Quince países del continente, incluido El Salvador, anunciaron el martes su intención de aplicar sanciones contra 24 organizaciones señaladas como narcoterroristas, con medidas financieras, migratorias y penales que cada gobierno implementaría de acuerdo con sus obligaciones internacionales y legislación interna. El acuerdo constituye la primera acción conjunta anunciada bajo el Escudo de las Américas.
Entre las bandas a perseguir figuran la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que operan en El Salvador, Estados Unidos, México y otros países centroamericanos.
Una de las principales medidas consiste en el congelamiento de activos vinculados con las organizaciones incluidas en el listado. Su aplicación dependerá de las facultades legales y procedimientos existentes en cada uno de los países participantes.
El segundo componente de las sanciones se concentra en materia migratoria. Los gobiernos expresaron su intención de imponer restricciones migratorias y de visas a miembros, asociados y partidarios de los grupos señalados.
La tercera medida contempla responsabilidad penal para las personas que conscientemente proporcionen apoyo material a estas organizaciones, incluido apoyo logístico. El acuerdo deja abierta la posibilidad de adoptar otras medidas contra los grupos.
Las acciones se enfocarán inicialmente en 24 organizaciones: Además de la MS-13 y el Barrio 18, figuran las bandas venezolanas El Tren de Aragua y el Cartel de los Soles. Los grupos narcotraficantes mexicanos: Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Los Viagras y Cartel de Juárez (La Línea).
En el listado también figuran las bandas haitianas Gran Grif, Viv Ansanm y las brasileñas Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho. También aparecen las bandas colombianas Clan del Golfo, disidencias de las FARC y ELN, así como los grupos ecuatorianos Los Tiguerones, Los Lobos, Los Choneros, y Chone Killers. Completa la lista la banda peruana Sendero Luminoso.
El acuerdo fue respaldado por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Además de las sanciones, estos gobiernos pretenden ampliar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad y fortalecer la capacitación de personal.
Los participantes también pretenden trasladar la iniciativa al ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Para ello, anunciaron que buscarán presentar una solicitud conjunta al presidente del Consejo Permanente para convocar una reunión de consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con miras a analizar acciones colectivas contra estas organizaciones.
El anuncio, por tanto, establece el marco de las sanciones que los países pretenden impulsar, pero no significa que todas hayan entrado automáticamente en vigor en los 15 Estados. Su alcance, procedimientos y aplicación dependerán de las normas de cada país, mientras los participantes buscan coordinar posiciones y medidas contra las 24 organizaciones incluidas en la declaración.