Las remesas enviadas a El Salvador a través de billeteras de criptomonedas registraron una caída del 33.4 % entre enero y noviembre de 2025, en comparación con el mismo período de 2024, según datos divulgados por el Banco Central de Reserva (BCR) y consultados este viernes por EFE.
El flujo de ingresos por esta vía alcanzó los $52.12 millones en los primeros once meses del año, una baja de $26.16 millones respecto a los $78.28 millones recibidos en igual periodo del año anterior.
Este tipo de envíos apenas representó el 0.57 % del total de $9,021.66 millones recibidos en concepto de remesas familiares en ese mismo lapso, muy por debajo del 1.02 % que registraron las billeteras de criptomonedas en 2024, cuando ingresaron al país $7,646.97 millones en total.
En contraste, en todo 2024 las remesas por criptomonedas sumaron $85.5 millones, frente a los $82.93 millones de 2023, lo que significó un leve incremento del 3.1 %. Sin embargo, la tendencia cambió drásticamente en 2025 tras reformas legales impulsadas por el oficialismo.
El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, junto al dólar, en una de las principales apuestas económicas del presidente Nayib Bukele. No obstante, más del 90 % de la población continúa rechazando su uso cotidiano, de acuerdo con encuestas de opinión.
Tras alcanzar un acuerdo por $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Asamblea Legislativa —controlada por el partido Nuevas Ideas— retiró al bitcóin su estatus de moneda de curso legal y limitó la participación estatal en su circulación y promoción.
A pesar de los compromisos adquiridos con el organismo internacional, el Gobierno salvadoreño ha continuado comprando bitcoines. Según datos oficiales, el país posee más de 7,513 unidades de esta criptomoneda, con un valor superior a los $699 millones.
Desde la oposición, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) ha advertido que el acuerdo con el FMI “estaría en peligro” debido a las compras estatales de bitcóin, realizadas en aparente contradicción con las condiciones pactadas para el desembolso.
