El Gobierno de Perú, presidido por Keiko Fujimori, autorizó el domingo la intervención de las Fuerzas Armadas en cinco centros penitenciarios declarados en emergencia, con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir las actividades de organizaciones criminales que operan desde las cárceles. La medida responde al hacinamiento y a la presencia de reclusos considerados de alta peligrosidad.
La disposición quedó establecida en el decreto legislativo 1742, publicado en el diario oficial El Peruano, que permite la participación excepcional y temporal de militares en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). Los efectivos colaborarán en labores de inteligencia, logística y operaciones tecnológicas destinadas a impedir el ingreso de armas y otros objetos prohibidos.
Entre las principales acciones previstas se encuentra la utilización de tecnología para neutralizar drones y bloquear comunicaciones clandestinas utilizadas por los reclusos. Las autoridades buscan impedir que integrantes de organizaciones delictivas mantengan contacto con sus estructuras criminales fuera de los establecimientos penitenciarios y continúen coordinando actividades ilegales desde prisión.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que esta es la primera disposición emitida por el Ejecutivo después de que el Congreso le otorgara, el pasado 21 de octubre, facultades para legislar directamente durante 90 días en materia de seguridad ciudadana y atención a los efectos del fenómeno climático de El Niño. El Gobierno considera que la participación militar permitirá fortalecer los mecanismos de control en los establecimientos penitenciarios más vulnerables.
«Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra. Sumamos a las Fuerzas Armadas a la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior», afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, al defender la nueva normativa.
El sistema penitenciario peruano enfrenta una crisis de sobrepoblación, debido a que en agosto de 2026 albergaba a más de 107,000 personas privadas de libertad, pese a contar con una capacidad instalada para aproximadamente 42,000. Esto representa una ocupación superior al 250 % de su capacidad, situación que dificulta las labores de vigilancia y el control de los internos.
A esta problemática se suma la presencia de 494 reclusos vinculados con 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua, según datos de la PCM. «A este hacinamiento se suma la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua, cuyo perfil delictivo exige condiciones reforzadas de máxima seguridad y aislamiento para evitar que sigan operando», sostuvo la institución.
La intervención militar se aplicará en las prisiones de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y El Milagro, en La Libertad, cuyos estados de emergencia fueron ampliados hasta enero de 2027. Como parte de las medidas para enfrentar la crisis penitenciaria, el Ejecutivo también anunció la construcción de dos nuevas cárceles en Huacho, al norte de Lima, con el propósito de reducir el hacinamiento y fortalecer el combate contra las estructuras criminales.