El Congreso de Costa Rica decidirá este martes si retira el fuero de improcedibilidad al presidente Rodrigo Chaves, tras una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que lo investiga por 15 denuncias relacionadas con beligerancia política, un delito que puede derivar en sanciones como la suspensión para ejercer cargos públicos e incluso la destitución.
La Asamblea Legislativa llevará a cabo una sesión plenaria para someter a votación la solicitud del TSE, la cual acusa a Chaves de haber interferido en la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 1 de febrero de 2026. El organismo sostiene que el mandatario incurrió en actos oficiales contrarios a partidos opositores y promovió la elección de una mayoría parlamentaria afín al Ejecutivo.
En Costa Rica, los funcionarios del Ejecutivo —incluido el presidente— tienen prohibido participar en actividades políticas o ejercer influencia en procesos electorales mientras ocupan sus cargos. El país no permite la reelección presidencial consecutiva.
De acuerdo con el expediente, Chaves habría promovido la elección de “38 diputados patrióticos” para reformar instituciones del Estado, declaraciones que el TSE considera intervencionismo político, en contravención de la legislación electoral.
Este es el segundo intento para desaforar al mandatario. En septiembre pasado, la Asamblea Legislativa ya rechazó una solicitud similar promovida por la Fiscalía, relacionada con un supuesto manejo irregular de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). En aquella ocasión, la votación quedó a cuatro votos de alcanzar la mayoría calificada de 38.
Diversas bancadas ya han adelantado su postura. El bloque evangélico de Nueva República anunció su rechazo al desafuero, al considerar que Chaves podría convertirse en “mártir” durante plena campaña electoral, lo cual favorecería a su candidata sucesora, Laura Fernández, quien se presenta como su heredera política.
La defensa del mandatario ha centrado sus argumentos en cuestionar la competencia del TSE para solicitar el retiro de fuero, alegando que esta figura solo aplica en casos penales y no en denuncias de índole electoral. Además, ha acusado al organismo de actuar con sesgo político.
Durante su comparecencia ante la comisión legislativa el 14 de noviembre, Chaves abandonó la sesión molesto por el poco tiempo concedido a su abogado para intervenir. “Esto es un circo, una ópera bufa”, expresó entonces el presidente, quien defendió su derecho a opinar sobre el rumbo del país sin incurrir —según él— en delito alguno. “El pueblo necesita 38 diputados patrióticos para cambiar las arbitrariedades”, dijo.
