Un tribunal de segunda instancia en Argentina confirmó el martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción vinculados a la contratación irregular de seguros desde organismos estatales, que habrían favorecido al esposo de su secretaria privada.
La decisión fue emitida por la Cámara Federal de Buenos Aires, que ratificó el fallo dictado en julio por el juez federal Sebastián Casanello. Para los magistrados de alzada, hubo “participación directa” del entonces mandatario en la red de beneficios irregulares.
Fernández fue procesado bajo el cargo de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tipificado en el Código Penal argentino, con penas que van de uno a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En este expediente judicial también están implicadas otras 33 personas, entre ellas el bróker de seguros Héctor Martínez Sosa, señalado como beneficiario de las contrataciones, y su esposa, María Cantero, quien fue asistente privada del exmandatario.
La causa gira en torno a un decreto firmado por Fernández en 2021 que obligaba a todos los organismos públicos a contratar sus seguros a través de Nación Seguros, una empresa del estatal Banco Nación. Según la investigación, Martínez Sosa recibió el 59.6 % de las comisiones liquidadas por esa compañía a todos los intermediarios de pólizas contratadas por entes gubernamentales.
Con esta resolución judicial, el caso se encamina hacia una eventual elevación a juicio, mientras el expresidente argentino enfrenta crecientes cuestionamientos por presuntas prácticas de corrupción durante su administración.