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  • FMI plantea que El Salvador debe hacer una reforma paramétrica de pensiones para 2027

    FMI plantea que El Salvador debe hacer una reforma paramétrica de pensiones para 2027

    El Salvador deberá avanzar en una reforma paramétrica de pensiones durante 2027, de acuerdo con los compromisos incluidos en el acuerdo técnico alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para completar la segunda y tercera revisiones del programa económico vigente.

    En un comunicado difundido el jueves, el FMI señaló que continuarán los trabajos para fortalecer el sistema previsional mediante el reconocimiento de las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia correspondiente a los pagos de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones. A esto se sumará la promulgación de una reforma paramétrica durante el próximo año, en línea con las recomendaciones del organismo.

    «Se continuará trabajando para fortalecer el sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones derivadas del vencimiento del período de gracia de los pagos de intereses adeudados a los fondos de pensiones privados, y la promulgación de una reforma paramétrica de las pensiones en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año», señala el organismo.

    Una reforma paramétrica de pensiones supone modificar uno o varios de los parámetros que determinan el funcionamiento y sostenibilidad de un sistema previsional, sin necesariamente sustituirlo por otro modelo.

    El comunicado del FMI no especifica cuáles parámetros del sistema previsional deberán modificarse ni detalla posibles cambios en aspectos como edad de jubilación, años de cotización, tasas de aporte o cálculo de las pensiones. El comunicado únicamente establece el compromiso de promulgar una reforma paramétrica siguiendo las recomendaciones del Fondo.

    Los cambios en el sistema de pensiones forman parte de una estrategia más amplia de consolidación fiscal acordada con el FMI. El organismo indicó que el Gobierno deberá continuar aplicando políticas prudentes de gasto y mejorar la administración de los ingresos públicos, mientras mantiene espacio fiscal para programas sociales e infraestructura considerada prioritaria.

    El Fondo proyecta que el superávit primario del Sector Público No Financiero pase de 2.9 % del producto interno bruto (PIB) en 2026 a 3.7 % en 2027. Esta trayectoria forma parte de los esfuerzos para cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece como objetivo reducir la relación entre la deuda pública y el PIB hasta 80 % en 2030.

    La reforma previsional aparece entre los compromisos acordados mientras el FMI considera que la economía salvadoreña mantiene un desempeño sólido. El organismo prevé un crecimiento del PIB real de 4.5 % para 2026, impulsado por la inversión y el consumo privado, así como por las remesas, el turismo y los flujos de capital.

    El compromiso sobre pensiones está incluido en el acuerdo técnico alcanzado para las revisiones segunda y tercera del programa de 40 meses bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF). El acuerdo aún necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y la finalización de las acciones previas pactadas. Una vez aprobado, El Salvador tendría acceso a aproximadamente $140 millones.

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    El programa del FMI para El Salvador fue aprobado en febrero de 2025 por aproximadamente $1,400 millones. Además de la reforma paramétrica de pensiones, las nuevas revisiones contemplan continuar reduciendo la deuda pública, fortalecer las reservas y la liquidez, mejorar la gobernanza y avanzar en reformas destinadas a sostener las finanzas públicas en el largo plazo.

     

  • S&P mantiene calificación de El Salvador con perspectiva estable

    S&P mantiene calificación de El Salvador con perspectiva estable

    S&P Global Ratings ratificó las calificaciones soberanas de El Salvador en ‘B-‘ a largo plazo y ‘B’ a corto plazo, tanto en moneda extranjera como local, y mantuvo la perspectiva estable, según su evaluación publicada el 27 de agosto. La agencia sostuvo además en ‘AAA’ su evaluación de transferencia y convertibilidad.

    La calificadora explicó que la perspectiva estable combina una mejora de la situación fiscal y económica del país y mayores alternativas de financiamiento con la incertidumbre sobre la forma en que el Gobierno atenderá un fuerte incremento del servicio de la deuda durante 2027. S&P considera que un cumplimiento de las obligaciones con los fondos privados de pensiones sin pérdidas de valor para los acreedores fortalecería la calidad crediticia del soberano.

    Entre los factores favorables, S&P señaló que la mejora de las condiciones de seguridad está impulsando la inversión y el crecimiento económico. La firma proyecta que la economía salvadoreña crecerá 4.4 % en 2026, apoyada principalmente por la inversión, después de que esta alcanzara alrededor del 27 % del PIB en 2025. También estima un PIB nominal de $39.5 billones y un PIB por habitante cercano a $6,421 para 2026.

    La agencia también destacó el fortalecimiento de las finanzas públicas. Los ingresos gubernamentales aumentaron desde el equivalente al 22.8 % del PIB en 2019 hasta el 26.7 % en 2025, mientras el balance primario del Gobierno general pasó de un resultado prácticamente equilibrado en 2024 a un superávit equivalente al 1.9 % del PIB en 2025. Para 2026, S&P proyecta que ese superávit primario aumentará al 2.6 % del PIB.

    Uno de los principales riesgos identificados se encuentra en el sistema de pensiones. La reestructuración de las obligaciones con los fondos privados realizada en 2023 estableció un período de gracia de cuatro años que termina en abril de 2027. Los intereses acumulados y los correspondientes a ese año implicarán un pago extraordinario de aproximadamente $2,400 millones, equivalente al 5.5 % del PIB, y S&P indicó que el Gobierno todavía no publicó los detalles de cómo atenderá esa obligación.

    La calificadora considera que El Salvador dispone actualmente de más fuentes potenciales de financiamiento, entre ellas organismos multilaterales, inversionistas institucionales nacionales y eventualmente los mercados internacionales. El acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a principios de 2025 contempla $1,400 millones, complementados por un paquete de aproximadamente $3,500 millones de otros organismos multilaterales hasta 2027. Sin embargo, S&P señaló que retrasos en compromisos de política económica mantienen detenido el acceso a desembolsos del FMI.

    S&P advirtió que podría reducir la calificación durante el próximo año si ocurre un retroceso significativo en el fortalecimiento fiscal, disminuye el acceso del país al financiamiento o se ejecutan operaciones de deuda que ocasionen pérdidas de valor a prestamistas privados, incluidos los fondos de pensiones.

    En contraste, una mejora podría producirse en los próximos 12 a 18 meses si el país fortalece de manera marcada su desempeño fiscal y económico y cumple el aumento de sus obligaciones financieras sin operaciones consideradas equivalentes a un incumplimiento.

    La agencia agregó que las remesas continuarán siendo un soporte importante para la economía salvadoreña, después de representar el 28 % del PIB en 2025, aunque prevé que políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos podrían moderar su crecimiento.

    Entre las principales vulnerabilidades, S&P identificó además el elevado endeudamiento público, los bajos márgenes externos y las limitaciones de política monetaria derivadas de la dolarización. La firma proyecta que la deuda neta del Gobierno general se situará alrededor del 83 % del PIB hacia 2029.