Las órdenes del gerente del madrileño Hospital de Torrejón -operado por el grupo privado Ribera Salud- para aumentar las listas de espera y rechazar pacientes por criterios económicos o los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía (sur) han evidenciado este 2025 las grietas que la privatización ha abierto en el sistema sanitario español durante tres décadas.
Ambas polémicas han recrudecido la batalla del Gobierno de izquierdas de España con las comunidades gobernadas por el conservador Partido Popular (PP) por la gestión sanitaria, especialmente en Madrid, donde el Ejecutivo regional se niega tajantemente a hacer un registro de objetores al aborto pese a que así lo obliga la ley.
Tres batallas que han llegado a los tribunales, donde partidos de izquierdas, asociaciones y el Ministerio de Sanidad buscan enfrentar las políticas de salud de la derecha.
Desde la otra dirección, el PP ha disparado contra Sanidad por la implantación de la ley ELA, que no consigue despegar pese a su aprobación hace más de un año, o la situación de los médicos españoles, que este año han ido a la huelga en tres ocasiones contra la regulación profesional que prepara el Gobierno para ellos.
La gestión privada de los hospitales, en el punto de mira
La indignación que provocó la publicación de unos audios en los que Pablo Gallart, CEO del grupo Ribera que gestiona el hospital público de Torrejón, pide a los trabajadores del centro que rechacen procesos no rentables aunque eso implicase alargar las listas de espera, puso en tela de juicio el proceso de privatización de los hospitales públicos españoles.
Desde la primera operación de este tipo en 1997, los hospitales de gestión privada suponen ya casi un tercio de toda la red del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras haberse disparado un 36 % en la última década, según datos de Sanidad.
Además, el gasto total en este tipo de centros ha crecido un 84.6 %, hasta los 4,800 millones de euros.
El caso de Torrejón es, para la ministra española deSanidad, Mónica García, paradigma del ‘modus operandi’ del PP, mientras que para la presidenta madrileña, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, que redujo los audios a «rencillas entre directivos», este escándalo es solo otro intento del Gobierno estatal de cubrir su «corrupción».
Sin cifras de afectadas por los cribados de cáncer de mama
La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) llevaba avisando desde al menos enero de 2024 de fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas de varias mujeres en Andalucía, hasta que a finales de septiembre de este año el asunto saltó al foco mediático.
Aunque el escándalo provocó la dimisión de la consejera de Sanidad de la región, casi tres meses después, todavía no hay una cifra definitiva de afectadas: los datos oficiales hablan de 2.317, pero Amama las eleva a 4,000.
El asunto también ha escalado a nivel nacional: Sanidad considera que no ha sido algo puntual, sino que es un problema estructural de la sanidad andaluza, víctima del modelo sanitario del Partido Popular.
Ante el temor de que esos fallos no fueran exclusivos de Andalucía, el Gobierno exigió a todas las comunidades los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, con el objetivo de mejorar su vigilancia. Todas los han entregado menos Madrid, que considera que todavía está «en tiempo» para hacerlo.
99.5 % de abortos en la privada, pero sin registro de objetores
De las 106,172 intervenciones voluntarias del embarazo (IVE) realizadas en 2024, el 78.74 % se hicieron en centros privados, con enormes diferencias por comunidades.
Pese a ser una de las que más abortos deriva a la privada (99.5 %), Madrid se niega en rotundo a hacer «una lista negra» de médicos objetores.
La negativa empujó al Gobierno de España a emprender acciones legales contra la región, cuyo resultado está aún por ver, y llevó al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a proponer una reforma para que la Constitución española incluya el derecho al aborto como ocurre en Francia, una medida que es improbable que prospere