Los abogados del empresario salvadoreño Enrique Rais solicitaron al Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador que pida cooperación judicial a Canadá para procesar a los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, señalados por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de su cliente.
La petición fue presentada mediante un escrito firmado por el abogado Rafael Hernán Cortez Saravia, en calidad de apoderado judicial de Rais. En el documento se solicita a la Corte Suprema de Justicia emitir una carta rogatoria al gobierno canadiense con el objetivo de notificar formalmente a los acusados y trasladar el expediente judicial, con el fin de que el proceso se realice en Canadá. Esto debido a que no existe un tratado de extradición vigente entre ambos países.
Según la defensa, los imputados habrían proporcionado una dirección falsa en Canadá para evitar la acción de la justicia salvadoreña, lo que podría constituir un fraude procesal. Un informe privado fechado el 28 de junio de 2025 confirmó que dicha dirección no corresponde a ningún domicilio u oficina vinculada a los procesados.
El abogado Cortez advirtió que, de no ejecutarse esta cooperación internacional, el juicio podría quedar en una formalidad vacía sin posibilidad de ejecutar una eventual condena. Como respaldo a su petición, citó una alerta de viaje del gobierno canadiense sobre el “riesgo de aplicación arbitraria de las leyes locales” en El Salvador, así como pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas que alertan sobre reformas que afectan el debido proceso.
En su escrito, Cortez invocó el principio jurídico internacional aut dedere aut judicare, que compromete a los Estados a juzgar en su territorio a sus nacionales acusados de delitos graves en otros países, si no se concede la extradición.
En este caso, el abogado pidió que Canadá someta a juicio a Pasquale y Pacetti por el delito de falsedad ideológica, equiparable a la “falsificación” establecida en el artículo 366 del Código Penal canadiense.
La audiencia preliminar en El Salvador está programada para el 30 de octubre de 2025, pero los acusados podrían no presentarse. Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas solo han emitido edictos en medios de comunicación, sin emprender acciones consulares ni requerimientos internacionales efectivos.
El abogado también denunció que varios documentos notariales y firmas presentadas por los acusados habrían sido falsificadas. Además, acusó a la Fiscalía General de la República de omitir diligencias clave, lo cual habría entorpecido el avance del caso judicial.
Cortez solicitó formalmente suspender la audiencia preliminar prevista y reiteró la necesidad de notificar a los acusados a través de cooperación internacional, trasladar el caso a la jurisdicción canadiense y garantizar así justicia para la víctima y el respeto al debido proceso.