Etiqueta: fraude

  • Condenan a mujer a 60 años por estafar con viajes a España

    Condenan a mujer a 60 años por estafar con viajes a España

    El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca condenó a 60 años de prisión a Claudia Mercedes Barraza de Amaya por el delito de estafa, tras comprobarse que engañó a 12 personas con falsas promesas de empleo en España.

    Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2012 en el distrito de Zacatecoluca, donde la imputada ofrecía a sus víctimas la posibilidad de viajar al país europeo con trabajo asegurado.

    Para convencerlos, entregaba formularios de una supuesta empresa española y aseguraba que entre más personas se inscribieran, menor sería el costo del viaje.

    Las víctimas, seis mujeres y seis hombres, entregaron cantidades que oscilaban entre $700 y $1,800, sumando un total de $13,000.

    Con el paso del tiempo, y ante la falta de avances en el supuesto proceso, los afectados comenzaron a exigir información, pero la mujer dejó de responder a sus comunicaciones.

    Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que evidenciaron el engaño y la responsabilidad de la acusada.

    El juez determinó que Barraza de Amaya cometió el delito en perjuicio de cada una de las víctimas, por lo que le impuso cinco años de cárcel por cada caso, acumulando una condena total de 60 años. Además, la sentenciada deberá pagar $13,000 en concepto de responsabilidad civil, como compensación por el daño causado a las personas afectadas.

     

     

  • Perú descarta elecciones complementarias y avanza a segunda vuelta

    Perú descarta elecciones complementarias y avanza a segunda vuelta

    El proceso electoral en Perú continuará su curso hacia la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara la solicitud de convocar comicios complementarios.

    La petición fue impulsada por el candidato Rafael López Aliaga, quien denunció irregularidades en la jornada del 12 de abril, especialmente por retrasos en la apertura de centros de votación en Lima.

    El máximo órgano electoral declaró inviable la solicitud y reiteró que el proceso aún no concluye, ya que más de 4,000 actas continúan en revisión.

    El JNE aseguró que seguirá actuando “con firmeza, independencia y transparencia”, al tiempo que pidió a la ciudadanía mantener la calma y atender únicamente información oficial.

    Las denuncias de fraude, sin pruebas concluyentes, generaron incertidumbre en la población durante los días posteriores a la votación.

    Por su parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) negó acusaciones sobre la presencia de trabajadores extranjeros en el conteo de votos.

    El organismo detalló que cuenta con 16,757 empleados, todos de nacionalidad peruana, desmintiendo señalamientos del candidato López Aliaga.

    En paralelo, la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en inmuebles vinculados a personas relacionadas con el proceso electoral, incluyendo al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto.

    Las autoridades incautaron equipos y documentos como parte de una investigación por presunta colusión agravada, aunque un juez rechazó ordenar su detención preliminar.

    Tras el fallo del JNE, López Aliaga insistió en que existieron “actos criminales” y pidió una auditoría a unas 4,500 actas que considera manipuladas.

    Sin embargo, la misión de observación electoral de la OEA respaldó la decisión del organismo electoral y llamó a respetar la voluntad popular.

    Con el 95.4 % de los votos contabilizados, Keiko Fujimori lidera con 17.06 %, seguida por Roberto Sánchez con 12.04 % y López Aliaga con 11.89 %, quedando fuera de la segunda vuelta por una diferencia de 23,289 votos.

     

  • Condenan a red de empleados que sustrajeron más de mil cheques de la empresa donde trabajaban

    Condenan a red de empleados que sustrajeron más de mil cheques de la empresa donde trabajaban

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a varios implicados en un caso de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa YKK El Salvador, tras comprobarse un esquema que operó durante varios años.

    El principal responsable, Francisco Ernesto Garmendez Vásquez, recibió una pena de cinco años de prisión y fue condenado al pago de $2,936,607.12 en concepto de responsabilidad civil, luego de que el tribunal determinara que abusó de su cargo dentro de la empresa.

    Según la investigación judicial, Garmendez Vásquez se desempeñaba como auditor auxiliar y aprovechó su posición para sustraer más de 1,000 cheques de la compañía, los cuales fueron cobrados por terceros vinculados al fraude.

    Entre los cómplices, Orlando Oliverio Toledo Funes fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, además de pagar $2,939,546.67 como responsabilidad civil.

    Con la misma pena, pero en calidad de rebeldes, fueron sentenciados Adalberto de Jesús Aguirre Rivera, Gerson David Mena Sánchez, Rosa Vila Alvarado, Saúl Carías Hernández y Josué Daniel Marinero Maravilla, para quienes el tribunal giró órdenes de captura por no comparecer a la vista pública.

    Por otra parte, los imputados Víctor Antonio Martínez Cortez y Nelson Rodolfo Ulloa recibieron una condena de tres años de prisión, la cual fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, bajo supervisión judicial.

    En el caso de José Noé R. M., el tribunal otorgó sobreseimiento definitivo tras alcanzar un acuerdo conciliatorio con la empresa afectada.

    Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron entre 2002 y 2011, período en el que operó la red que permitió la sustracción y cobro irregular de los cheques, generando un millonario perjuicio económico a la compañía.

     

  • Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.

    El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.

    En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 180 denuncias en distintas sedes fiscales, mientras continúa ampliando la investigación.

    Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.

    Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.

    Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.

    «El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.

    Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.

    «Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.

    El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.

    Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».

  • Alertan sobre llamadas falsas con IA que atacan empresas

    Alertan sobre llamadas falsas con IA que atacan empresas

    Las llamadas falsas generadas con inteligencia artificial se han convertido en una nueva amenaza para las empresas, según advirtió la compañía de ciberseguridad ESET, que alerta sobre el uso de clonación de voz y audios deepfake para cometer fraudes financieros o secuestrar cuentas corporativas.

    La expansión de la inteligencia artificial generativa facilitó la creación de audios y videos falsos con gran realismo. De acuerdo con ESET, ahora es posible fabricar un clip falso con apenas unos segundos de audio de una persona, lo que permite a los ciberdelincuentes hacerse pasar por ejecutivos o proveedores para engañar a empleados dentro de las organizaciones.

    Datos citados por el Gobierno británico indican que el año pasado se compartieron hasta 8 millones de clips falsos, una cifra muy superior a los 500,000 difundidos en 2023. Los expertos consideran que el número real podría ser incluso mayor y advierten que muchas empresas aún subestiman el riesgo.

    Según ESET, los ataques suelen iniciar cuando un delincuente selecciona a la persona que desea suplantar, como un director ejecutivo o un responsable financiero. Luego obtiene una breve muestra de audio disponible en internet —por ejemplo en entrevistas, redes sociales o conferencias— y utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar una voz sintética con la que realiza llamadas a empleados de la empresa.

    “Este tipo de ataque es cada vez más barato, sencillo y convincente. Algunas herramientas son capaces incluso de insertar ruido de fondo, pausas y tartamudeos para que la voz suplantada resulte más creíble. Cada vez imitan mejor los ritmos, las inflexiones y los tics verbales propios de cada orador. Y cuando un ataque se lanza por teléfono, los fallos relacionados con la IA pueden ser más difíciles de detectar para quien atiende”, advirtió Macio Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

    Los atacantes también recurren a técnicas de ingeniería social para presionar a las víctimas con solicitudes urgentes, como transferencias bancarias o cambios en contraseñas.

    Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2020, cuando un empleado de una empresa en Emiratos Árabes Unidos transfirió $35 millones tras recibir una llamada que simulaba la voz de su director solicitando fondos para una supuesta operación empresarial.

    Para reducir estos riesgos, ESET recomienda reforzar la capacitación de los empleados, verificar por canales alternativos cualquier solicitud telefónica relacionada con dinero o datos sensibles, y establecer protocolos internos como la aprobación de dos personas para transferencias importantes o el uso de contraseñas acordadas previamente para confirmar la identidad de ejecutivos.

    “Las falsificaciones son sencillas y su producción cuesta poco. Dadas las enormes sumas que pueden obtener los estafadores, es poco probable que veamos pronto el final de las estafas de clonación de voz. Por lo tanto, la mejor opción que tiene una organización para mitigar el riesgo es un triple enfoque basado en las personas, los procesos y la tecnología. Para que se adapte a medida que avanza la innovación en IA, es importante que sea revisado periódicamente. El nuevo panorama del ciberfraude exige una atención constante”, concluyó Micucci.

     

  • Condenan a hombre por hurto de más de $84,000 a distribuidora eléctrica

    Condenan a hombre por hurto de más de $84,000 a distribuidora eléctrica

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro años de prisión a Medardo Cabrera Valdez por el delito de hurto en perjuicio de una sociedad distribuidora del servicio eléctrico.

    Además de la pena de cárcel, el tribunal estableció responsabilidad civil para el imputado, quien deberá pagar a la empresa afectada un total de $84,241.21 correspondientes al dinero sustraído.

    De acuerdo con la investigación presentada durante el juicio, Cabrera Valdez trabajó entre 2010 y 2011 en funciones relacionadas con facturación, cobranza, recaudación y remesas a bancos del dinero obtenido por servicios como el arrendamiento de postes y la venta de chatarra.

    Una auditoría contable detectó que el imputado no remitió a la empresa el dinero que los clientes pagaban en efectivo por estos servicios, apropiándose de esos fondos.

    Asimismo, las autoridades determinaron que el procesado también se apoderó de dinero al retener efectivo correspondiente a notas de descuento aplicadas a clientes, montos que tampoco fueron entregados a la empresa.

    Según lo establecido en el proceso judicial, el monto total del dinero hurtado por Cabrera Valdez ascendió a $84,241.21.

     

  • Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

    Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

     Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron a cuatro ciudadanos italianos acusados de pertenecer a una organización criminal italiana que se dedica a falsificar marcas registradas de maquinaria industrial, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los capturados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron arrestados en San Miguel por el delito de violación de distintivos comerciales. Según la FGR, los extranjeros operaban mediante redes sociales para comercializar maquinaria profesional industrial con marcas falsificadas.

    «A los imputados se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude», indicó la fuente fiscal.

    De acuerdo con las investigaciones, la red comenzó a operar en agosto del año pasado. La Fiscalía señaló que Luigi Barbato fungía como principal promotor de los productos y se presentaba como representante en El Salvador y Centroamérica de CATLINE, promocionando el negocio como filial de una reconocida empresa fabricante de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales.

    La institución detalló que los equipos eran ofrecidos como productos de alta calidad, pero en realidad se trataba de maquinaria de bajo estándar vendida a precios elevados. El caso salió a la luz tras la denuncia de una víctima a través de redes sociales, lo que permitió iniciar las indagaciones que culminaron con las capturas.

    Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y posibles vínculos internacionales.

     

  • Procesan a dos cajeras de banco por fraude informático en perjuicio de cuentahabientes

    Procesan a dos cajeras de banco por fraude informático en perjuicio de cuentahabientes

    El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió enviar a instrucción el caso contra Ingrid Liseth P. L., de 23 años, y Brenda Yamileth E. C., de 26, procesadas por fraude informático tras realizar retiros ilegales de las cuentas de cuatro clientes de una entidad bancaria.

    Las imputadas, quienes se desempeñaban como cajeras, habrían cometido los hechos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Durante ese período, presuntamente sustrajeron dinero sin autorización y, para ocultar los faltantes, transferían efectivo entre diversas cuentas, según el expediente fiscal.

    La jueza del caso impuso medidas alternas a la detención provisional. Ambas deberán residir en sus domicilios actuales, no salir del país y presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. Además, deberán pagar una caución económica de $200 cada una para mantener el proceso en libertad.

    Las capturas se realizaron el miércoles anterior en los lugares de trabajo de ambas mujeres. Las autoridades judiciales indicaron que el caso continuará bajo supervisión y que se evaluarán nuevos indicios durante la etapa de instrucción.

    Las medidas impuestas buscan garantizar la continuidad del proceso judicial sin entorpecer la investigación, mientras se determina la responsabilidad penal de las acusadas.

     

  • Nietas de una mujer de 103 años y su abogado son procesados por falsificarle la compra venta de inmueble

    Nietas de una mujer de 103 años y su abogado son procesados por falsificarle la compra venta de inmueble

    El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó este día la instrucción formal con detención provisional contra el abogado y notario Hugo Ernesto G. L., de 43 años, acusado del delito de falsedad documental agravada, en la modalidad de falsedad material, en perjuicio de una adulta mayor de 103 años de edad.

    La medida también alcanza a dos mujeres identificadas como Victoria Isabel R. C., de 36 años, y Ana Silvia R. de L., de 44, nietas de la víctima, quienes enfrentan el mismo delito bajo la figura de coautoría. El caso se originó a raíz de una denuncia interpuesta el 31 de enero de 2025 por un bisnieto de la afectada.

    Según el expediente, la víctima pretendía donar un inmueble a su bisnieto y a una tía, pero al revisar los datos en el Centro Nacional de Registro (CNR), descubrieron que el terreno ya había sido inscrito a nombre de una de las imputadas, mediante una supuesta compraventa realizada sin el consentimiento de la propietaria.

    El documento fraudulento, elaborado el 2 de abril de 2022 en la notaría de Hugo Ernesto G. L., indicaba que la mujer había colocado su huella por no saber firmar, mientras que su nieta Ana Silvia R. de L. firmó a ruego. Sin embargo, peritajes técnicos comprobaron que la huella dactilar no pertenece a la víctima y que las firmas de los tres acusados sí fueron auténticas.

    Un peritaje del Instituto de Medicina Legal confirmó que la víctima no presenta ninguna enfermedad mental y se encuentra lúcida. Además, manifestó con claridad que jamás ha vendido ni cedido el inmueble en cuestión a sus nietas.

     

     

  • Imputan al presidente del Barça por presunta estafa a una inversora

    Imputan al presidente del Barça por presunta estafa a una inversora

    Un Juzgado de Instrucción de Barcelona citó a declarar el próximo 16 de enero al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste, y a los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, como investigados por un presunto delito de estafa de $113,000 (unos 104,000 euros), cometido en 2016.

    Según un auto al que tuvo acceso la agencia EFE, el tribunal admitió la querella presentada por una inversora que destinó fondos a dos sociedades vinculadas a los directivos: Core Store, con sede en España, y CSSB Limited, registrada en Hong Kong, las cuales impulsaban proyectos deportivos y formativos en Europa y Asia.

    La querellante invirtió inicialmente $54,000 en Core Store como préstamo con un 6 % de interés, para apoyar el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División. Posteriormente, destinó otros $61,000 en acciones de CSSB Limited, cuyo propósito era crear una academia de fútbol en China inspirada en el modelo de La Masia del Barcelona.

    La reputación pública y empresarial de los involucrados fue clave para atraer la inversión. La querella destaca que los señalados eran “figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”. En ese periodo, Laporta era administrador solidario de Core Store junto a Oliver, quien también fungía como representante legal de CSSB y consejero delegado del Reus Deportiu.

    La denunciante solo logró recuperar $13,500 de los $113,000 invertidos, tras múltiples intentos y reclamaciones por incumplimientos contractuales. Fue hasta agosto de 2024 cuando recibió ese reembolso parcial.

    Tras ver el documental Laportagate-El caso del Reus 2, donde se exponen otros casos de supuestas estafas a inversores en las mismas empresas, la afectada decidió contactar al abogado Pepe Oriola, quien representa a más víctimas, para iniciar acciones legales.

    Esta es la tercera investigación abierta contra Laporta por su presunta participación en actividades fraudulentas ligadas a Core Store y CSSB Limited.