiles.

    A las críticas se sumó recientemente la Arquidiócesis de Miami, que calificó el nuevo centro de detención como un proyecto “corrosivo” e “inapropiado” para la dignidad humana.

  • Migrantes denuncian condiciones infrahumanas en centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

    Migrantes denuncian condiciones infrahumanas en centro de detención ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

    Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días condiciones infrahumanas: calor sofocante, carpas improvisadas sin ventilación adecuada, falta de agua potable y alimentos en mal estado.

    Testimonios de migrantes, familiares y abogados contradicen la versión oficial que asegura que el centro “cumple con todos los estándares requeridos”.

    Vladimir Miranda, migrante cubano con permiso de permanencia temporal, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia migratoria. Su pareja, Eveling Ortiz, relató a NBC 6 que “no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a un abogado”.

    Según relató, los generadores eléctricos fallan con frecuencia, dejando a los detenidos sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado en temperaturas que superan los 40 grados y con 90 % de humedad.

    El artista urbano cubano Leamsy “La Figura” Izquierdo, arrestado en Miami, denunció que lleva cuatro días sin poder bañarse y que la luz permanece encendida de forma permanente.

    Familiares de otros migrantes reportan situaciones similares. La esposa de un guatemalteco detenido declaró a CNN que su esposo “no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente”.

    Abogados de migrantes describen el trato como “ratas en un experimento”, con comida podrida, baños desbordados de excrementos, plagas de mosquitos y violaciones a derechos básicos, incluyendo la supuesta confiscación de biblias y restricciones para practicar su fe, como denunció la organización World Relief.

    La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin acceso a agua potable y que los detenidos recurren a cubetas de Home Depot para asearse. Otros afirman que solo reciben “un sándwich al día” y carecen de productos de higiene y atención médica adecuada.

    El abogado Phillip Arroyo, defensor de un beneficiario de DACA, afirmó al Miami Herald que su cliente estuvo incomunicado varios días, sin comida en condiciones y sin acceso a representación legal. “Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y está detenido sin explicación”, aseguró.

    Infraestructura y entorno inhóspito

    El centro ‘Alligator Alcatraz’ fue construido en apenas dos semanas sobre un viejo aeródromo municipal, en una zona pantanosa habitada por caimanes y pitones, a 80 kilómetros de Miami.

    Aunque su presupuesto original era de $450 millones, documentos filtrados de FEMA indican que el costo ya supera los $600 millones. La instalación, promovida por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, fue presentada como una “solución temporal y eficiente” para gestionar la detención de migrantes.

    El complejo cuenta con una pista de aterrizaje funcional y su ubicación refuerza la sensación de aislamiento. El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, visitó el sitio junto a legisladores, pero se les negó el acceso. “Los mosquitos eran una nube visible, nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes”, denunció.

    En contraste, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, rechazó las denuncias como “completamente falsas” y afirmó que el centro “cumple con todos los requisitos”.

    Ante la polémica, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió acceso a las instalaciones, la creación de un equipo de monitoreo semanal y un plan de evacuación en caso de huracán, dado el riesgo climático del área.