Honduras aprobó esta semana una serie de reformas para endurecer las penas contra las pandillas, incluida la prisión perpetua para sus líderes y financiadores, y proyecta construir una megacárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, como parte de una estrategia para combatir el crimen organizado.
Las medidas fueron impulsadas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presidido por el mandatario hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, y recibieron el respaldo del Parlamento. Las autoridades buscan ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a las pandillas, que agrupan a unos 40,000 jóvenes y adultos y mantienen presencia en distintas zonas del país mediante extorsiones, amenazas y asesinatos.
Las principales estructuras criminales son la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, organizaciones que operan en Honduras desde hace más de tres décadas. Según las autoridades, ambas están vinculadas con buena parte de los homicidios registrados en el territorio hondureño, donde durante 2025 se contabilizaron 2,629 asesinatos.
Las modificaciones al Código Penal establecen condenas de entre 30 y 40 años de prisión para integrantes de pandillas y hasta cadena perpetua para sus dirigentes y quienes las financien. También contemplan penas de ocho a diez años por atentados contra la autoridad y prisión de por vida para quienes asesinen a funcionarios de justicia y seguridad por motivos relacionados con sus cargos.
El paquete de reformas incluye prisión preventiva obligatoria por asociación terrorista y amplía de 24 a 48 horas el plazo para presentar ante un juez a personas detenidas por ese delito, narcotráfico, secuestro y extorsión. Además, establece una Fuerza Especial Penitenciaria, controles biométricos y restricciones para reclusos en módulos de máxima seguridad. Estas disposiciones se suman a otras cuatro leyes reformadas en septiembre para impedir que las pandillas continúen ordenando delitos desde las cárceles.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Juan Carlos Monge, reconoció que «el Estado tiene la obligación de responder» a las demandas de seguridad, pero advirtió que «tiene que hacerlo con las reglas adecuadas».
El funcionario señaló que las reformas podrían «desencadenar violaciones de los derechos humanos» y aumentar la presión sobre los sistemas judicial y penitenciario, por lo que pidió atender también las causas de la violencia, como la falta de empleo, educación y acceso a servicios de salud.
Por su parte, el especialista en criminalística Gonzalo Sánchez consideró «más que necesarias» las reformas frente al crimen organizado y el narcotráfico, que representan un «problema grave» debido, entre otros factores, al armamento acumulado por estas estructuras. El experto defendió el endurecimiento de las condenas, aunque señaló que su aplicación debe garantizar los derechos individuales mediante la supervisión de las actuaciones policiales y judiciales.
Honduras busca replicar el modelo carcelario salvadoreño
La estrategia de seguridad también contempla construir una prisión de máxima seguridad con capacidad para unos 1,300 reclusos considerados de alta peligrosidad, tomando como referencia el Cecot de El Salvador.
Una delegación hondureña encabezada por el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, visitó las instalaciones del centro penitenciario salvadoreño a mediados de octubre. El Congreso solicitó a la Secretaría de Finanzas identificar recursos para financiar la construcción y evalúa posibles ubicaciones, entre ellas el complejo de La Acequia, en Santa Bárbara, cuyas obras comenzaron en 2013 y quedaron paralizadas en 2016.
El Cecot, inaugurado en 2023 durante el Gobierno de Nayib Bukele, se convirtió en una referencia regional de las políticas de seguridad contra las pandillas y también inspiró una megacárcel recientemente inaugurada en Costa Rica.
