El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente cubano Raúl Castro, así como contra cinco empresas señaladas por mantener vínculos con las autoridades de Cuba.
La medida fue adoptada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, como parte de la estrategia de presión impulsada por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano.
Rueda Cardero es esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, quien también fue sancionado a principios de junio junto con el actual mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, y otros familiares de altos funcionarios del régimen.
Las sanciones alcanzan además a cinco empresas consideradas estratégicas para el aparato estatal cubano. Tres de ellas están vinculadas al Grupo de Administración Empresarial (GAESA), el conglomerado económico controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Entre las entidades sancionadas figura Almacenes Universales, una empresa dedicada a servicios logísticos, transporte y almacenamiento que además controla el movimiento de contenedores en el puerto de Mariel, uno de los principales centros comerciales de Cuba.
También fueron incluidas Rafin, encargada de ofrecer servicios financieros al conglomerado militar, y el Banco Financiero Internacional, institución que administra operaciones con empresas extranjeras que mantienen negocios dentro y fuera de la isla.
Por otra parte, Washington impuso sanciones a Geominera, empresa estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y a la siderúrgica José Martí, considerada por las autoridades estadounidenses como el principal productor de acero en bruto de Cuba.
Estas acciones se suman a las medidas anunciadas a comienzos de junio contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia turística Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la empresa minera La Victoria.
La administración Trump sostiene que estas sanciones buscan limitar las fuentes de financiamiento del régimen cubano y aumentar la presión sobre las estructuras políticas y económicas que sostienen al gobierno comunista instaurado en la isla desde 1959.
Además de las sanciones financieras, Washington ha endurecido las restricciones comerciales y energéticas contra Cuba, en un esfuerzo por debilitar la capacidad operativa del Gobierno y promover cambios políticos en el país caribeño.