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  • EE.UU. puede prolongar el asedio petrolero a Cuba aun sin aranceles

    EE.UU. puede prolongar el asedio petrolero a Cuba aun sin aranceles

    Washington ya no impondrá aranceles a los países o empresas que suministren petróleo a Cuba, tras la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. y la posterior orden firmada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, especialistas consultados el martes advirtieron que la Casa Blanca mantiene abiertas otras vías para continuar la presión económica sobre la isla.

    En cumplimiento del fallo judicial, el mandatario firmó la semana pasada una orden que elimina el uso de aranceles punitivos amparados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), lo que desmonta uno de los pilares de la orden ejecutiva del 29 de enero que amenazaba con gravámenes a los proveedores de crudo a Cuba.

    No obstante, permanece vigente la declaración de “emergencia nacional” por la “amenaza inusual y extraordinaria” que, según Washington, representa La Habana.

    “No me atrevo a decir que (la orden ejecutiva de 29 de enero) es un tigre de papel. Si tiene dientes, aún es un tigre, aún puede dar miedo”, afirmó a EFE el presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, John Kavulich.

    A su juicio, “el Gobierno de Cuba cometería un enorme error si entendiese que la decisión del Supremo es un escudo protector”.

    En la misma línea, el abogado cubanoamericano Pedro Freyre, socio del bufete Akerman y especialista en litigios vinculados con Cuba, señaló que “La Casa Blanca dio marcha atrás a la implementación de ese mecanismo, pero dejó abierta la puerta a otras posibles acciones. Conociendo cómo hacen las cosas en esta administración, creo que puedo asegurar que van a usar otras herramientas”.

    El cerco energético, que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU considera contrario al derecho internacional, ya genera fuertes impactos en Cuba, que atraviesa seis años de crisis económica y necesita importar cerca de dos tercios de su demanda energética.

    Los hospitales y el transporte público operan con servicios mínimos, la recogida de basura presenta fallas, el combustible está racionado y en amplias zonas los apagones alcanzan hasta 20 horas diarias, lo que mantiene a la economía prácticamente paralizada.

    “Táctica del miedo”

    Por ahora, Washington no detalló qué nuevas medidas podría adoptar para sostener su estrategia. Entre las alternativas se mencionan posibles restricciones bancarias desde el Departamento del Tesoro o sanciones secundarias contra actores que comercien con la isla.

    Kavulich sostiene que el Presidente de Estados Unidos suele emplear advertencias como mecanismo disuasorio. “Es la táctica del miedo”, explicó.

    El analista planteó que sería revelador observar la reacción estadounidense si Cuba adquiriera petróleo a precios de mercado en un país no sancionado y lo transportara en un buque sin vínculos con la denominada flota fantasma.

    También consideró hipotético un escenario en el que Rusia enviara un petrolero escoltado por un buque militar, aunque dudó que ocurra porque, en su opinión, “Cuba no es tan importante para nadie” en el contexto geopolítico actual.

    Ambos expertos coincidieron en que la prioridad en Washington no apunta necesariamente a un cambio de liderazgo en la isla, sino a transformaciones en el ámbito de políticas públicas, especialmente económicas.

    “La Administración ha sido muy enfática en exigir un cambio de política en Cuba. No necesariamente un cambio de régimen, sino un cambio de política”, subrayó Freyre.

    En ese marco, interpretan como señal relevante la reciente decisión del Gobierno cubano de permitir que el sector privado importe directamente combustible, en ocasiones desde Miami, una medida que Washington parece tolerar al considerarla una apertura económica parcial.

     

  • La Corte Suprema de EE.UU. pone en duda poder arancelario del presidente Trump

    La Corte Suprema de EE.UU. pone en duda poder arancelario del presidente Trump

    La Corte Suprema de Estados Unidos expresó este miércoles escepticismo sobre el alcance del poder del presidente, Donald Trump, para imponer aranceles a nivel global, tras evaluar si el uso de una ley de emergencia económica para justificar sus tarifas fue legalmente válido.

    Durante la audiencia, los magistrados examinaron si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés) —que permite al presidente actuar ante una “emergencia nacional”— puede aplicarse en el contexto del aumento de aranceles implementado desde abril por el presidente. La sesión reveló dudas, incluso entre los jueces conservadores, tradicionalmente afines a su línea ideológica, sobre si esta facultad no corresponde al Congreso, como establece la Constitución.

    El presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts, fue particularmente incisivo al cuestionar al abogado del Gobierno. Afirmó que la imposición de aranceles “ha sido siempre competencia del Congreso” y advirtió que permitir que el presidente también ejerza esa potestad “neutraliza” el principio de separación de poderes.

    La posible anulación, aunque parcial, de la política arancelaria impulsada por el presidente Trump podría debilitar uno de los pilares centrales de su agenda económica y diplomática, que se ha sustentado en medidas proteccionistas bajo el argumento de defensa del comercio estadounidense.

    En defensa de la política, el fiscal John Sauer sostuvo que los aranceles respondieron a una emergencia económica, aunque negó que se buscaran beneficios económicos. No obstante, el presidente Trump ha defendido públicamente en diversas ocasiones que dichas tarifas permitirían generar ingresos para el país.

    A través de la red social X, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la estrategia del presidente.

    “El presidente Trump ha tratado de reequilibrar décadas de comercio desleal contra EE.UU. que nos han llevado a un punto de inflexión. El objetivo de su agenda es recuperar la industria manufacturera y equilibrar los déficits y las barreras comerciales, que han alcanzado niveles críticos, con nuestros socios comerciales globales”, escribió Bessent.

    Durante la audiencia, la jueza progresista Sonia Sotomayor sostuvo que los aranceles son parte de la política tributaria, competencia exclusiva del Congreso. Además, uno de los momentos más destacados ocurrió cuando el abogado Neal Katyal —representante de un grupo de empresas demandantes— respaldó los cuestionamientos del juez conservador Neil Gorsuch, nominado por el propio Trump en 2017, al indicar que “había dado en el clavo” al poner en duda la legalidad del proceso.

    Aunque algunos magistrados consideraron razonable aplicar aranceles para responder a emergencias, también hubo preocupación por el hecho de que estos gravámenes alcanzaran a numerosos países, en el marco de una política que el presidente calificó como de “aranceles recíprocos”.

    El caso llegó al máximo tribunal luego de que cortes inferiores y una corte federal de apelaciones concluyeran que el mandatario excedió sus atribuciones al ordenar una serie de tarifas amparadas en la IEEPA.

    La impugnación fue presentada por un grupo de 12 fiscales generales demócratas, liderados por el fiscal de Oregón, además de varias empresas representadas por Katyal, exfiscal general durante el mandato de Barack Obama.

    Los jueces también debatieron sobre las consecuencias de un posible fallo contra el presidente Trump, como la devolución de aranceles ya pagados por las empresas, y la afectación a las facultades presidenciales ante futuras emergencias reales.

    Se prevé que el Tribunal Supremo emita su fallo a finales de junio, al concluir el actual curso político, aunque por la trascendencia del caso no se descarta que la sentencia llegue antes.