España y otros veinte países criticaron este martes el fallo de la justicia israelí que avala la orden de expulsión de varias ONG internacionales de Gaza y Cisjordania y denunciaron la «catastrófica» situación humanitaria en Gaza.
«La reciente decisión del Tribunal Supremo de Israel de rechazar el recurso de las ONG sobre la ley de registro es muy preocupante. La ley afectará y limitará severamente su capacidad de responder dentro de los territorios palestinos ocupados, incluido Jerusalén Este», consta en la declaración, difundida por el Gobierno noruego.
Los firmantes -entre los que figuran también Francia, Italia, Reino Unido, Australia, Japón y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib- urgen a Israel a no implementar esa ley «en su forma actual».
La orden de expulsión, anunciada el 30 de diciembre de 2025 por Israel, establecía que las ONG deben dar a las autoridades israelíes «información completa y verificable sobre sus empleados», acusando a estas organizaciones de que «personas afiliadas» a ellas estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas.
Esa ley es parte de «un patrón más amplio de medidas restrictivas» que restringen la respuesta humanitaria, denuncian los firmantes, que recuerdan que las oenegés forman parte de la respuesta humanitaria, junto con la sociedad civil palestina y la ONU, y que proporcionan servicios «esenciales».
«Son organizaciones profesionales y transparentes que desempeñan un papel indispensable en el suministro de ayuda humanitaria y son centrales para la recuperación temprana, los esfuerzos de reconstrucción y la implementación de la resolución 2.803 del Consejo de Seguridad de la ONU», indica el texto.
La declaración resalta que la ayuda humanitaria en Gaza sigue siendo «insuficiente», tanto en cantidad como en calidad, y que casi toda su población depende de servicios vitales.
«A la vez que reconocemos las preocupaciones de seguridad del Estado de Israel, llamamos a Israel, la potencia ocupante en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, a cumplir con sus obligaciones bajo las leyes humanitarias internacionales. El acceso humanitario es innegociable», afirman los firmantes.
