El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández aseguró este martes que confía en obtener “justicia” y una “carta de libertad definitiva” en el proceso conocido como Pandora II, en el que enfrenta acusaciones por presunto fraude y lavado de dinero.
«Esperamos que esta audiencia por prolongada que sea, siempre termine en justicia», dijo Hernández a los periodistas, antes de ingresar a la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, donde llegó acompañado de su familia y bajo un riguroso dispositivo de seguridad.
Hernández, de 57 años, regresó a Honduras el pasado 26 de junio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara en diciembre de 2025 de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico. La sentencia había sido impuesta en 2024, dos años después de que el exmandatario fuera extraditado a territorio estadounidense.
El caso Pandora II investiga el supuesto desembolso irregular de unos $10.8 millones entre 2010 y 2013, período en el que Hernández presidía el Parlamento hondureño. Según la acusación, los recursos habrían sido utilizados para financiar su campaña presidencial de 2013.
«Hemos amanecido pidiéndole a Dios por el país y le hemos pedido que nos haga justicia», subrayó el exmandatario antes de la reanudación de la audiencia inicial, que fue suspendida el pasado día 12 a petición de la defensa, que solicitó más tiempo para analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Hernández aseguró que, tras revisar los elementos presentados por el Ministerio Público, su defensa considera que «no existe fraude, no existe un delito de lavado de activo». «Pero obviamente somos respetuosos de los procesos, del debido proceso y del principio de inocencia. Ellos (la Fiscalía) presentaron sus medios de prueba, vamos a hacer las objeciones del caso y presentar las nuestras para que el juez pueda decidir», explicó el expresidente.
El exgobernante enfrenta el proceso en libertad, aunque tiene prohibido salir de Honduras. Las medidas fueron impuestas durante la audiencia de imputación del pasado 3 de agosto por el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, que además determinó que la causa debe continuar en la justicia ordinaria y no ante la Corte Suprema de Justicia.
La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, sostuvo que el expresidente debería recibir un sobreseimiento definitivo, como ocurrió con otros imputados, entre ellos el también exmandatario Porfirio Lobo. La defensora invocó el principio de igualdad procesal y aseguró que la Fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para vincular a Hernández con los delitos atribuidos.
