Amnistía Internacional emitió este miércoles una carta dirigida a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para pedir que cumpla con sus facultades para realizar visitas regulares y rigurosas a Ruth López para verificar su salud y las condiciones en las que se encuentra.
En una carta firmada por la directora regional de Amnistía Internacional, Ana Piquer, pidió a la procuradora, Raquel Caballero de Guevara, que ejerza sus funciones constitucionales para realizar verificaciones y supervisiones de la salud y condiciones en las que se encuentra Ruth López, a través de visitas regulares y rigurosas.
En ese sentido, Piquer aseguró que los resultados de esas verificaciones deben realizarse «con un lenguaje institucional cuidado» en el que no se usen descalificaciones, sin minimizar riesgos y evitando «cercanía con narrativas estatales» que pudiesen «poner en duda la independencia de su cargo».
El mes pasado, la procuradora Caballero de Guevara participó en una entrevista, donde dijo que López se encuentra recluida en la Granja Penitenciaria de Izalco y que ha verificado sus condiciones. «Saben una cosa, que quiero ir, quiero ir otra vez, para ver si me logran planchar a mi el pelo así, como ella lo anda, porque ella ha decidido estar en cosmetología, porque así como ella lo anda planchado, quiero andarlo yo también y no lo digo en son de broma», dijo en ese momento.
Ruth López, quien guarda prisión desde el 18 de mayo, fue reconocida por Amnistía Internacional como «prisionera de conciencia» en un proceso judicial que el organismo internacional ve con ausencia de garantías, denuncias de restricciones al acceso a su defensa y preocupaciones sobre su integridad.
«Queremos expresar nuestra seria preocupación porque la actuación pública de la institución a su cargo —y, en particular, en relación con el caso de la Sra. López— no refleja la diligencia, el enfoque de prevención, ni la centralidad de la víctima que exige su mandato constitucional». Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional.
En ese sentido, Piquer solicita a Caballero que emita pronunciamiento sosteniendo un enfoque de protección y evitando expresiones o valoraciones que puedan ser consideradas «minimización del riesgo o deslegitimización de denuncias».
Asimismo, Amnistía pide rendición de cuentas en las actuaciones que la PDDH realice sobre el caso de López y le piden que la PDDH actúe con independencia y autonomía, además, de no alinearse a discursos que puedan comprometer «su función de control» ante posibles «violaciones cometidas por agentes estatales».
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de López por considerar que se encuentra en una situación de «gravedad y urgencia» mientras puede sufrir daños irreparables en sus derechos a la vida, integridad personal y salud.
López es acusada por la Fiscalía General de la República por supuestamente haber participado en la extracción de fondos del Estado con Eugenio Chicas cuando esté fue presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En junio, el Juzgado Décimo Segundo de Paz decretó prisión provisional en su contra.
