La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad que pretendía eliminar la penalización del homicidio piadoso contemplada en el artículo 130 del Código Penal salvadoreño.
La resolución, emitida el 20 de mayo y divulgada el sábado, concluye que el demandante utilizó de forma incorrecta y contradictoria la vía procesal para sustentar su petición, por lo que no existía un conflicto normativo que pudiera ser analizado desde el ámbito constitucional.
Los magistrados señalaron que la argumentación presentada contenía inconsistencias que impedían su estudio. Según el fallo, corregir esos planteamientos implicaría que la propia Sala definiera de oficio la vía jurídica adecuada, una facultad que no le corresponde ejercer en este tipo de procesos.
La demanda sostenía que la penalización del homicidio piadoso vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía personal, la libertad, la felicidad y el derecho a una muerte digna.
De acuerdo con el planteamiento del demandante, la eutanasia constituye una expresión legítima de la autonomía individual y prohibirla penalmente implica imponer una visión estatal sobre la forma de morir, además de criminalizar conductas consideradas humanitarias y desconocer la voluntad libre e informada de personas que padecen enfermedades o sufrimientos extremos.
Asimismo, el recurso argumentaba que el derecho a la vida, protegido por la Constitución, no debe interpretarse como una obligación absoluta de permanecer con vida en circunstancias excepcionales, sino como un derecho que puede ser ejercido libremente en determinados casos.
Sin embargo, la Sala no analizó el fondo del asunto y limitó su decisión a declarar improcedente la demanda por las deficiencias en su formulación, dejando vigente la normativa penal que sanciona este tipo de conductas.
El artículo 130 del Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión para quien cause la muerte de una persona por motivos de piedad, con el propósito de acelerar una muerte inminente o poner fin a graves padecimientos. La disposición exige que la víctima se encuentre en una situación de sufrimiento evidente, que exista un vínculo familiar, afectivo o de amistad íntima con quien realiza el acto y que el enfermo haya manifestado de forma reiterada y expresa su deseo de morir.
La decisión se conoce semanas después de que la Asamblea Legislativa aprobara reformas constitucionales para incorporar la cadena perpetua en delitos como homicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas, cambios que no incluyeron modificaciones relacionadas con el delito de homicidio piadoso.