Etiqueta: gasto público

  • Expertos del Foro Económico Mundial temen que la economía global se debilite en 2026

    Expertos del Foro Económico Mundial temen que la economía global se debilite en 2026

    Un 53 % de los economistas encuestados por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) considera que la economía global se debilitará durante 2026, aunque el porcentaje es menor al 72 % registrado en el sondeo de septiembre de 2025, reveló el informe publicado este viernes por el organismo, a días del inicio del foro de Davos, en Suiza.

    El mayor optimismo entre los expertos se concentra en el sur de Asia, donde un 66 % espera un crecimiento “fuerte” o “muy fuerte”, impulsado principalmente por la India. En Asia Oriental-Pacífico, ese porcentaje baja al 45 %, y en Oriente Medio cae al 36 %.

    Para Estados Unidos, un 69 % de los economistas proyecta un crecimiento “moderado”, mientras que un 47 % prevé un comportamiento similar para China. En Europa, el 53 % anticipa un crecimiento “débil” durante este año.

    El informe también advierte que el comercio entre China y Estados Unidos, marcado por recientes tensiones arancelarias, podría mantenerse estable. No obstante, se espera un aumento de tarifas en sectores clave como la tecnología china exportada a EE.UU. o los minerales estadounidenses en el mercado chino.

    A nivel global, el 94 % de los encuestados anticipa un aumento en los acuerdos comerciales bilaterales, y un 89 % estima que las exportaciones chinas a otros mercados crecerán. Además, un 57 % cree que aumentará la inversión extranjera directa en EE.UU., pero solo un 9 % prevé una tendencia similar para China.

    Estos cambios en el comercio internacional, junto con el avance de la inteligencia artificial (IA) y los problemas de deuda soberana, marcarán las tendencias clave del año, según el informe del WEF.

    Inteligencia artificial y empleo

    En cuanto a la IA, el 52 % de los economistas cree que las acciones relacionadas con esta tecnología en EE.UU. caerán durante el próximo año, aunque un 40 % espera nuevas subidas. En contraste, el 62 % de los expertos prevé una caída en el valor de las criptomonedas y un 54 % estima que el precio del oro ya alcanzó su máximo.

    Respecto al empleo, dos tercios de los consultados creen que la IA provocará pérdidas “moderadas” de empleos en los próximos dos años. A largo plazo, a 10 años vista, el 57 % mantiene ese pronóstico, aunque un 32 % estima que surgirán nuevas ocupaciones que podrían incrementar el empleo.

    Imagen ilustrativa de soldados estadounidenses.

    Aumento de deuda y gasto militar

    La deuda pública representa una de las mayores preocupaciones para los economistas. Casi la mitad anticipa que los mercados emergentes enfrentarán crisis de deuda soberana en los próximos años. Para reducir el peso de la deuda, se prevé que los gobiernos recurran a una combinación de inflación y alzas tributarias.

    En los mercados emergentes, más del 50 % de los expertos cree que se recurrirá a la reestructuración o incluso al impago en los próximos cinco años.

    Finalmente, se espera un aumento casi unánime en el gasto estatal en defensa, infraestructuras digitales y energía, tanto en países desarrollados como en economías emergentes. En contraste, la mayoría anticipa una disminución en el gasto destinado a la protección medioambiental.

     

     

  • Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    Asamblea tiene 23 días para aprobar la Ley del Presupuesto general 2026

    La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto cerró el ciclo de audiencias públicas con instituciones del Estado que acudieron a explicar sus requerimientos financieros para el próximo año fiscal. Durante ocho jornadas consecutivas, los diputados escucharon a distintos titulares justificar sus gastos y planes proyectados para 2026.

    Durante las entrevistas, los diputados de la Comisión se enfocaron en evaluar la eficiencia del gasto público, la ejecución de proyectos y la planificación financiera de las entidades del Ejecutivo. Sin embargo, algunas instituciones claves quedaron fuera del proceso, como el Ministerio de Trabajo, que no fue convocado, y la propia Asamblea Legislativa, cuyo presupuesto sigue sin ser público.

    El proyecto de presupuesto general de El Salvador para 2026 contempla un monto total de $10,555.5 millones, lo que representa un incremento de $892.5 millones respecto al presupuesto aprobado para 2025, que fue de $9,663 millones. No obstante, ese monto ya sufrió modificaciones a lo largo del año.

    Hasta octubre de 2025, el presupuesto modificado ascendía a $10,395 millones, tras incorporaciones adicionales destinadas, principalmente, a proyectos estratégicos. Según el portal de Transparencia Fiscal, ya se han comprometido $8,473.4 millones y devengado $7,897.4 millones, reflejando un avance del 76% en la ejecución presupuestaria.

    La falta de discusión sobre el presupuesto del Órgano Legislativo ha generado cuestionamientos desde sectores de sociedad civil que demandan mayor transparencia. En años anteriores, la Asamblea ha recibido críticas por aumentos en gastos operativos sin justificación clara ante la ciudadanía.

    El Ministerio de Hacienda ha justificado el aumento del presupuesto para 2026 en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo social, infraestructura y seguridad, sin embargo, no se han detallado públicamente todos los rubros que explican el crecimiento de casi $900 millones respecto al año anterior.

    Se espera que, como en años anteriores, la aprobación del presupuesto se concrete en diciembre, posiblemente cerca del 17 de ese mes, fecha en la que en 2024 se autorizó el plan de gastos con una modificación de última hora para incluir $10 millones dirigidos a escalafones salariales de Salud y Educación.

    El proyecto de ley tiene que ser aprobado por mayoría calificada antes del 31 de diciembre para evitar un cierre del ejercicio fiscal sin un nuevo presupuesto aprobado. En ese caso, la ley vigente prevé una prórroga automática del presupuesto anterior, lo cual podría limitar la implementación de nuevas políticas públicas.

    De momento, el Ejecutivo y la Asamblea continúan en fase de ajustes técnicos. Aunque el proceso se mantiene con bajo perfil mediático, las decisiones tomadas en estas semanas serán clave para la ejecución de programas sociales, inversión pública y estabilidad fiscal en 2026.

     

  • Reducción del gasto público podría empujar a una “normalización” a la burbuja inmobiliaria en El Salvador, indica Zumma Ratings

    Reducción del gasto público podría empujar a una “normalización” a la burbuja inmobiliaria en El Salvador, indica Zumma Ratings

    La reducción del gasto público, en cumplimiento con acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían empujar a El Salvador a percibir una normalización de la burbuja inmobiliaria, apuntó el presidente de Zumma Ratings, Carlos Pastor, quien sostuvo que los grandes motores del crecimiento salvadoreño están relacionados con el gasto público.

    El Salvador y el FMI firmaron un programa de financiamiento en febrero de 2025 por $1,400 millones. La aprobación implicó para el país, entre varios aspectos, un compromiso de realizar un ajuste fiscal de 3.5 % de producto interno bruto (PIB) en un plazo de tres años.

    Es decir, que El Salvador debe incrementar los ingresos y reducir el gasto sin perjudicar los recursos de carácter social y de infraestructura.

    “El estado ha gastado e invertido en muchos proyectos que el dinero acaba en las manos de los ciudadanos, y eso genera la construcción y compra de vivienda”, puntualizó Pastor durante un evento relacionado con el orden económico organizado por Almacenes de Desarrollo (ALDESA).

    El experto explicó que si no existe un mayor gasto público, como antes, por las restricciones del FMI, va a haber menos flujo de dinero que circule en la economía local por parte del gobierno salvadoreño.

    Por ende, “eso que llamamos burbujas van a ir normalizando por el menor influjo de dinero proveniente de proyectos públicos del estado”, añadió.

    Los únicos que tendrán un “poder de compra” serán las personas que no dependen directamente de los proyectos de inversión pública, puntualizó Pastor.

    A nivel general, Pastor indicó que negociar con el FMI fue lo mejor que pudo hacer el gobierno salvadoreño, porque eso significa flexibilizar la caja del estado y la presión fiscal. Además, añade liquidez a la banca y le quita presión al sistema financiero.

    Riesgo país

    Sobre la prima de riesgo, o indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI), Pastor destacó la reducción que El Salvador tuvo entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, al pasar de 6.92 puntos porcentuales a 3.69

    “Es decir, la percepción del extranjero hacia el país dice que su riesgo ha mejorado, pero es suficiente, no, sigue siendo muy alto”, añadió el presidente de Zumma.

    A los inversionistas a nivel mundial también podría preocuparles las decisiones que Estados Unidos tome, por ser el mayor comprador del mundo y manejar la economía global.

    Sobre la deuda del país, Pastor indicó que ya no hay mucho piso para seguir creciendo, por lo que el país debe buscar el desarrollo de mercados, refinanciar pasivos y reestructurar el sistema de pensiones.

    Hasta julio de 2025, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda del sector público no financiero (SPNF) rondó los $32,461.7 millones, un 88.7 % del producto interno bruto (PIB) salvadoreño.

    Tasas de interés

    La influencia de Estados Unidos sobre el continente es tan fuerte que, como ocurre con los niveles de tasas de interés, termina impactando o beneficiando a los hogares.

    La última actualización, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), la hizo a mediados de este mes, cuando redujo en 25 puntos básicos el precio del dinero, situando la tasa en un rango de 4 % a un 4.25 %.

    Pastor aseguró que si la Fed continúa reduciendo las tasas de interés, se beneficiará al mercado local.

    “Nos beneficia porque las tasas de interés tal cual se endeudan los bancos para pedir líneas de crédito van a ser más baratos y eso tendería a trasladarse al mercado local”, indicó el presidente de Zumma Ratings.

    El efecto en el mercado salvadoreño no será inmediato, pues deberán pasar varios meses para que las tasas bajen.

    La repercusión, indicó Pastor, depende de lo mucho que bajen las tasas de interés de referencia y el impacto de la misma sobre el costo de las empresas bancarias.

  • Más de 150,000 empleados federales en EE.UU. cobran sin trabajar bajo plan de Trump para reducir burocracia

    Más de 150,000 empleados federales en EE.UU. cobran sin trabajar bajo plan de Trump para reducir burocracia

    Más de 150,000 empleados del Gobierno de Estados Unidos están recibiendo salario sin regresar a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de renuncia en diferido impulsado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir el gasto público y eliminar lo que considera una “burocracia inflada” en la administración federal.

    De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina de Administración de Personal al New York Times, hasta 154,000 funcionarios aceptaron la propuesta del Ejecutivo de mantener sus contratos activos hasta el 30 de septiembre de 2025 o el 31 de diciembre de 2025, sin ejercer sus funciones.

    Esta cifra representa poco más del 6 % de los 2.3 millones de trabajadores federales que integran actualmente la Administración estadounidense. Aunque aparentemente limitada, la medida ha generado un fuerte debate político y sindical.

    En enero pasado, la Casa Blanca había anunciado su intención de ofrecer indemnizaciones a funcionarios federales que aceptaran renunciar, en el marco de una estrategia para reducir el tamaño del Estado. La decisión generó críticas de sindicatos laborales, que calificaron la medida como “caótica” y contraria a la eficiencia gubernamental.

    El presidente Trump, sin embargo, ha defendido el plan como un esfuerzo necesario para optimizar recursos y eliminar estructuras innecesarias dentro del aparato estatal. En ese contexto, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado informó sobre el despido de más de 1,300 empleados tanto en el país como en embajadas y consulados en el extranjero.

    Al mismo tiempo, un grupo de senadores demócratas presentó este jueves un informe que denuncia que el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en mantener en nómina a empleados que están fuera de funciones, ya sea por la renuncia en diferido o por litigios derivados de despidos.

    En su informe, los legisladores criticaron el desempeño del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por el magnate Elon Musk, al que responsabilizan de haber malgastado $21,700 millonesbajo el argumento de una supuesta reducción del gasto gubernamental.

    El caso ha encendido las alarmas sobre el uso ineficiente de fondos públicos y ha generado dudas sobre el impacto de los despidos masivos en áreas clave del Gobierno federal. Analistas advierten que la administración Trump, en su afán de recortar personal, podría estar afectando negativamente la capacidad operativa de servicios esenciales para la ciudadanía.