El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU para Nicaragua denunció este lunes en Ginebra que las violaciones en ese país no han disminuido, sino que se intensificaron y diversificaron incluso fuera de sus fronteras, en un esquema que, según sus hallazgos, también se sostiene con recursos desviados de fondos destinados originalmente a servicios sociales.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, el presidente del Grupo de Expertos, Jan-Michael Simon, afirmó: «Hemos documentado la conexión funcional entre la estructura paralela del partido Sandinista en el Estado, el desvío de fondos públicos, su encubrimiento contable y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua».
Simon agregó: «La documentación en nuestra custodia apunta a que en Nicaragua la corrupción no es solo un producto de la codicia. Es mucho más que eso, es una herramienta institucional de financiación encubierta para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra una parte considerable de la población». También detalló que entre las evidencias reunidas figuran «registros presupuestarios, comprobantes de pago y correos electrónicos».
El grupo sostuvo que su deber «es dar voz a quienes han sido y siguen siendo silenciados» en Nicaragua, un país que, según expuso, salió desde hace tiempo del foco mediático internacional en medio de la crisis geopolítica global y de las tensiones en otros países de la región, como Venezuela y Cuba.
El presidente del mecanismo también alertó sobre el «aumento y diversificación de los perfiles de las víctimas, lo que refleja el alcance de la persecución estatal». Entre los afectados mencionó a estudiantes, defensores de derechos humanos, feministas, periodistas, abogados, líderes y activistas políticos, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y miembros de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas.
Uno de los principales objetivos de las violaciones planeadas por el aparato estatal ha sido, según Simon, «disuadir, castigar y silenciar a nicaragüenses en el extranjero e impedir la oposición política organizada». Añadió que a los familiares que permanecen en Nicaragua se les detiene arbitrariamente, se les confiscan bienes y se les impide salir del país, en acciones dirigidas a provocar «autocensura y aislamiento social».
Simon pidió al Gobierno nicaragüense que desmantele ese aparato de represión y permita el ingreso sin restricciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos. La delegación diplomática acreditada ante la ONU en Ginebra no estuvo presente en la sala durante la exposición, por lo que no fijó postura frente a los señalamientos.
En la ronda de comentarios, un delegado de la Unión Interparlamentaria abordó la situación del congresista y líder indígena Brooklyn Rivera Bryan y de su suplente Nancy Henríquez James. Sobre Rivera, la UIP señaló que «la falta de información oficial sobre su paradero, su estado de físico y situación jurídica es sumamente alarmante», mientras que en el caso de Henríquez expresó preocupación por su privación de libertad, sus condiciones de detención, la falta de garantías legales y su delicado estado de salud.
Al referirse a esos casos, el experto Reed Brody sostuvo que las detenciones arbitrarias son una «herramienta de control central» del gobierno y afirmó que las víctimas son aisladas, permanecen incomunicadas y no reciben atención médica. «En muchos casos, esto implica tratos crueles y degradantes que pueden constituir tortura», indicó. También denunció desapariciones forzadas, dijo que se desconoce el destino de once personas detenidas arbitrariamente y reclamó a las autoridades «pruebas» de que Rivera Bryan sigue vivo.