Etiqueta: gasto público

  • Reducción del gasto público podría empujar a una “normalización” a la burbuja inmobiliaria en El Salvador, indica Zumma Ratings

    Reducción del gasto público podría empujar a una “normalización” a la burbuja inmobiliaria en El Salvador, indica Zumma Ratings

    La reducción del gasto público, en cumplimiento con acuerdos pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían empujar a El Salvador a percibir una normalización de la burbuja inmobiliaria, apuntó el presidente de Zumma Ratings, Carlos Pastor, quien sostuvo que los grandes motores del crecimiento salvadoreño están relacionados con el gasto público.

    El Salvador y el FMI firmaron un programa de financiamiento en febrero de 2025 por $1,400 millones. La aprobación implicó para el país, entre varios aspectos, un compromiso de realizar un ajuste fiscal de 3.5 % de producto interno bruto (PIB) en un plazo de tres años.

    Es decir, que El Salvador debe incrementar los ingresos y reducir el gasto sin perjudicar los recursos de carácter social y de infraestructura.

    “El estado ha gastado e invertido en muchos proyectos que el dinero acaba en las manos de los ciudadanos, y eso genera la construcción y compra de vivienda”, puntualizó Pastor durante un evento relacionado con el orden económico organizado por Almacenes de Desarrollo (ALDESA).

    El experto explicó que si no existe un mayor gasto público, como antes, por las restricciones del FMI, va a haber menos flujo de dinero que circule en la economía local por parte del gobierno salvadoreño.

    Por ende, “eso que llamamos burbujas van a ir normalizando por el menor influjo de dinero proveniente de proyectos públicos del estado”, añadió.

    Los únicos que tendrán un “poder de compra” serán las personas que no dependen directamente de los proyectos de inversión pública, puntualizó Pastor.

    A nivel general, Pastor indicó que negociar con el FMI fue lo mejor que pudo hacer el gobierno salvadoreño, porque eso significa flexibilizar la caja del estado y la presión fiscal. Además, añade liquidez a la banca y le quita presión al sistema financiero.

    Riesgo país

    Sobre la prima de riesgo, o indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI), Pastor destacó la reducción que El Salvador tuvo entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, al pasar de 6.92 puntos porcentuales a 3.69

    “Es decir, la percepción del extranjero hacia el país dice que su riesgo ha mejorado, pero es suficiente, no, sigue siendo muy alto”, añadió el presidente de Zumma.

    A los inversionistas a nivel mundial también podría preocuparles las decisiones que Estados Unidos tome, por ser el mayor comprador del mundo y manejar la economía global.

    Sobre la deuda del país, Pastor indicó que ya no hay mucho piso para seguir creciendo, por lo que el país debe buscar el desarrollo de mercados, refinanciar pasivos y reestructurar el sistema de pensiones.

    Hasta julio de 2025, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda del sector público no financiero (SPNF) rondó los $32,461.7 millones, un 88.7 % del producto interno bruto (PIB) salvadoreño.

    Tasas de interés

    La influencia de Estados Unidos sobre el continente es tan fuerte que, como ocurre con los niveles de tasas de interés, termina impactando o beneficiando a los hogares.

    La última actualización, por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed), la hizo a mediados de este mes, cuando redujo en 25 puntos básicos el precio del dinero, situando la tasa en un rango de 4 % a un 4.25 %.

    Pastor aseguró que si la Fed continúa reduciendo las tasas de interés, se beneficiará al mercado local.

    “Nos beneficia porque las tasas de interés tal cual se endeudan los bancos para pedir líneas de crédito van a ser más baratos y eso tendería a trasladarse al mercado local”, indicó el presidente de Zumma Ratings.

    El efecto en el mercado salvadoreño no será inmediato, pues deberán pasar varios meses para que las tasas bajen.

    La repercusión, indicó Pastor, depende de lo mucho que bajen las tasas de interés de referencia y el impacto de la misma sobre el costo de las empresas bancarias.

  • Más de 150,000 empleados federales en EE.UU. cobran sin trabajar bajo plan de Trump para reducir burocracia

    Más de 150,000 empleados federales en EE.UU. cobran sin trabajar bajo plan de Trump para reducir burocracia

    Más de 150,000 empleados del Gobierno de Estados Unidos están recibiendo salario sin regresar a sus puestos de trabajo, como parte de un programa de renuncia en diferido impulsado por el presidente Donald Trump, con el objetivo de reducir el gasto público y eliminar lo que considera una “burocracia inflada” en la administración federal.

    De acuerdo con cifras divulgadas por la Oficina de Administración de Personal al New York Times, hasta 154,000 funcionarios aceptaron la propuesta del Ejecutivo de mantener sus contratos activos hasta el 30 de septiembre de 2025 o el 31 de diciembre de 2025, sin ejercer sus funciones.

    Esta cifra representa poco más del 6 % de los 2.3 millones de trabajadores federales que integran actualmente la Administración estadounidense. Aunque aparentemente limitada, la medida ha generado un fuerte debate político y sindical.

    En enero pasado, la Casa Blanca había anunciado su intención de ofrecer indemnizaciones a funcionarios federales que aceptaran renunciar, en el marco de una estrategia para reducir el tamaño del Estado. La decisión generó críticas de sindicatos laborales, que calificaron la medida como “caótica” y contraria a la eficiencia gubernamental.

    El presidente Trump, sin embargo, ha defendido el plan como un esfuerzo necesario para optimizar recursos y eliminar estructuras innecesarias dentro del aparato estatal. En ese contexto, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado informó sobre el despido de más de 1,300 empleados tanto en el país como en embajadas y consulados en el extranjero.

    Al mismo tiempo, un grupo de senadores demócratas presentó este jueves un informe que denuncia que el Gobierno ha gastado miles de millones de dólares en mantener en nómina a empleados que están fuera de funciones, ya sea por la renuncia en diferido o por litigios derivados de despidos.

    En su informe, los legisladores criticaron el desempeño del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), liderado por el magnate Elon Musk, al que responsabilizan de haber malgastado $21,700 millonesbajo el argumento de una supuesta reducción del gasto gubernamental.

    El caso ha encendido las alarmas sobre el uso ineficiente de fondos públicos y ha generado dudas sobre el impacto de los despidos masivos en áreas clave del Gobierno federal. Analistas advierten que la administración Trump, en su afán de recortar personal, podría estar afectando negativamente la capacidad operativa de servicios esenciales para la ciudadanía.