Un grupo especial de la ONU acusó este martes a la dictadura de Nicaragua de desviar fondos públicos para financiar la represión de la oposición, tanto dentro como fuera del país, logrando esto último a través de una «red transnacional» de espionaje e inteligencia.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen” ha señalado mediante una declaración el presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, Jan-Michael Simon.
Este grupo ha elaborado un nuevo informe, que presenta hoy a la prensa, sobre la situación en el país centroamericano, gobernado por el dúo formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, en el poder de forma consecutiva desde 2007.
Con base en decenas de entrevistas y una amplia evidencia documental, el informe sostiene que desde 2018 (año del estallido de protestas estudiantiles sofocadas con violencia armada) se han desviados fondos públicos para financiar la represión, incluidos los destinados a la asistencia social o a proyectos de limpieza.
Para ello se creó «una estructura paralela» dentro del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que sirve para canalizar el dinero utilizado hacia «operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias», señala el informe, elaborado por encargo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El otro elemento central del informe está formado por las evidencias reunidas sobre la existencia de una red de vigilancia e inteligencia que va mucho más allá de las fronteras de Nicaragua y que es utilizada para vigilar, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero.
Al respecto, el informe documenta una estructura de inteligencia integrada por el ejército, la policía, las autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones TELCOR, las misiones diplomáticas y operadores del FSLN.
«La vigilancia y el acoso digital, el hackeo y la divulgación de datos personales (doxing) han sido utilizados para silenciar a personas críticas», se denuncia.
Asimismo, señala que el actual coministro de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentschke Whitaker, formó presuntamente parte de un grupo de alto nivel encargado de dirigir y coordinar acciones de represión transnacional en varios países mientras ocupaba cargos diplomáticos en el exterior entre 2021 y 2023.
Frente a tal situación, los expertos de la ONU piden al conjunto de países que pongan en marcha un sistema que haga posible la rendición de cuentas, que consideran irreal de otro modo en vista de que Nicaragua se ha retirado de varios órganos de Naciones Unidas y suspendido cualquier colaboración con el Consejo de Derechos Humanos.
El sistema por el que abogan debería incluir la jurisdicción universal (principio que permite a los tribunales nacionales juzgar crímenes internacionales independientemente del lugar donde ocurrieron o la nacionalidad de las víctimas o autores), una fuerte protección de la población exiliada y sanciones selectivas.
La dictadura Ortega-Murillo ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 nicaragüenses y ha dejado a miles de exiliados como apátridias al negarse a renovarles o proporcionales documentos de identidad, además de impedir que muchos regresen a Nicaragua.
