La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes una primera partida de $15.5 millones para comenzar la construcción de una nueva cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador. El proyecto contempla espacio para 5,000 reos y una inversión total de $35 millones, de los cuales el resto será incluido en el presupuesto estatal de 2026.
La iniciativa, respaldada por el presidente Rodrigo Chaves, surge como respuesta a la crisis de hacinamiento carcelarioy al incremento de la violencia vinculada al narcotráfico. Según el Ministerio de Justicia, el centro contará con 1,000 espacios de máxima seguridad, diseñados con apoyo técnico de El Salvador en planos y procesos constructivos.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) advirtió a inicios de agosto sobre la “grave situación” del sistema penitenciario costarricense, que registra un hacinamiento del 29.5 %. En total, la capacidad real es de 13,666 plazas, pero actualmente hay 17,692 internos. La situación es más crítica en cárceles de hombres adultos, donde la sobrepoblación alcanza el 42.9 %, frente a un 6.6 % en centros para mujeres.
El Gobierno costarricense justifica la necesidad de la cárcel al señalar que más del 70 % de los homicidios en el país están vinculados a disputas entre grupos de narcotráfico. En 2024, Costa Rica registró 880 asesinatos, la segunda cifra más alta de su historia, con una tasa de 16.6 por cada 100,000 habitantes. Un año antes, en 2023, el país alcanzó un récord de 905 homicidios, un aumento del 38 % respecto a 2022.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema del país, según las encuestas, superando a la pobreza, el desempleo y el costo de la vida. El presidente Chaves ha responsabilizado al Poder Judicial, al que acusa de liberar a sicarios y narcotraficantes mediante medidas alternativas a la prisión, y al Poder Legislativo, por mantener leyes que califica de “garantistas” y “suaves”.