La diputada hondureña Isis Cuéllar, perteneciente al Partido Libertad y Refundación (Libre), fue puesta este jueves bajo arresto domiciliario y suspendida de sus funciones legislativas, tras ser acusada de integrar una red de corrupción que habría desviado más de 227,900 dólares en fondos públicos destinados a proyectos sociales.
La decisión fue tomada por un juez en Tegucigalpa a solicitud de la Fiscalía, que imputa a Cuéllar 67 delitos de fraude, como parte de una investigación que también involucra al exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, quien fue beneficiado esta semana con arresto domiciliario bajo vigilancia policial, según informó Carlos Silva, portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
La parlamentaria de izquierda se presentó de forma voluntaria ante el tribunal y niega los señalamientos, al igual que Cardona. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que ambos habrían actuado en «contubernio» con al menos una decena de excolaboradores para desviar más de seis millones de lempiras (unos 227,960 dólares) del Fondo de Administración Solidaria, mecanismo parlamentario aprobado para el período 2023–2025 y dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Además del arresto domiciliario, Cuéllar tiene prohibido salir del país y mantener contacto con otros implicados, incluido Cardona.
Fondos desviados a campañas
Según la Fiscalía, los recursos fueron drenados a través de la emisión irregular de cheques, presuntamente con el objetivo de financiar actividades proselitistas del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre de 2025, ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional.
El caso salió a la luz en junio de 2025, tras la renuncia de Cardona, motivada por la filtración de un vídeo en el que discutía con Cuéllar el presunto uso electoral de fondos públicos. Desde entonces, el escándalo ha salpicado a otras figuras políticas y ha derivado en una investigación más amplia.
Más investigaciones abiertas
El fiscal general, Johel Zelaya, confirmó el martes que hay al menos dos líneas adicionales de investigación vinculadas al caso Sedesol. Entre ellas, una en el departamento de Copán (oeste), donde se detectó un supuesto «mecanismo de corrupción» para desviar fondos de asistencia social hacia fines no autorizados, lo que habría provocado un perjuicio económico al Estado hondureño.
“Estos fondos fueron usados de forma discrecional, traicionando la confianza de la población”, señaló Zelaya, quien advirtió que el caso podría escalar con nuevas imputaciones en las próximas semanas.