Ecuador inició el jueves un nuevo período de toques de queda nocturnos durante 15 días en cuatro provincias, como parte de las medidas del Gobierno del presidente Daniel Noboa para contener la violencia vinculada con el crimen organizado. Es la tercera ocasión durante 2026 en que el Ejecutivo recurre a este tipo de restricciones.
El toque de queda estará vigente entre las 12:00 de la medianoche y las 5:00 de la mañana. Durante esas horas, la Policía y las Fuerzas Armadas realizan controles en las calles y allanamientos en zonas consideradas críticas por las autoridades, donde buscan a integrantes de organizaciones criminales.
Noboa recurrió reiteradamente a estados de excepción y restricciones de movilidad desde enero de 2024, cuando declaró la «guerra» al crimen y calificó como «terroristas» a organizaciones criminales. Aunque los homicidios disminuyeron durante ese año, Ecuador cerró 2025 con un récord de 9,283 asesinatos, pese a que también fueron implementados al menos dos períodos de toques de queda relacionados con la inseguridad.
La persistencia de la violencia llevó al Gobierno a establecer nuevas restricciones en marzo, mayo y septiembre de 2026, principalmente en provincias costeras con fuerte presencia de actividades criminales relacionadas con el narcotráfico. La consultora política en seguridad pública de Estado Katherine Herrera considera que sus resultados son principalmente temporales.
«Temporalmente puede haber una baja que te sirve para que las Fuerzas Armadas o las autoridades de seguridad y control puedan realizar otras acciones, pero eso no es una solución sostenible y que afecta realmente al crimen organizado, pero, sobre todo, que te ayude a bajar los homicidios», explicó Herrera.
Las cifras del Ministerio del Interior muestran que después del toque de queda aplicado en mayo en nueve provincias y cuatro municipios, los homicidios disminuyeron ligeramente de 697 en mayo a 693 en junio, pero aumentaron nuevamente hasta 704 durante julio.
Según Herrera, las organizaciones criminales pueden desplazarse hacia otras provincias o reanudar sus operaciones una vez terminadas las restricciones.
La especialista sostuvo que los operativos deben complementarse con inteligencia criminal y penitenciaria, investigaciones patrimoniales, control de armas y acciones focalizadas territorialmente.
«Los homicidios van a reducirse siempre y cuando tú desarticules la estructura criminal, atiendas las necesidades que tiene la ciudadanía, fortalezcas mucho más la presencia del Estado de forma eficiente y eficaz, y garantices el cumplimiento de la pena. Para acabar con el crimen organizado, también hay que combatir impunidad y corrupción», resaltó.
Herrera consideró que algunas acciones impulsadas por el Gobierno todavía no conforman una estrategia integral contra las estructuras criminales.
«Están generando una guerra táctica, pero no una guerra estratégica», concluyó. La especialista advirtió que, sin políticas sostenidas que acompañen las restricciones de movilidad, sus efectos sobre los niveles de violencia pueden limitarse al período en que permanecen vigentes.