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La Corte Suprema de Brasil reafirmó el miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro enfrentará un juicio justo, luego de confirmar la existencia de «indicios graves» en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. La declaración llega en respuesta a las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidoscontra el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso judicial.

“El Supremo Tribunal Federal no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo”, señaló el alto tribunal en un comunicado oficial.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky al magistrado De Moraes, acusándolo de liderar una campaña de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Entre los supuestos afectados se encuentra el propio Bolsonaro, uno de los líderes de derecha más influyentes de América Latina.

Sin embargo, el Supremo brasileño respondió que los delitos imputados —como la conspiración para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva— deben ser juzgados exclusivamente por las autoridades nacionales. El tribunal recordó que la Fiscalía brasileña ha acusado a Bolsonaro y a 33 personas más, basándose en audios, documentos y testimonios, donde incluso se menciona un plan para asesinar autoridades públicas.

Las medidas adoptadas por De Moraes contra Bolsonaro, como la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales, han sido confirmadas por decisión colegiada del Supremo Tribunal Federal. La Corte recalcó que estas acciones se ajustan al marco legal brasileño y no constituyen persecución política.

EE. UU. congela bienes del magistrado, pero sin impacto aparente

Las sanciones impuestas por EE. UU. bloquean cualquier activo que De Moraes pudiera tener en territorio estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos norteamericanos. Aun así, medios brasileños reportaron que el magistrado no posee cuentas ni propiedades en Estados Unidos. La semana pasada, también se le revocó la visa a él y a sus familiares cercanos.

Este nuevo roce diplomático entre Brasil y Estados Unidos ocurre mientras se intensifica la presión internacional sobre el proceso judicial contra Bolsonaro. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes del continente, al implicar temas como democracia, Estado de derecho y relaciones bilaterales. Observadores regionales, incluidos sectores en Panamá, El Salvador y Costa Rica, siguen con atención su desarrollo, dada la influencia política y económica que Brasil ejerce en América Latina.