La intervención de Ueno bank en Paraguay puso en riesgo unos $810 millones de instituciones del Estado, principalmente recursos destinados a pensiones, mientras miles de ciudadanos permanecen con sus ahorros congelados tras el inicio de un proceso de resolución contra la entidad financiera.
La crisis bancaria también involucra al expresidente Santiago Peña, destituido después de un juicio político por sus vínculos con la institución y actualmente bajo prisión preventiva mientras enfrenta una investigación penal. Casi una semana después de conocerse la intervención, comenzaron a revelarse los montos que distintas dependencias públicas habían depositado en el banco.
Entre las instituciones involucradas figuran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la hidroeléctrica de Itaipú, administrada conjuntamente por Paraguay y Brasil, y al menos cinco entidades encargadas de administrar fondos de jubilación. Una de ellas es el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos.
Según la imputación presentada por el Ministerio Público contra Peña, Ueno, que obtuvo la categoría de banco a finales de 2023, se convirtió al 31 de agosto de 2025 en el principal receptor de depósitos estatales en dólares, con el 24.5 % del total, y el segundo en guaraníes, con una participación del 18.7 %. Para finales de septiembre, los fondos públicos colocados en la institución ascendían a 3.6 billones de guaraníes, equivalentes a unos $576.6 millones, más otros $233.4 millones depositados en moneda estadounidense. El economista Víctor Raúl Benítez estima que la exposición estatal podría alcanzar los $864 millones.
Fondos de pensiones comprometidos
El IPS figura entre las instituciones con mayor cantidad de recursos depositados en Ueno. Su gerente financiera, Gladys Vera, reconoció que la entidad mantiene alrededor de $355 millones en depósitos a plazo y a la vista, equivalentes al 9 % de sus inversiones distribuidas entre 14 instituciones bancarias. El organismo también administra servicios de salud para sus afiliados.
La Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (AMIPS) denunció que los depósitos en Ueno «crecieron un 3.035 %, alcanzando más de 2,2 billones de guaraníes», equivalentes a unos $333 millones, mediante certificados de depósito de ahorro (CDA) y bonos financieros. Según la organización, estas inversiones llegaron a representar casi el 11 % de la cartera, superando el límite legal establecido en el 10 %.
La investigación fiscal también señala que Peña sostuvo reuniones el 22 y 27 de agosto de 2024 con el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez. Dos días después del segundo encuentro, el Consejo de Administración de la institución habría autorizado la adquisición de bonos de Ueno por 250 millones de guaraníes, equivalentes a unos $39,969 actuales, con vencimiento a siete años.
Una denuncia presentada ante la Fiscalía por legisladores opositores señala que la Caja Bancaria tendría alrededor de $29.7 millones invertidos en certificados de depósito. También menciona recursos de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de Itaipú por 100,691 millones de guaraníes, cifra que el documento equipara a $160.9 millones.
Por su parte, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tendría 43,092 millones de guaraníes, equivalentes a $6.8 millones y al 2.5 % de sus activos, además de otros 30,000 millones de guaraníes, unos $4.7 millones, colocados en certificados de depósito.
El Ministerio de Economía también confirmó inversiones de la Caja Fiscal, encargada de administrar las jubilaciones y pensiones del sector público, por 250 millones de guaraníes, aproximadamente $39,969, mediante certificados de depósito con un plazo de cinco años.
La hidroeléctrica de Itaipú informó que al 3 de noviembre mantenía en Ueno 115,200 millones de guaraníes, equivalentes a $18.4 millones, además de $163.8 millones en depósitos en moneda estadounidense. En conjunto, sus recursos comprometidos rondan los $183 millones.
La ANDE también figura entre las entidades afectadas. Su nuevo presidente, Félix Sosa, explicó que durante 2025 depositó unos $21 millones en Ueno, además de $46 millones correspondientes a una carta de crédito «irrevocable» destinada a proveedores externos y vinculada a financiamiento para obras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Taiwán. La empresa también trasladó 153,132 millones de guaraníes, unos $24 millones, procedentes de ingresos de Itaipú y cobranzas.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la hidroeléctrica de Yacyretá, administrada conjuntamente con Argentina, también aparecen entre las instituciones afectadas, aunque todavía no divulgaron las cantidades que mantienen en el banco intervenido.
La exposición de recursos públicos, especialmente los destinados a jubilaciones, mantiene la atención sobre el proceso de resolución de Ueno y las consecuencias que podría tener para las instituciones estatales y los ahorrantes paraguayos.