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  • Banco Mundial aprueba $350 millones a El Salvador para finanzas y resiliencia ante desastres

    Banco Mundial aprueba $350 millones a El Salvador para finanzas y resiliencia ante desastres

    El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó este viernes un préstamo de $350 millones para sostenibilidad fiscal y resiliencia ante desastres climáticos.

    El Banco Mundial detalló que la operación incluye una serie de hasta $100 millones, con opción de desembolso diferido ante una catástrofe por desastre natural o de salud que se puede activar tras una declaratoria oficial de emergencia por parte del gobierno.

    Jerson Posada, ministro de Hacienda, aseguró que El Salvador ha dado pasos “firmes” para estabilizar la economía y fortalecer las finanzas públicas, que mejoren la imagen y la confianza en el mercado.

    “Este financiamiento respalda nuestro compromiso con una gestión fiscal responsable, al igual que con la protección de la población ante los crecientes riesgos climáticos. Además, se alinea con los objetivos de gobierno, promoviendo una estabilidad macroeconómica que favorezca la creación de empleos productivos”, sostuvo.

     

    Finanzas públicas

    Uno de los pilares del programa se basa en la sostenibilidad fiscal a través del cual el Banco Mundial apoyará al gobierno en el análisis de medidas para racionalizar la masa salarial pública y modernizar el marco regulatorio del servicio civil.

    Este es uno de los objetivos perseguidos con el programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo programa establece que la reforma integral del servicio civil se debe publicar en septiembre próximo y se presentará para su aprobación en 2026.

    “Nuestro compromiso es apoyar la sostenibilidad fiscal, a través de una gestión pública más eficiente, y la atracción de inversión privada para generar empleos de calidad y servicios más efectivos”, añadió Carine Clert, gerente de país del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica.

    Además, respaldará acciones para aumentar la eficiencia de la inversión pública y atraer fondos privados para infraestructura mediante las asociaciones público-privadas o de economía mixta.

    La segunda línea de trabajo del préstamo contempla medidas para que el país esté mejor preparado ante emergencias climáticas. Este pilar incluye una planificación metropolitana resiliente en San Salvador que beneficiará a 200,000 personas con espacios verdes que mitigan el calor extremo e inundaciones.

  • Más de 700 inspectores se desplegarán para verificar cumplimiento de derechos laborales durante asuetos vacacionales

    Más de 700 inspectores se desplegarán para verificar cumplimiento de derechos laborales durante asuetos vacacionales

    Más de 700 inspectores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) se desplegarán para verificar el cumplimiento de los derechos laborales durante el asueto vacacional.

    El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dio esta mañana el banderazo de salida con el fin de que se respeten los derechos de los trabajadores durante la primera semana de agosto.

    El área de prensa del Ministro de Trabajo recordó que el 3 y el 5 de agosto será asueto en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador centro, mientras que el 6 de agosto será asueto a nivel nacional.

    “Nosotros vamos a aplicar la justicia, porque en la medida que se aplica estrictamente el apego a la ley”, indicó Castro en conferencia de prensa.

    Por su parte, para el sector público la vacación comprende del 1 al 6 de agosto. El MTPS recordó que en caso de trabajar en cualquiera de estos días de asueto deberá remunerar un 100 % del salario.

    El ministro indicó que las inspecciones se realizarán en los 14 departamentos del país, con el fin de garantizar todo el proceso vacacional.

    Sectores en foco

    Castro dijo que el sector financiero es uno de los que están en la mirada durante la jornada de inspecciones, principalmente porque han recibido reportes de que algunos trabajan hasta 14 horas por día.

    “(Son) 14 horas a cambio de no pagar un centavo remunerado de forma extraordinaria ,ese es un rubro de los cuales vamos a inspeccionar de forma rigurosa”, añadió el funcionario.

    El ministro de Trabajo aseguró que las denuncias del sector bancario se suman a las de seguridad privada.

    El gobierno recordó que entre un 90 % y un 95 % del tejido productivo cumple con las normativas laborales nacionales e internacionales, mientras que el resto no lo hace.

  • Vicepresidente y varios ministros de Costa Rica renuncian para participar en elecciones 2026

    Vicepresidente y varios ministros de Costa Rica renuncian para participar en elecciones 2026

    El vicepresidente de Costa Rica, Stephan Brunner, junto con cuatro ministros y dos presidentes de instituciones públicas, presentaron su renuncia este miércoles, en el marco del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de febrero de 2026.

    “He recibido la renuncia de siete miembros del equipo de trabajo del Gobierno, gente muy importante que ha decidido separarse para buscar otros horizontes”, expresó el presidente Rodrigo Chaves durante su conferencia de prensa semanal. Las dimisiones se producen un día antes del vencimiento del plazo legal que obliga a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo a renunciar si desean postularse a cargos de elección popular en los próximos comicios.

    Con la salida de Brunner, el Ejecutivo quedará con una sola vicepresidencia, la cual seguirá bajo la responsabilidad de Mary Munive, quien también ocupa el cargo de ministra de Salud.

    Renuncias clave en el gabinete costarricense

    Los ministros que dejaron sus funciones son: Nogui Acosta (Hacienda), Marta Esquivel (Planificación y Política Económica), Ángela Mata (Vivienda) y Cindy Quesada (Condición de la Mujer). Además, renunciaron Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social de San José, y Juan Manuel Quesada, titular del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA).

    El presidente Chaves agradeció a todos los funcionarios salientes por su entrega, compromiso y servicio al país. “Les entendí perfectamente, respeto sus decisiones y admiro su deseo de seguir sirviéndole a Costa Rica desde otros espacios”, manifestó.

    Chaves aseguró que, pese a ser “salidas sensibles”, confía en que el Gobierno mantendrá la calidad del servicio público y la continuidad de las políticas estatales. “Estos funcionarios demostraron que en Costa Rica se puede gobernar con el pueblo en el corazón”, agregó el mandatario.

    En Costa Rica, la reelección presidencial inmediata está prohibida, por lo que los aspirantes deben cumplir plazos estrictos para dejar sus cargos si desean participar en las elecciones. El presidente Chaves comentó que en algún momento consideró renunciar para aspirar a una diputación, pero finalmente concluyó que su aporte es más valioso desde la presidencia.

     

  • Sindicato critica proceso de elección de representantes ante el Consejo Superior del Trabajo

    Sindicato critica proceso de elección de representantes ante el Consejo Superior del Trabajo

    La Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) criticó este martes el proceso de elección de los representantes del Consejo Superior del Trabajo (CST).

    Sonia Viñerta, parte de la Confederación, explicó que el llamado a participar en la elección del CST debe venir del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS); sin embargo, aseguró que se usó como excusa las credenciales que mantienen en trámite para no recibir la solicitud.

    “El llamado a participar en la elección del Consejo Superior del Trabajo con el MTPS en su actual convocatoria es antidemocrática porque, aún cuando federaciones y confederaciones estén activas, se utilice el argumento de credenciales para no enviarles el formulario cuando es el MTPS que las retrasa a conveniencia”, indicó Viñerta este martes.

    Viñerta dijo que el CNTS fue excluido de participar así como otras federaciones que no recibieron la convocatoria.

    La Confederación de Trabajadores también lamentó que el ministerio “tutelara” las propuestas de representación, en lugar de que las centrales sindicales las presentaran, “ilegitimando” el proceso.

    La secretaria general del CNTS, Guadalupe Centeno, recordó que desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se increpó al ministro de Trabajo, Rolando Castro, por mantener inactivo al CST, sin elección de sus integrantes.

     

    Papel en el ámbito laboral

    Los sindicalistas catalogaron el consejo como una instancia “clave” y estratégica para el desarrollo del país, la democracia y el respeto a los derechos humanos laborales, pues está constituido como un ente tripartito que incluye ocho miembros propietarios y ocho suplentes en los sectores gubernamental, empleador y trabajador.

    La normativa laboral establece que los miembros del sector trabajador son designados por las federaciones y las confederaciones sindicales inscritas en el MTPS.

    Por su parte, tras una reforma este año, la elección de los miembros del sector empleador cambió y se eliminó la mención expresa de ocho entidades.

    Desde 2025, los representantes deberán ser designados por organizaciones de empleadores legalmente inscritas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación.

    Entretanto, el ministro dijo este lunes que el país “ya tenía” un Consejo Superior del Trabajo, tras la elección de los miembros por parte del sector trabajador y empleador. Además, aseveró que próximamente se instalará el ente tripartito.

    Centeno aseguró que, pese a la activación del CST, el gobierno no ha resuelto uno de los aspectos principales que se denunció ante la OIT, centrado en el despido de dirigentes sindicales, contratos colectivos “truncados” y “diezmar” sindicatos.

    El CNTS se desmarcó de la representación sindical que se ha establecido en el CST para el sector trabajador, así como de las decisiones que empujen a un retroceso de los avances laborales que el país ha logrado.

    Viñerta hizo un llamado a la clase trabajadora y organizaciones independientes para vigilar las acciones que se tomen en el consejo y que perjudiquen al país.

  • Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Un grupo de afectados del desfalco millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (Cosavi de R.L.) han decidido enviar una tercera carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar, nuevamente, que la entidad tome en cuenta su caso como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo de $1,400 millones con el gobierno salvadoreño.

    Esta es la tercera carta que los afectados Cosavi envían al FMI y específicamente solicitan “la inclusión de criterios de desempeño para transparencia y medidas anticorrupción en la administración financiera de Cosavi en la próxima revisión del acuerdo stand-by con El Salvador”.

    “Es nuestra tercera nota al Fondo, para que considere el caso Cosavi como un caso de corrupción, un caso de manejo oscuro desde la gestión pública, dado que la Superintendencia del Sistema Financiero tiene secuestrados nuestros ahorros; es el Estado salvadoreño a través de la SSF, y reiterarle al Fondo nuestra solicitud para que el caso Cosavi sea incluido como un indicador de cumplimiento, es decir, que si el Fondo finalmente decide incluirlo, entonces el gobierno tendrá que resolver el caso si quiere seguir recibiendo las erogaciones de los $137 millones que se han anunciado”, explicó Juan José Ortiz, vocero de los afectados.

    Los socios defraudados también reiteraron que el mecanismo de entregar el dinero por capas no funciona, en primer lugar, porque a penas van en la capa de $45,000, que fue anunciada el 30 de abril pasado, según dijo el presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores.

    “Lastimosamente, la información que fluye de la SSF para con nosotros los afectados Cosavi es mínima, por no decir nula, por tanto ni tenemos un dato exacto del número de beneficiados con esas famosas capas, ese sistema de capas no nos beneficia en nada. La cooperativa mantenía un margen arriba de los $50,000 en ahorros por socio. Exigimos a la SSF, al gobierno, a la Fiscalía información de qué pasó con nuestros ahorros, ya pasaron tres meses que la señora Evelyn Gracias anunciara esa capa de los $45,000, ¿cuántos han sido beneficiados? No lo sabemos”.
    Presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores

    El afectado también criticó que aunque la persona esté dentro de las capas, entre $1,000 y $45,000, no le entregan su dinero si no se le ha vencido el plazo, “peor si es certificado de aportación”, el otro cuestionamiento que hacen es que desde hace más de un año no están recibiendo intereses, cuando Cosavi sigue cobrando intereses “entonces ¿dónde está todo ese dinero”, pregunta Flores.

    ¿Qué piden al FMI?

    Dentro de esta solicitud específicamente le piden al Fondo que le condicione al gobierno, para la segunda revisión del acuerdo stand-by que haga una publicación periódica y transparente del avance en la resolución del caso Cosavi, garantizando la devolución efectiva de fondos a los ahorrantes.

    También la creación de un fideicomiso independiente para asegurar el pago rápido y efectivo a socios y tenedores de certificados de aportación, y que el gobierno quite la reserva de información por siete años, que han impuesto en el caso Cosavi.

    Como cuarto criterio, piden que el gobierno acceda al diálogo con los afectados, para que estos sean escuchados por la Superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, que a un año y dos meses de haberse revelado el desfalco nunca ha accedido a una reunión con los socios de la cooperativa.

    La carta será enviada este martes por la tarde, dirigida al señor José Torres, quien se encarga de políticas macroeconómicas y del sector fiscal del FMI.

    Los afectados tienen la “esperanza” de “convencer al fondo” que acepte incluirlos como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo con el gobierno, sin embargo, aseguran que agotarán todas las instancias posibles para hacerse escuchar y lograr que el gobierno les devuelva su dinero “nosotros no vamos a desistir, vamos a seguir luchando por nuestros ahorros, no somos delincuentes, ni opositores, solo exigimos que nos devuelva nuestro dinero, es dinero lícito y es producto de una vida de trabajo de miles de personas”, recalcó Ortiz.

  • El Estado redujo en un 8% la planilla de empleados públicos en 2024, según estudio

    El Estado redujo en un 8% la planilla de empleados públicos en 2024, según estudio

    Los empleados públicos se redujeron en un 8 % en 2024, reveló una publicación de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

    El documento, divulgado a mediados de este mes, retoma el informe de Estadísticas sobre Recursos Humanos del Gobierno de El Salvador, publicado por el Ministerio de Hacienda, en el cual se señala que, al cierre del año pasado, 161,453 personas laboraban en el sector público.

    Esta cifra es menor en 14,330 plazas, principalmente de ministerios y dependencias de la dirección del Órgano Ejecutivo.

    Los datos confirman una caída tanto en los hombres como en las mujeres. Ormusa señaló que las trabajadoras se redujeron en un 7 % entre 2023 y 2024, al pasar de 89,405 personas a 83,440.

    La mayor caída se reportó en el empleo masculino, porque en los últimos dos años las plazas se redujeron de 86,378 a 78,013 personas.

    “Se evidenció una reducción del 10 % de hombres. Los datos reflejan 8 % menos en el número total de plazas laborales en el sector público”, indicó Ormusa.

    El documento de Ormusa indica que estas estadísticas excluyen al personal del Ministerio de Defensa, Órgano Judicial y el Legislativo, así como la Corte de Cuentas de la República (CCR) y las empresas públicas.

     

    Sectores

    Ormusa aseguró que en 2024 la mayor baja vino de empleados administrativos, que reportaron una reducción de un 18.26 %, tras pasar de 36,579 personas a 29,899.

    El segundo rubro más perjudicado fue servicio, que cayó un 10.79 %, seguido del docente en un 9.39 %, y del área técnica en un 5.19 %.

    “Las únicas categorías que registraron aumento en el número de plazas fueron seguridad y ejecutivo”, señala Ormusa.

    En cuanto a la edad de los trabajadores, la reducción se produjo en todos los grupos etarios.

    A nivel de perfiles, Ormusa plantea que un 11 % del personal del sector público no supera los 30 años, mientras que un 51 % tiene de 31 a 50 años y un 38 % tiene más de 50 años.

  • El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El gobierno daría estos beneficios fiscales a personas y empresas que contraten a salvadoreños retornados

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, que incluye incentivos fiscales para empresas y personas que contraten a salvadoreños retornados. El objetivo principal es promover la reinserción laboral de connacionales que regresan al país.

    El anteproyecto contempla que el Ministerio de Trabajo creará un registro oficial denominado “Empleos para Salvadoreños Retornados”, con el fin de identificar oportunidades laborales dirigidas a quienes fueron deportados o decidieron regresar voluntariamente a El Salvador.

    Según el texto de la iniciativa, las personas naturales o jurídicas que contraten a salvadoreños retornados podrán acceder a deducciones del impuesto sobre la renta, dependiendo de la cantidad de empleados contratados bajo esta modalidad.

    Las empresas deberán cumplir con requisitos como estar al día con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, y haber operado en el sector formal durante al menos seis meses previos a la solicitud.

    Entre los beneficios fiscales que contempla la ley se encuentran:

    • Deducción equivalente a tres salarios mínimos legales vigentes si contratan entre dos y seis personas retornadas.
    • Deducción de cuatro salarios mínimos si contratan entre siete y doce.
    • Deducción de cinco salarios mínimos si emplean a más de trece personas retornadas.

    Estos incentivos solo aplicarán en el año fiscal en que se realicen las contrataciones y siempre que se compruebe el pago efectivo de los salarios acordados, ya que no serán acumulables para ejercicios fiscales posteriores.

    La fiscalización y control de las deducciones estará a cargo del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley será evaluado por la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

     

     

  • Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    Gobierno propone incentivos de hasta $100,000 para la diáspora en nueva ley

    El Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, con el fin de establecer un marco legal que incentive el retorno o establecimiento temporal de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales de hasta $100,000.

    La normativa contempla la creación del Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, que será responsable de diseñar la Política Nacional sobre Movilidad Humana y coordinar programas públicos de asistencia, así como gestionar cooperación internacional en esta materia.

    Entre los principales beneficios que ofrece la iniciativa se encuentra la exención total de impuestos para la importación del menaje de casa del grupo familiar, por única vez, siempre y cuando el valor no supere los $100,000. Además, permite la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos para uso personal, con la condición de que no sean considerados chatarra.

    También se contempla la importación de vehículos de trabajo, catalogados como herramientas laborales, y la exención de aranceles para bienes, insumos, equipos y herramientas relacionadas con el oficio o actividad productiva del retornado, dentro del primer año de su regreso al país.

    Para acceder a estos beneficios, los salvadoreños deberán presentar una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, establecer un domicilio en El Salvador y realizar la modificación respectiva en su Documento Único de Identidad (DUI). Quedan excluidos quienes tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

    Con la aprobación de esta nueva ley, se derogará la actual Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales por hasta $70,000 en menaje de casa.

  • Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas opositoras cuestionan falta de transparencia en funcionamiento de agromercados

    Diputadas de los partidos de oposición Arena y Vamos cuestionan la falta de transparencia en el funcionamiento de los agromercados que forman parte del plan económico de este gobierno para este quinquenio y además lo que consideran el nulo apoyo a los productores nacionales.

    El miércoles 23 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó orientar $20 millones al MAG, para crear y fortalecer nuevos agromercados y una nueva central de abastos, pero la iniciativa explica mayores detalles.

    “Lo legal es que en ese decreto que se aprobó, se especificara a cuáles agromercados se fortalecerá y cuáles se crearán, para que la población conozca y no hacer mal uso de los fondos asignados y otro problema es que no hay una política pública que desarrolle la agricultura en el país y no se les ha apoyado a los agricultores, no ha habido un apoyo real”, cuestionó la diputada Villatoro.

    Por su parte, la diputada suplente de Vamos, Cesia Rivas, dijo que a un año que se anunciaron los agromercados como parte del despegue económico y con una asignación que ya suma más de $50 millones, no se puede dejar de lado que no ha habido una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

    “Falta esa rendición de cuentas, no sabemos en qué se está gastando el dinero, por un lado y por otro qué se está haciendo en favor de nuestros agricultores, porque si bien hay cierto alivio económico para la gente, pero debe haber claridad. Se debe transparentar, rendir cuentas, decir hacia dónde se está yendo el gasto público, el tiempo de ejecución”, aseveró Rivas.

    Toda esta problemática, aseguran las legisladoras que es una de las consecuencias de tener a un ministro de agricultura que “desconoce” del tema.

    “Esta es la importancia de tener un buen ministro que esté en la cartera de Agricultura, porque si conociera como funciona la producción nacional y mejorarla y apoyarla, no tendríamos la necesidad de estar buscando productos afuera, pudiendo nosotros producir en nuestro país”, señaló Villatoro.

    En esta misma sintonía Rívas critica que “qué se puede esperar de un ministerio donde han pasado varios ministros y que haya alguien sin competencias, sin claridad nos pasa factura a todos y por eso vemos que no se ataca la raiz del problema, que es no tener soberanía alimentaria ya que tenemos un ministerio que se preocupa más de publicidad y no de llegar con los agricultores y fomentar nuestra producción”, recalcó la diputada de Vamos.

    Actualmente, según datos del gobierno, existen en el país 61 agromercados a nivel nacional.

  • Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencia de CIDH sobre defensores de DDHH

    El Gobierno de El Salvador se negó a participar este miércoles en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por estar en desacuerdo con el título de la sesión pública, en la que organizaciones humanitarias denunciarían la detención, persecución y exilio de activistas.

    La comisionada Andrea Pochak señaló que el Gobierno de Nayib Bukele avisó su declinación momentos antes del inicio de la sesión mediante una carta.

    «(El Salvador) expresa su preocupación por el título de la audiencia, ya que considera que el mismo ya contiene un sesgo inherente, sugiriendo que la CIDH da por ciertos los señalamientos de la solicitud de los peticionarios», dijo El Salvador, según indicó Pochak.

    Agregó que El Salvador manifestó que esto «es incompatible con el principio de soberanía nacional, pues somete de manera anticipada al Estado frente a argumentos meramente especulativos y no comprobados».

    La referida audiencia pública se tituló ‘El Salvador: Consecuencias del cierre del espacio cívico para las personas defensoras de derechos humanos’.

    Esta no es la primera vez que el Gobierno salvadoreño se niega a participar en audiencias de la CIDH, según explicó Pochak, ya que declinó en al menos seis sesiones entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023.

    Recientemente, la organización Cristosal anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador a raíz de una «escalada represiva» contra activistas por el Ejecutivo de Nayib Bukele.

    En tanto, otras organizaciones han dejado de expresarse públicamente como medida de seguridad o han reducido sus acciones ante la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros y la reducción de la cooperación internacional.

    El Gobierno de Bukele ha recibido críticas en las últimas semanas por las detenciones de al menos cinco activistas y críticos de su Administración.

    Entre estos se encuentra la abogada anticorrupción Ruth López, reconocida en 2024 por la BBC como una de las mujeres más influyentes, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el abogado ambientalista Alejandro Enríquez, el pastor y líder comunitario José Ángel Pérez y el portavoz de una organización humanitaria Fidel Zavala.

    También se conoció la salida de la activista y directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, tras conocer sobre una posible «detención arbitraria» en su contra.