La Unión Europea (UE) respaldó este viernes el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala, que el 29 de octubre ratificó la validez de los resultados electorales de 2023 y anuló la resolución judicial que pretendía la eliminación del partido oficial, Movimiento Semilla.
En un comunicado, la UE celebró el pronunciamiento del máximo tribunal guatemalteco, pero expresó su “preocupación por la persistente instrumentalización del sistema judicial” en el país centroamericano. Además, condenó la persecución contra funcionarios electos, líderes indígenas, periodistas, sociedad civil y operadores de justicia.
“La Unión Europea ve con preocupación los continuos intentos de socavar el orden democrático y el Estado de derecho en Guatemala, y da la bienvenida a la resolución de la Corte de Constitucionalidad del 29 de octubre”, publicó en la red X la embajadora del bloque en Guatemala, Johanna Karanko.
La preocupación del bloque europeo se centra especialmente en las actuaciones del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras, y el juez penal Fredy Orellana, ambos sancionados por la UE y Estados Unidos por sus presuntos intentos de desestabilizar la democracia en el país.
El pronunciamiento de la UE se dio un día después de que el gobierno de Guatemala denunciara ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un “asedio de guerra legal” orquestado por actores judiciales corruptos, a quienes acusa de promover un “golpe de Estado técnico” contra el presidente Bernardo Arévalo de León.
El fallo de la Corte de Constitucionalidad anuló la resolución del juez Orellana que buscaba dejar sin efecto la personería jurídica de Movimiento Semilla, con la intención de bloquear la investidura del mandatario electo. La corte señaló que la sentencia vulneraba derechos fundamentales como el de elegir y ser electo, así como la soberanía popular.
La Unión Europea recordó que ya ha impuesto sanciones a ocho personas, incluyendo a Porras y Orellana, por su implicación en acciones que atentan contra la democracia y la transferencia pacífica del poder. También reafirmó su compromiso de continuar acompañando a Guatemala como “socio coherente” en defensa del Estado de derecho y del desarrollo sostenible.
“Seguiremos de cerca los acontecimientos, en particular en vista de los próximos nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026, que representan una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas”, concluyó el comunicado.
