El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó este martes a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial de Rodrigo Chaves, tras acumular 15 denuncias por beligerancia política en su contra.
En un comunicado oficial, el tribunal explicó que la decisión fue tomada por su Sección Especializada, tras analizar múltiples denuncias presentadas en distintas fechas, algunas por líderes de partidos de oposición. Estas acusan al mandatario de referirse a temas electorales y atacar a otros partidos durante actos oficiales y conferencias de prensa.
El TSE subrayó que, por tratarse de un presidente en funciones, el proceso no puede avanzar sin la aprobación del Congreso, que necesita al menos 38 votos de los 57 diputados para levantar la inmunidad.
Chaves ya superó en septiembre pasado un proceso de desafuero solicitado por la Fiscalía General en un caso de presunto manejo irregular de fondos. En aquella ocasión, 34 legisladores votaron a favor y 21 en contra, sin alcanzar la mayoría calificada requerida.
Este nuevo expediente, sin embargo, pone nuevamente en tensión la relación entre el Ejecutivo y las instituciones. Las denuncias apuntan a violaciones del principio constitucional de imparcialidad, vigente para todos los funcionarios en el marco de un proceso electoral.
En abril, el TSE amonestó al presidente y le impuso medidas cautelares, entre ellas, abstenerse de realizar declaraciones que afecten la equidad del proceso electoral o utilizar recursos públicos para favorecer a candidatos o partidos.
Oficialismo acusa intento de “golpe institucional”
La diputada oficialista y jefa de fracción, Pilar Cisneros, reaccionó con dureza a la solicitud del TSE. En un vídeo publicado en redes sociales, calificó la medida como un posible “intento de golpe de Estado institucional”.
“¿Estaremos ante un intento de inhabilitar al presidente más popular de la historia de Costa Rica?”, cuestionó. Cisneros pidió a los diputados “proteger la democracia” rechazando el levantamiento del fuero.
La ley electoral costarricense prohíbe expresamente que el presidente y otros altos funcionarios participen o influyan en campañas, así como que utilicen su cargo para beneficiar o perjudicar a partidos.
Desde el 2 de octubre, el Gobierno está impedido de difundir propaganda sobre su gestión a través de medios oficiales o redes sociales. Pese a ello, el presidente Chaves ha continuado realizando inauguraciones y conferencias, aunque sin divulgarlas por canales gubernamentales.
El mandatario acusó la semana pasada al TSE de “amordazarlo” y afirmó que el tribunal ya no es una “institución inmaculada”.
Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 elecciones presidenciales y legislativas para el periodo 2026-2030. Hasta ahora, 20 candidatos presidenciales se han inscrito, entre ellos Laura Fernández, exministra de Planificación de Chaves, quien se presenta como la opción de “continuidad” y ha acompañado al Gobierno en actos públicos como “ciudadana”.