El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un plan de paz para Gaza que ha sido calificado por expertos como un “ultimátum” al grupo islamista Hamás, y no una vía concreta para resolver el conflicto árabe-israelí.
La propuesta, compuesta por 20 puntos, excluye completamente a los palestinos en su elaboración y apuesta por un gobierno de transición encabezado por el propio Trump, acompañado del exprimer ministro británico Tony Blair, sin que se definan plazos ni estructura clara.
El proyecto condiciona cualquier posibilidad de autodeterminación palestina a una serie de reformas en la Autoridad Nacional Palestina bajo supervisión de Israel.
“El plan más que una solución parece un ultimátum a Hamás para que se rinda; de no hacerlo, continúa la amenaza de destrucción de la Franja de Gaza y el genocidio de su población”, advirtió Ignacio Álvarez Ossorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid.
Ni siquiera con el control total del proceso, Israel ha mostrado disposición a reconocer un Estado palestino. Horas después de presentar el plan, Netanyahu reiteró que “rotundamente, no” aceptará la creación de un estado palestino, según lo dijo en un video publicado en redes sociales.
“Sería un milagro que la Autoridad Palestina hiciera todas las reformas que Israel exige”, recordó Max Rodenbeck, director del proyecto Israel-Palestina del International Crisis Group.
Pese a la polémica, varios países de la comunidad internacional han visto con buenos ojos la iniciativa, señalando que podría aliviar la crítica situación humanitaria en Gaza. La región sufre bombardeos diarios, escasez de alimentos y medicinas, y un creciente número de víctimas por hambruna, en su mayoría niños.
Álvarez Ossorio reconoció algunos elementos positivos del plan: “Permitirá la entrada masiva de ayuda humanitaria, rehabilitará infraestructuras destruidas y facilitará la reconstrucción con apoyo de países del Golfo. Además, no plantea expulsiones, lo que mejorará notablemente la situación de la población”.
Sin embargo, alertó que “se vuelven a negar los derechos nacionales del pueblo palestino”, repitiendo un patrón histórico en el que potencias extranjeras toman decisiones sin contar con los propios afectados.
Max Rodenbeck consideró que la propuesta fue diseñada para complacer a distintos actores clave de la región. Egipto y Jordania, preocupados por un posible flujo masivo de refugiados palestinos, habrían recibido garantías de que estos permanecerán en Gaza. A su vez, los países interesados en contratos de reconstrucción y oportunidades comerciales han sido “silenciados” con promesas concretas
. “Francamente, muchos de los vecinos de la región tampoco son amigos de Hamás, así que si esto significa el fin de Hamás, no les preocupa demasiado”, sostuvo Rodenbeck.
Israel, según Álvarez Ossorio, sería el gran beneficiado. “Se han eliminado elementos lesivos para los intereses israelíes, como la retirada total de tropas, y el plan ya no hace mención a la solución de los dos Estados”, señaló.
El documento carece de cronograma, nombres de los integrantes del gobierno de transición, detalles sobre el retiro militar israelí o mecanismos para distribuir ayuda. Tampoco se explicita cuál será el papel de los países árabes e islámicos, pese a la inclusión de una “Fuerza Internacional de Estabilización”.
“No queda claro cómo estarán representados los intereses de esos países en el gobierno de transición, ni cuánto durará ese gobierno”, cuestionó Álvarez Ossorio. Rodenbeck fue aún más directo: “No sabemos exactamente qué se está aceptando. Ni siquiera está claro quién va a estar a cargo, excepto el presidente Trump”.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró el domingo que trabaja en un plan de 21 puntos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las hostilidades en la Franja de Gaza. Sin embargo, el grupo islamista Hamás negó haber recibido dicha propuesta.
En una entrevista con Fox News, Netanyahu señaló que el plan aún no está terminado, pero que espera concretarlo en breve.
“Queremos liberar a nuestros rehenes. Queremos acabar con el dominio de Hamás y desmilitarizar Gaza en el nuevo futuro que se está preparando tanto para Gaza como para los israelíes y para toda la región”, afirmó el líder israelí.
El mandatario describió a Trump como un “aliado increíble de Israel” y destacó que actúa de acuerdo con los intereses de EE.UU. Ambos se reunirán este lunes en la Casa Blanca, tras la Asamblea General de la ONU, en la que varios países reconocieron al Estado palestino, aumentando la presión internacional.
En su red social Truth Social, Trump escribió: “Tenemos una verdadera oportunidad de grandeza en Oriente Medio. Todos están a bordo para algo especial, por primera vez en la historia. ¡Lo lograremos!”.
El expresidente estadounidense ha repetido en los últimos días que el acuerdo entre Israel y Hamás está “muy cerca”.
Hamás rechaza versiones sobre el plan
En contraste, Hamás aseguró este domingo que no ha recibido ninguna propuesta oficial de alto el fuego por parte de Trump. El grupo negó que exista un acuerdo para liberar a rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos, ni tampoco para una retirada gradual de las tropas israelíes, como publicó el diario Haaretz.
El comunicado de Hamás sostiene que Israel continúa ampliando su ofensiva en la ciudad de Gaza y acusa a Netanyahu de no tener intención real de detener la guerra.
Una comisión independiente de la ONU y diversos países han calificado la ofensiva israelí en Gaza como un genocidio, con un saldo superior a 66.000 palestinos muertos, incluidos miles de niños.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que un acuerdo entre Israel y Hamás para la liberación de rehenes y el fin de la ofensiva israelí en Gaza está “muy cerca”.
“Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra”, expresó Trump a periodistas antes de viajar a un torneo de golf en Nueva York.
El mandatario sostuvo que este sería el octavo conflicto que logra cerrar desde que asumió de nuevo la presidencia en enero.
El martes, Trump se reunió en Nueva York con representantes de países árabes y musulmanes al margen de la Asamblea General de la ONU, donde prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada. El próximo lunes, recibirá en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en lo que será su quinto encuentro en lo que va del año.
Ese mismo viernes, Netanyahu intervino ante la Asamblea General de la ONU, donde varias delegaciones abandonaron la sala como gesto de boicot. En su discurso, el líder israelí sostuvo que reconocer al Estado palestino constituye una “recompensa” al antisemitismo y reiteró su intención de “terminar el trabajo” contra Hamás.
Mientras tanto, la ofensiva militar en Gaza continúa bajo críticas internacionales. Una comisión independiente de la ONU y diversos gobiernos han calificado las acciones israelíes como un genocidio, con un saldo de más de 65,200 palestinos muertos, entre ellos más de 19,000 niños.
El lunes 24 de julio de 1944, el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador le envió una nota al embajador estadounidense Walter Clarence Thurston (1894-1974). En ella le expresaba que “la opinión del Gobierno de El Salvador es la de que el Nuevo Orden que surja después de esta tremenda conflagración debe estar basado en la solidaridad e interdependencia de las Naciones todas, sin distinción de fuerza material ni territorial para lo cual será necesario extinguir todo espíritu imperialista, sea de orden político, económico y comercial, pues considera que sólo a base de respeto irrestricto a las soberanías, por débiles y raquíticas que sean, debe levantarse la futura estructura internacional. Opina, asimismo, el Gobierno de El Salvador, que tal estructura internacional debe asemejarse a la Sociedad de las Naciones, sin las deficiencias que ésta acusó en su existencia”.
El Salvador perteneció durante casi 25 años (1923-1937) a la Sociedad de Naciones, surgida tras la Primera Guerra Mundial, conflicto global en el que la más pequeña de las repúblicas centroamericanas adoptó una posición neutral. El 7 de septiembre de 1929, en la localidad suiza de Ginebra, el abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero fue el encargado de colocar la piedra fundacional del Palacio de las Naciones, futura sede de ese organismo internacional que cinco años más tarde sufriría un sobresalto con el reconocimiento salvadoreño al Imperio de Manchukuo fundado por las tropas japonesas en Manchuria (China).
El abogado y diplomático salvadoreño Dr. José Gustavo Guerrero en la colocación de la piedra fundacional del Palacio de la Sociedad de Naciones, en Ginebra, 7 de septiembre de 1929.
Aquella carta del gobierno salvadoreño al embajador Thurston obedecía a una consulta hecha por Estados Unidos respecto a los intereses salvadoreños en cuanto a lo que se esperaba como resultado de las conversaciones diplomáticas que Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China desarrollarían entre agosto y octubre de 1944 en los jardines de Dumbarton Oaks, en la capital estadounidense, cuyos resultados formaron las bases para el la convocatoria y desarrollo de la Conferencia de Paz en el puerto californiano de San Francisco. En ese sentido, el gobierno salvadoreño presidido por el general Andrés Ignacio Menéndez le daba continuidad a lo fijado por la dictadura del brigadier Maximiliano Hernández Martínez, cuando en enero de 1942 se adhirió a los principios fijados en la Declaración de las Naciones Unidas. En ese momento, las Naciones Unidas eran sinónimos de las decenas de países aliados en contra del Eje Berlín-Roma-Tokio.
Entre 1941 y 1943, el régimen martinista no dudaría en aceptar dos millonarios préstamos estadounidenses, orientados a la adquisición de nuevos armamentos y a la construcción del tramo nacional de la Carretera Interamericana o Panamericana, proyectada para que llegara desde Alaska hasta la Patagonia. Ambas iniciativas cumplían con los intereses de la defensa continental frente a los potenciales ataques del Eje y sus quintacolumnistas contra submarinos, barcos de guerra y mercantes e instalaciones estratégicas como el Canal de Panamá, aeropuertos, refinerías, puertos, etc.
En la madrugada del viernes 20 de octubre de 1944, ocurrió algo en San Salvador que dejó a la República de El Salvador en suspenso internacional. Un día antes, los gobiernos aliados firmaron un tratado de paz con Italia, pero la república salvadoreña no envió delegado y no suscribió ese instrumento internacional, por lo que el estado de guerra decretado por la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 1941 aún persiste en su sentido legal. En esa madrugada del 21, un golpe de estado encabezado por el coronel Osmín Aguirre y Salinas derrocó al gobierno provisional del general Menéndez. Estados Unidos retiró al embajador Thurston -llegado al cargo en enero de 1943- y se negó a reconocer a ese régimen de facto, que se mancharía de sangre con la masacre de estudiantes en Ahuachapán en diciembre.
La situación de alejamiento de El Salvador de la esfera de las naciones aliadas concluyó el miércoles 21 de febrero de 1945, cuando el nuevo embajador estadounidense John Farr Simmons (1892-1968) le entregó sus cartas credenciales al coronel Aguirre y Salinas, en una ceremonia efectuada en el Salón de Honor de Casa Presidencial, en el barrio capitalino de San Jacinto. Aquel gesto no era un reconocimiento al gobierno golpista, sino a las elecciones presidenciales, en las que resultaron electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República el general Salvador Castaneda Castro y el médico Dr. Manuel Adriano Vilanova, ratificados en sus cargos mediante el decreto legislativo no. 2 del jueves 15 de febrero. Esos nuevos mandatarios tomaron posesión de sus cargos el primer día de marzo, con la aprobación estadounidense y el reconocimiento creciente de muchos países. Con la urgencia del caso, había que designar a las nuevas autoridades del gabinete y, además, atender una invitación hecha por el embajador Simmons.
El presidente y general salvadoreño Salvador Castaneda Castro, con uno de sus caballos en la Casa Presidencial del barrio capitalino de San Jacinto.
El viernes 2 y lunes 5 de marzo de 1945, sendos decretos del Poder Ejecutivo designaron al abogado Dr. Arturo Argüello Loucel como ministro de Relaciones Exteriores y al escritor y abogado Lic. Miguel Ángel Espino Najarro como subsecretario del ramo, con el veterano diplomático y jurisconsulto Dr. Vicente Reyes Arrieta Rossi como consultor del despacho y del Poder Ejecutivo en general. Una de las primeras acciones fue designar que los titulares, junto con el abogado Dr. Héctor Escobar Serrano, Carlos Adalberto Alfaro y Manuel Francisco Chavarría, fueran los delegados nacionales con plenos poderes en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y la Paz reunida en la capital mexicana. El Lic. Espino Najarro sería removido de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores a fines de ese mismo mes.
Fotografía del abogado y diplomático salvadoreño Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar, suministrada por el sistema de archivos y bibliotecas de la ONU, New York-Ginebra.
El acuerdo del Poder Ejecutivo no. 52 del lunes 19 de marzo de 1945 designó al abogado y diplomático Dr. Héctor Francisco David Castro Gomar (San Salvador, 24/4/1894-San Salvador, 01/4/1973) como embajador extraordinario y enviado plenipotenciario de El Salvador en los Estados Unidos. Con una experimentada hoja de trabajo en el servicio exterior salvadoreño, el Dr. Castro Gomar había renunciado a ese alto cargo el 6 de noviembre del año anterior, como una forma de silente protesta ante el golpe de estado liderado por el coronel Aguirre y Salinas. Como una de sus primeras designaciones en el cargo, el acuerdo del Poder Ejecutivo no. 61 del 3 de abril le ordenó al Dr. Castro Gomar que se incorporara como representante salvadoreño en la junta del Comité de Jurisconsultos de las Naciones Unidas (entiéndase, países aliados) que iniciaría reuniones el 9 de ese mes en la capital estadounidense, para desarrollar un anteproyecto de Corte Internacional de Justicia para someterlo el 25 de ese mismo mes ante el pleno de la Conferencia Internacional en San Francisco. En ese marco se produjo el fallecimiento de Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), 32º Presidente de los Estados Unidos de América y uno de los principales líderes de la lucha contra el Eje y sus quintacolumnistas en América Latina, que lo llevó a ordenar la intervención de bienes y la captura y concentración de alemanes, italianos y japoneses en campos de detención en el sur estadounidense, algo que el régimen martinista salvadoreño cumplió a cabalidad en febrero de 1942, como unas de sus primeras acciones como parte de las naciones aliadas contra el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán y el expansionismo japonés.
Acuerdo del Poder Ejecutivo que nombró a la delegación salvadoreña a la Conferencia Internacional del puerto californiano de San Francisco.
Ese mismo 3 de abril, el acuerdo ejecutivo no. 62 dio un paso trascendental al designar a la representación de El Salvador que debía asistir a la Conferencia Internacional en San Francisco. Como delegados con plenos poderes fueron designados los abogados Dr. Castro Gomar y José Antonio Quirós (San Miguel, 28/4/1888-San Miguel, 22/10/1969), así como al médico Carlos Leiva, un experto en tuberculosis y quien ya había fungido como ministro plenipotenciario y enviado extraordinario de El Salvador en los Estados Unidos a fines de la década de 1920 e inicios de la siguiente.
Como asistentes de esa delegación fueron nombrados José Valle en su carácter de encargado de Prensa y José Francisco Mixco, Director General de Presupuesto del gobierno salvadoreño, a quien se le otorgó una licencia con goce de sueldo para que pudiera cumplir con esa designación, en la que delegaciones de 50 países se reunirían entre el miércoles 25 de abril y el histórico martes 26 de junio de 1945 para trazar las líneas del futuro planetario cuando finalizaran los recios combates en los teatros de operaciones de los frentes europeo, africano y surasiático de la Segunda Guerra Mundial.
Para entonces, el gobierno del general Castaneda Castro ya había aceptado la renuncia interpuesta en octubre de 1944 por el coronel José Arturo Castellanos como cónsul general salvadoreño en Ginebra. Durante dos años y sin darle mayor información a los sucesivos gobiernos de Hernández Martínez y Menéndez, ese militar y diplomático había conducido una operación para suministrar unos inventados certificados salvadoreños nacimiento a más de 50,000 personas perseguidas en diversas partes de la Europa ocupada por los nazis, cientos de las cuales acabaron sus vidas en campos de detención y exterminio. Algunos de esos documentos salvadores llegaron tan lejos como Macao, una antigua posesión portuguesa en China. Ese tipo de gestos solidarios no sería olvidado a la hora de discutir el futuro del mundo en San Francisco, donde el derecho internacional humanitario tendría mucho que decir tras los exterminios masivos de carácter genocida, los bombardeos indiscriminados contra población civil y otros crímenes violatorios de los Tratados de Ginebra para la humanización de las guerras.
Un juez de Bolivia ordenó este viernes la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, procesada por delitos de genocidio y tentativa de genocidio durante las protestas de 2019 que dejaron más de 30 muertos tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
“Por el presente mandamiento, ordena a quien se encuentre en condición de director del Recinto Penitenciario de Miraflores del Departamento de La Paz, a fin de que ponga en inmediata libertad”, señala la resolución emitida por el juez Javier Chuquimia, del Tribunal de Sentencia Penal, según recogió el diario El Deber.
Pese al fallo judicial, Áñez permanecerá encarcelada en la prisión de Miraflores, en La Paz, debido a la condena de diez años que cumple por el caso ‘Golpe II’. La sentencia la responsabiliza de autoproclamarse presidenta en noviembre de 2019 en medio de la crisis política tras las elecciones que derivaron en la renuncia de Morales.
La decisión judicial llega después de que la Justicia boliviana anulara dos procesos en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata, ordenando en su lugar juicios de responsabilidades al tratarse de hechos ocurridos durante su mandato como jefa de Estado.
Áñez, que era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió el cargo, tomó posesión sin consenso parlamentario mientras sectores de la Policía y el Ejército protagonizaban un motín en medio de denuncias de fraude electoral. El caso continúa generando polarización política en Bolivia y presión internacional sobre la independencia judicial.
