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  • ANDA deja de recibir $455 millones anuales por pérdida de agua, según estudio

    ANDA deja de recibir $455 millones anuales por pérdida de agua, según estudio

    La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) deja de percibir cerca de $455.3 millones debido a la pérdida de agua, según un estudio de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), elaborada en alianza con el Centro para la Defensa del Consumidor (DCD) y la Asociación Popol Na.

    La investigación, publicada el 1 de septiembre pasado, revisó la eficiencia de los subsidios al agua potable, energía eléctrica, gas propano y transporte público para reducir la pobreza entre los salvadoreños.

    El estudio indica que el consumo debajo de los 43 metros cúbicos de agua se factura a un precio inferior al costo de producción de ANDA, estimado en $1.38.

    Citando la memoria institucional de ANDA de 2023, Fudecen detalla que ANDA produce 433.18 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales factura 162.77 millones, equivalente a un 37.5 %. Esto significa que se pierden 270.41 millones de metros cúbicos de agua, debido principalmente a fugas en la red hidráulica.

    “Dicha pérdida equivale a un estimado de $455.3 millones de dólares anuales, monto que el Estado salvadoreño asume con sus propios recursos, volviendo en realidad el referido subsidio no tanto un beneficio para la población, sino más bien un subsidio a las pérdidas con las que actualmente opera la institución”, matiza el informe.

     

    Eficiencia del subsidio

    La investigación empleó el indicador de desempeño del sector público (PSP, por sus siglas en inglés), una ecuación que se integra de diferentes características como el número de personas beneficiadas con los subsidios, pobreza monetaria, desigualdad monetaria o desigualdad de recepción de cada subvención, gasto público y error de exclusión.

    De acuerdo con los resultados, entre las cuatro subvenciones, el subsidio al agua es el “más eficiente”, a pesar de que tuvo el menor nivel de gasto público, con un promedio de $4.81 millones que representan apenas 0.017 % del producto interno bruto (PIB).

    Además, el estudio señala que el acceso de agua potable y el saneamiento ha quedado relegado a la inversión pública, en principio municipal y luego por el gobierno central a través de ANDA. Sin embargo, la autónoma ha tenido limitantes al no brindar cobertura a una gran parte del área rural, donde la población ha desarrollado sus propios sistemas de acueductos y no siempre goza de subvenciones para el servicios.

    El saneamiento también ha quedado relegado a las grandes inversiones de proyectos urbanísticos, comerciales e industriales. De igual manera, la población popular y rural no tiene estos beneficios y crea sus propias redes.

  • Por finalizar plazo para solicitar inscripción de “agentes extranjeros” en Gobernación

    Por finalizar plazo para solicitar inscripción de “agentes extranjeros” en Gobernación

    Este jueves 4 de septiembre finaliza el plazo de 90 días que tienen las personas naturales y jurídicas existentes para solicitar su inscripción en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial creado con la nueva Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador.

    La normativa está vigente desde el 7 de junio, ocho días después de su publicación en el Diario Oficial, el 30 de mayo, y daba un plazo de 90 días, que concluyen al final del día jueves 4 de septiembre.

    Gobernación abrió formalmente el plazo de inscripción el 9 de junio.

    La Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), la fundación Transparencia, Contraloría y Datos Abiertos (Tracoda) y la Colectiva Feminista confirmaron que han solicitado su inscripción al RAEX pero por el momento continúan esperando la respuesta del RAEX.

    Hasta hoy, únicamente las organizaciones Acción Ciudadana y Cristosal informaron, el pasado 1 de septiembre, que su inscripción se ha hecho efectiva en el RAEX.

    La AC indicó que cumplieron con la obligación legal pero que mantienen la opinión sobre el carácter autoritario, confiscatorio y restrictivo del espacio cívico, la libertad de asociación y expresión, y el derecho al patrimonio que impone la nueva Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador.

    “Hemos sido inscritos en el Registro de Agentes Extranjeros”, anunció la AC en un comunicado, la AC es una organización especializada en analizar financiamiento público y privado de partidos políticos, acceso a la información pública, desempeño de la Fiscalía General de la República.

    Los obligados a inscribirse son las personas naturales y jurídicas que realizan actividades en El Salvador financiadas por mandantes extranjeros, que son los financistas y que según la redacción de la nueva ley también son sujetos obligados.

    La ley establece un control de las actividades obliga a tributar el 30 % de todas sus donaciones, la obligatoriedad de inscripción y faculta al RAEX de fiscalizar y controlar a los inscritos, así como de eximirles del impuesto.

    Formalmente, el Ministerio de Gobernación informó que el plazo vencía el 4 de septiembre.

    Fe de errata: Se hizo una corrección a la noticia original que equivocadamente indicaba que el plazo vencía el miércoles 3 de septiembre, cuando la fecha de vencimiento correcta es el jueves 4 de septiembre.

  • Los hogares más pobres destinan más dinero para el pago de la energía eléctrica

    Los hogares más pobres destinan más dinero para el pago de la energía eléctrica

    Los hogares con ingreso más bajo destinan más para el pago de la factura de energía eléctrica que el resto de la sociedad salvadoreña y asignan una suma más considerable a esta obligación que hace una década, reveló un estudio sobre las desigualdades en los servicios públicos de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen).

    Citando datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el estudio encontró un “aumento desproporcionado del gasto” en electricidad para los hogares del quintil bajo.

    En 2010, el ingreso promedio de una familia salvadoreña del quintil bajo era de $127.43, de los cuales destinaba $7.03, equivalente a un 5.5 %, para el pago del recibo de electricidad.

    Para 2023, el ingreso promedio subió a $178.46, pero el pago de la factura eléctrica aumentó a $18.44 y representó un 10.3 % del presupuesto de estas familias.

    Esto significó que el costo promedio del pago de electricidad aumentó un 162.3 % en los 13 años de análisis.

    En porcentaje, las familias de bajos ingresos son los que más asignan presupuesto para esta obligación, en relación con el 2.2 % que pagan los hogares con ingresos altos y el 3.3 % de las familias con ingresos medio alto.

    “El crecimiento en el pago de electricidad en los quintiles bajos, sin un aumento proporcional de los ingresos, sugiere la presencia de factores como la inflación y la reducción de subsidios que han afectado de manera negativa a estos hogares, agravando su situación económica”, señala el estudio.

    Según la investigación, en 2010 un hogar de ingreso alto recibía en promedio de $1,272.03, de los cuales destinaba $33.24 (2.6 %) al pago de la electricidad. Trece años después, tiene un aporte de $1,886.78, con una factura para la energía de $42.29 (2.2 %).

    Comparativo incluido en el estudio sobre el ingreso promedio de los hogares y cuánto asignan al pago de la factura de electricidad, entre 2010 y 2023.

    Esto significa que el pago promedio de la electricidad creció un 27.2 % para los hogares de ingresos altos, seis veces menos que en las familias de bajos ingresos.

    El texto enfatiza que “mientras los hogares más ricos pueden absorber el impacto de los aumentos tarifarios sin mayor dificultad, los hogares más pobres ven comprometida su capacidad de cubrir otros gastos esenciales”.

    El precio promedio del servicio de energía eléctrica (PPSEE) en El Salvador es favorable para el sector residencial que consume menos de 50 kilovatios hora (kWh), con uno de los menores precios para dicho segmento, en buena parte explicado por los subsidios al consumo.

    Sin embargo, para los usuarios mayores de 50 kWh, El Salvador se encuentra entre los países más caros de América Central, junto con Costa Rica y Nicaragua.

  • El subsidio al gas tiene el peor desempeño y menor eficiencia, según estudio

    El subsidio al gas tiene el peor desempeño y menor eficiencia, según estudio

    El subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) tiene el peor desempeño y menor eficiencia, reveló una investigación de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen), elaborada en alianza con el Centro para la Defensa del Consumidor (DCD) y la Asociación Popol Na.

    El estudio examina las persistentes desigualdades socioeconómicas en la focalización de los subsidios a la energía eléctrica, gas propano, agua potable y transporte público, creados bajo la premisa de ayudar a las personas vulnerables y para los cuales los gobiernos asignan partidas millonarias.

    Para medir la eficiencia, la investigación empleó el indicador de desempeño del sector público (PSP, por sus siglas en inglés), una ecuación que se integra de diferentes características como el número de personas beneficiadas con los subsidios, pobreza monetaria, desigualdad monetaria o desigualdad de recepción de cada subvención, gasto público y error de exclusión.

    Una de las conclusiones del estudio es que la subvención al GLP tiene el peor desempeño. “No implica que los resultados de este subsidio sean malos para la población, sino que hay espacio para mejorar sus impactos en la sociedad salvadoreña”.

     

    Personas con mayores ingresos son los beneficiarios

    Según el análisis, que retoma datos de 2017 a 2023, la mayoría de receptores de la subvención al GLP se encuentran en el octavo decil de ingreso familiar, luego en el noveno y el séptimo decil.

    El término decil se refiere principalmente a los sectores socioeconómicos de la población. Esta metodología divide a la población en 10 partes iguales a partir de sus ingresos, y mayor posición, mayor ingreso.

    Por lo tanto, el estudio encontró que son las “personas con ingresos altos los que han estado recibiendo este subsidio”, señala el reporte.

    El subsidio a la energía eléctrica se encuentra en una “situación muy similar”, ya que el octavo decil tiene más personas receptoras de la subvención, seguido del séptimo y el noveno. La investigación hace énfasis que esta protección se otorga a hogares con el servicio, por lo cual crea una barrera con las familias pobres que no tienen conexión o depende de otras fuentes de energía.

    De igual manera, el análisis del subsidio al agua encontró que la mayor cantidad de beneficiarios se encuentra en el noveno y el octavo decil, mientras que los menores receptores son el segundo y el primer decil.

    El estudio puntualiza que en el subsidio al transporte público es difícil controlar la población beneficiaria por la metodología de transferencia, directamente a los empresarios. Para este caso, se revisó la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que incorpora el uso de transporte público.

    Según el documento, los deciles 10, 9 y 8 son los mayores beneficiarios, pero afirma que “todas las personas reciben el subsidio de manera directa como descuento a la tarifa del transporte público”.

     

    ¿Qué tan eficientes son?

    A partir de la ecuación del PSP, el estudio revisó el desempeño y la eficiencia de cada subsidio entre 2018 y 2023.

    Del cuatro grupo de subsidios, solo energía eléctrica tuvo un promedio por arriba de un punto, de 1.19 promedio en los cinco años de análisis, frente al 0.88 de GLP, 0.99 de agua y 0.93 de transporte.

    A partir de estos resultados, el estudio puntualiza que el subsidio al agua es el “más eficiente”, a pesar de que tuvo el menor nivel de gasto público, con un promedio de $4.81 millones que representan apenas 0.017 % del producto interno bruto (PIB).

    Gasto promedio anual entre 2018 y 2023

    Agua: $4.91 millones, un 0.017 % del PIB

    Transporte público: $39.78 millones, un 0.14 % del PIB

    Energía: $52.23 millones, un 0.18 del PIB

    GLP: $97.27 millones, un 0.33 % del PIB

  • El 80 % de los trabajadores en San Salvador labora 49 o más horas semanales

    El 80 % de los trabajadores en San Salvador labora 49 o más horas semanales

    Un 80.25 % de los trabajadores en el departamento de San Salvador laboran 49 horas o más semanales, según un informe del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).

    El documento es parte de una encuesta elaborada en 624 establecimientos, la cual arrojó que solo en este departamento laboraron 45,170 personas durante 2023, un 61.5 % de manera formal y un 48.5 % informal.

    La información -recogida entre junio y noviembre de 2023, pero publicada en junio de este año- confirma que tanto trabajadores informales como formales dedican más de 49 horas por semana a sus empleos.

    Los datos apuntan a que un 50.5 % de los trabajadores que dedican 49 o más horas a sus trabajos son informales, mientras que un 49.5 % son formales.

    A nivel general, un 19.28 % de los trabajadores tienen jornadas semanales de trabajo que van de 40 a 48 horas y solo un 0.47 % trabaja menos de 40 horas.

    El Código de Trabajo señala que los trabajadores deben cumplir un total de 44 horas diurnas o 39 nocturnas por semana, es decir, ocho horas diarias de día o siete por la noche.

    El artículo 162 de la normativa plantea que una de las excepciones con estos horarios es en caso de realizar labores peligrosas o insalubres, a las cuales no podrán superar las siete horas por la mañana y seis horas nocturnas.

    En el caso de los menores de edad que realicen jornadas laborales, no podrán sobrepasar las seis horas diurnas, y se les prohíbe trabajar de noche.

    Menos tiempo

    El gobierno señala en su documento que un 60.2 % de los salvadoreños ocupados dedican de 40 a 48 días a la semana a laborar en el sector formal, mientras que un 39.8 % lo hace en el sector informal.

    La situación cambia radicalmente cuando se analiza a los trabajadores que dedican menos de 40 horas semanales a sus empleos, pues la mayoría, un 72 % son informales, y un 28 % se categorizaron como formales.

    La cifra de los que trabajan más de 49 horas en San Salvador es mucho más alta que lo que han revelado otras investigaciones que retoman una variable nacional.

    En 2023, la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) confirmó que un 26.5 % de los trabajadores en El Salvador trabajan 49 horas o más a la semana.

    Fudecen dijo en ese momento que esto se traducía entre nueve y 10 horas de trabajo en su jornada diaria (cinco días) y que la acción podía ser catalogada como explotación laboral.