Las autoridades de Guatemala detuvieron a siete integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) por presuntas irregularidades durante la captura de dos hermanos que fueron señalados inicialmente por el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, pero posteriormente quedaron en libertad tras establecerse que trabajaban como repartidores.
El Ministerio de Gobernación informó que los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales de Justicia como parte de una investigación sobre el procedimiento policial realizado el pasado 17 de octubre contra los hermanos Choz Toz, quienes denunciaron que los agentes responsables de su captura les colocaron una carabina para incriminarlos.
Entre los policías detenidos figuran un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, quienes son investigados por «presuntas irregularidades» detectadas durante el operativo. Las actuaciones surgieron de las investigaciones desarrolladas por la Inspectoría General de la PNC para determinar posibles responsabilidades dentro de la institución.
El Ministerio de Gobernación aseguró que «ninguna actuación policial está fuera del alcance de la ley» y sostuvo que «cualquier presunta irregularidad debe ser investigada, independientemente del grado o cargo de quienes estén involucrados». La institución reiteró que los procedimientos policiales deben ajustarse a la legislación guatemalteca, sin importar la jerarquía de los funcionarios involucrados.
El subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, reconoció que se «violaron los protocolos al desviar a los detenidos hacia una subestación», una decisión que no fue comunicada a los superiores de la institución. Según declaraciones recogidas por el diario guatemalteco Prensa Libre, estas actuaciones provocaron una «ruptura de la línea de mando» durante el procedimiento.
Las autoridades explicaron que las detenciones forman parte de un «proceso de revisión de los procedimientos, mecanismos de supervisión y niveles de mando de la PNC». El Ministerio también anunció que continuará una «revisión profunda» de la «estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional» para detectar deficiencias, reforzar los controles internos y aplicar las medidas correctivas necesarias, sin dejar de respaldar a los agentes que «cumplen diariamente su deber con profesionalismo y compromiso».
El caso está relacionado con el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y antiguo jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, quien murió durante un ataque armado ocurrido un sábado en un campo de fútbol de la capital guatemalteca. En el tiroteo también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, cuya muerte es investigada por las autoridades.
La PNC explicó que Solórzano Foppa contaba con escoltas, pero estos permanecieron en el borde del campo de fútbol para proteger al hijo de su cliente, a petición de este último, por lo que no lograron intervenir a tiempo durante el ataque. Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que Aguilar Gamarro «que fue víctima colateral y se presume que el ataque no iba dirigido a él», mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen y las actuaciones de los policías involucrados.