La Alcaldía de San Salvador Centro recordó que la dispensa de interés moratorio en inmuebles estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
La comuna señaló en sus redes sociales que el plazo se ha establecido para que los residentes de los distritos del municipio realicen sus pagos en los diferentes puntos de atención empresarial habilitados en San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Ayutuxtepeque.
Los pagos también pueden concretarse en las agencias de Metrocentro y calle La Mascota.
La alcaldía insta a los contribuyentes a acceder a planes de pago de ser necesario.
La dispensa de intereses moratorios de inmuebles de San Salvador Centro estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Realice sus pagos en los Puntos de Atención Empresarial y aproveche este beneficio municipal. pic.twitter.com/AqaRdUwYpY
El concejo municipal de la alcaldía de Sonsonate Oeste lanzó un programa para perdonar los intereses por mora y multas a contribuyentes de su distrito de Acajutla, tomando en cuenta “el alto costo de la vida y la falta de empleo en el municipio”.
“Reconociendo el alto costo de la vida, así como la falta de empleo en el municipio, lo cual ha obligado a muchos contribuyentes a no cumplir con el pago oportuno de sus tasas municipales y con la finalidad de establecer incentivos que conlleven a facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias que permitan reducir la mora actual y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Acajutla”, decretó la dispensa de pago de intereses moratorios y multas.
El concejo asegura que esta medida, que también fue tomada en el 2023, permitió aumentar la recaudación de la mora tributaria.
La municipalidad dice que busca garantizar la calidad de los servicios de habitantes del municipio, por lo que requiere aumentar los ingresos de los tributos municipales, por lo que aprobó la «Ordenanza transitoria que dispensa el pago de intereses y multas generadas por mora en el pago de tasas por servicios públicos municipales y contribuciones especiales de la alcaldía municipal de Sonsonate Oeste, distrito de Acajutla».
Podrán aplicar los contribuyentes en mora y que paguen las tasas municipales pendientes en el período de tres meses a partir de este 26 de noviembre, fecha de entrada en vigencia.
El Gobierno solicitó esta semana a la Asamblea Legislativa que apruebe una nueva ley de amnistía fiscal que perdone multas, intereses y recargos a contribuyentes que quieran pagar sus deudas atrasadas con el Ministerio de Hacienda, incluidas deudas de Impuesto sobre la Renta y multas de tránsito.
La «Ley especial y transitoria que otorga facilidades para el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas» otorgaría beneficios fiscales por 60 días.
La iniciativa pretende exonerar de multas, intereses y recargos a quienes no hayan efectuado el pago de sus tributos o tengan procesos pendientes con Hacienda, ya sea en la Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Aduanas o ante el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduanas, en la jurisdicción contencioso administrativa o en procesos de amparo constitucional, o incluso en Fiscalía.
La ley beneficiaría a ciudadanos que adeudan multas relacionadas con la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial o multas determinadas por cualquier institución de la administración pública, pero no las municipalidades.
Al beneficio, podrán aplicar contribuyentes que no pagaron en su momento el Impuesto sobre la Renta, habiendo tramitado el mandamiento de pago y que el mismo cuente con Número de Pago Electrónico (NPE) vencido.
También, beneficiará a sujetos pasivos de tributos administrados por Impuestos Internos o Aduanas o casos declarados con saldos a favor en una cuantía superior a la que le corresponde de periodos anteriores, o declaraciones de mercancías con fecha para liquidar o declarar vencida hasta el 31 de julio de 2025.
Los deudores de multas de tránsito podrán ser beneficiados si no poseen multas con compromiso de pago a plazo previo o con compromiso de pago a plazo incumplido, estando pendientes de pago total o parcial.
Tesorería otorgará hasta un máximo de 9 cuotas mensuales, es decir, pago a plazos. La primera cuota será 10% de la deuda.
Si se incumple el plan de pago, se perderán los beneficios y se reactivarán las multas, intereses y recargos proporcionalmente al monto adeudado según en plan de pago.
La iniciativa sería conocida en la Comisión de Hacienda, que ha sido convocada para este viernes 10 de octubre.
Una ley similar estuvo vigente durante 90 días desde septiembre y venció el 2 de diciembre de 2024.
El Ministerio de Hacienda prevé que los ingresos tributarios incrementen en $674.32 millones en 2026, totalizando $8,349 millones al cierre del año fiscal.
Las proyecciones, emitidas luego de la entrega del proyecto de presupuesto general de la nación 2026, apuntan a que la recaudación tributaria superará en 8.7 % la previsiones para este 2025, cuando según Hacienda se conectarán $7,674.68 millones entre ingresos tributarios y de tasas.
El gobierno recordó que el proyecto de presupuesto para el próximo año conlleva un incremento del mismo en $892 millones, totalizando $10,555 millones.
Según el ministro de Hacienda, Jerson Posada, este incrementó está empujado por el buen desempeño que los ingresos corrientes, en donde el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta (ISR), derechos arancelarios a la importación, impuestos selectivos al consumo, otros impuestos diversos y contribuciones especiales juegan un papel fundamental para la economía salvadoreña.
“De esta forma, estamos estimando unos ingresos tributarios para el 2026 $8,349 millones con un incremento de $671 millones, un 8.7 % de incremento con respecto al 2025”, señaló Posada.
El ministro detalló que solo en IVA espera recibir $4,060 millones en 2026, mientras que en renta estiman que se recaudarán $3,501 millones. Este último tendría un incremento de un 8.9 %.
Las estadísticas hacendarias apuntan a que los ingresos tributarios desde 2019 han crecido en $2,800 millones. Posada puntualizó que esta dinámica se reporta pese a no reportar aumento en la tasa de ningún impuesto.
¿Incrementarán impuestos?
Hacienda aclaró que para el próximo año no se contemplan aumentos en impuestos, porque no forman parte de ninguna política de gobierno.
Sobre el desempeño de la recaudación tributaria en 2025, Hacienda confirma más de $5,546.8 millones en ingresos tributarios y contribuciones acumulados a agosto de 2025, un 8.1 % por arriba de los $5,129.8 millones que durante el mismo período de 2024.
El gobierno había proyectado que para el mismo período los ingresos tributarios rondaría los $5,129.8 millones, es decir que la recaudación de 2025 ya es un 3.6 % más alta que las previsiones.
El gobierno salvadoreño aseguró que 388 familias han sido beneficiadas con la «Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana», vigente desde agosto de 2025.
El director general de Aduanas, Benjamín Mayorga, aseguró que las familias han aprovechado la figura que fue avalada y permite exonerar hasta $100,000 en artículos para el hogar y $100,000 para introducir bienes para un emprendimiento.
“De agosto a la fecha, ya llevamos, en este mes que se ha implementado, la exención de impuestos más de $3 millones. Si trae un vehículo no solo se exonera la introducción al país sino la emisión de placas se le está exonerando a la persona”, indicó Mayorga este jueves en una entrevista en el canal estatal.
La normativa fue avalada por la Asamblea Legislativa durante la primera semana de agosto, en la cual se aclaró que los vehículos que sean importados no deberán tener más de ocho años de fabricación.
Mayorga indicó que el resultado del acogimiento de la ley, por parte de la diáspora, también es el resultado del trabajo en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de El Salvador en Estados Unidos.
Costo de movilización
El funcionario aclaró que la exoneración de impuestos incluye solo a los bienes de la familia, pues la logística debe ser cubierta por las personas que regresarán a vivir a El Salvador, independientemente de la vía de ingreso.
Aduanas indicó que brindan asesorías sobre las empresas que presentan un “costo real” de este tipo de servicios en cuanto al flete en traslado a El Salvador.
El gobierno recordó que la exoneración aplica a cualquier salvadoreños residente en otro país que busque volver a El Salvador y que, de superar el máximo en dinero exento, se cobra el impuesto al monto restante, manteniendo el beneficio.
Mayorga dijo que para aplicar a la medida es necesario llegar un formulario que el área de la Dirección General de Migración y Extranjería pone a disposición.
Una vez presentado el documento donde se colocan una descripción de los bienes, la cantidad de personas que ingresan y el monto, se remite a la Dirección General de Aduanas.
Esta última institución verifica el parámetro de la ley y despacha la mercadería a Aduana San Bartolo, en la ciudad de Ilopango, San Salvador Este.
Al menos 30 empresas han aplicado a la Ley de Servicios Internacionales, según el Ministerio de Economía (Minec).
La directora de Inversiones del Minec, Clarissa Valdebrán, recordó que este cuerpo normativo beneficia a las exportaciones de servicios de los centros de llamadas (call center) y las empresas de subcontratación de procesos de negocio (BPO, por sus siglas en inglés).
“A la fecha, entre operadores logísticos y distribuidores, un total de 30 empresas a nivel nacional están siendo beneficiadas por esta ley”, indicó Valdebrán durante un evento realizado por gremiales logísticas la semana pasada.
La vocera del Minec aseguró que esta treintena de empresas tiene beneficios relacionados con la excepción total de impuestos sobre la renta por 15 años.
Las empresas que aplican a esta normativa también se benefician con una excepción total de impuestos municipales y cero aranceles de importación para los bienes, maquinaria y equipo que las empresas utilicen en sus actividades.
La Ley de Servicios Internacionales no es nueva, la normativa fue avalada por la Asamblea Legislativa en octubre de 2007, pero su última reforma data de agosto de 2023, cuando se agregaron los paquetes de servicios verticales fuera del territorio aduanero nacional donde operan varias empresas.
Las reformas también abarcaron la ampliación de la definición de tecnologías de la información, sumando servicios de almacenamiento en nube o “cloud services”.
Diferencia
Valdebrán dijo que la normativa se diferencia de otras porque tienen años específicos para ser elegibles, mientras que la Ley de Servicios Internacionales brinda un período indefinido para beneficiarse mientras “la empresa mantenga activa la operación en el país”.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, aseveró durante el evento logístico que la Ley de Servicios Internacionales, junto a la Ley de Zonas Francas destacan como ventajas comerciales que El Salvador puede explotar para atraer inversión frente al resto de la región.
Según Mira, a los inversionistas les atrae la ubicación de las zonas francas y que, si el país potencia la calidad de los servicios de logística, puede llegar a aventajar al resto de los países de Centroamérica.
La funcionaria aseguró que la región tiene capacidades que puede aprender a explotar en conjunto y en beneficio de todos los países, con estrategias relacionadas con la logística y conectividad que El Salvador ya ejecuta junto a Guatemala y Honduras.
“Todos seamos conscientes de la ventaja que tenemos y es que difícilmente vamos a encontrar en otro país este nivel de conexión, respuesta y comunicación y trabajo interinstitucional que tenemos”, añadió Mira.
Valdebrán dijo que El Salvador está aprovechando el tamaño, la ubicación estratégica y la modernización de infraestructura, de la mano con la simplificación y digitalización de los procesos de inversiones.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, negó que los incentivos para las inversiones se conviertan en un sacrificio fiscal y refutó que se creen para los grandes contribuyentes.
Después de varios meses sin presencia en los medios de comunicación, el ministro Posada asistió a la cadena de entrevistas organizada por el gobierno en el marco de la competencia Surf City El Salvador ISA World Surfing Games.
En una intervención, Posada aseguró que nos “están funcionando muy bien” los incentivos aprobados en diferentes cuerpos normativos para las inversiones privadas.
“Es importante aclararle a la población porque ha habido mucho ruido en torno a los beneficios, que estamos beneficiando a las personas de mayores ingresos, y esto no es así. De hecho, estas inversiones no existen en el país”, dijo Posada.
A petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa ha aprobado varios incentivos fiscales. La última se encuentra en la Ley de Energía Geotérmica, aprobada en la plenaria del miércoles, que ofrece incentivos fiscales para empresas concesionarias por hasta 10 años.
Entre las medidas más recientes también está un Régimen especial para incentivar y facilitar las inversiones de alto valor en El Salvador, que beneficiará con excepción de impuestos a empresas o personas que trasladen su dinero o activos al país por al menos $2,000 millones.
Posada insistió en que “no podemos estar hablando de sacrificio fiscal de inversiones que no existen actualmente”. Para el funcionario, “todo esto va a venir a sumar, generará mayor empleo, actividad económica y, por ende, mayor ingreso” a la cuenta fiscal.
Aumentan ingresos
Posada insistió en que los ingresos tributarios han crecido en cerca de $2,800 millones entre 2019 y 2025, según él, producto de los planes contra la evasión fiscal y el contrabando, así como la implementación de herramientas de recaudación, como la factura electrónica.
“No hemos incrementado impuestos y no hay planes de incrementar impuestos”, agregó.
Hacienda registra que en 2019 la recaudación tributaria cerró en $4,913.7 millones y en 2025 alcanzó los $7,369.1 millones, un 49.9 % de aumento.
Los ingresos tributarios por la venta de productos alcohólicos y cervezas crecieron un 27 % en los últimos seis años, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Ambos productos se encuentran clasificados como impuestos selectivos al consumo, un grupo que grava las transferencias de ciertos bienes que se consideran perjudiciales para la salud o el medio ambiente. En El Salvador también abarca los cigarrillos, las gaseosas, las armas, y el ad-valorem sobre combustible.
El informe fiscal al cierre de 2024, publicado en Transparencia Fiscal, señala que, entre 2019 y 2024, la recaudación por la venta de productos alcohólicos y cervezas pasó de $107.2 millones a $136.2 millones, equivalente a $29 millones de crecimiento.
De estos, el mayor crecimiento procedió de productos alcohólicos, cuya recaudación pasó de $25.2 millones a $32.2 millones, equivalente a $6.9 millones adicionales, un 27.2 %.
La venta de cervezas deja más ingresos al fisco salvadoreño, de $104 millones al término de 2024. Esto significó un crecimiento de $22.1 millones, un 26.9 %, frente a los $81.9 millones registrados en 2019.
Los cigarrillos también mostraron un crecimiento de un 12.3 %, al pasar de $24.3 millones en 2019 a $27.2 millones, equivalente a $3 millones.
Este sector es uno de los más afectados por el contrabando, ya que en el mercado informal se comercializa mucho producto que ingresó al país por puntos ciegos y afecta el comercio formal, que pasa por una serie de aprobaciones y pago de impuestos para ingresar a los establecimientos con aval de venta.
Dinamismo
El Tesoro salvadoreño también recaudó $70.3 millones por el impuesto selectivo a la venta de gaseosas, al menos $18.6 millones adicionales en comparación con los $51.7 millones de 2016. Esto equivale a un crecimiento de un 36 %.
En tanto, los ingresos por la venta de armas, municiones, explosivos y similares cifraron $1.1 millones en 2024, inferior en relación con los $1.2 millones de 2016.
Según Hacienda, el ad-valorem sobre combustibles sufrió una fuerte caída, pues pasó de $7.9 millones en 2016 a $1 millón en 2024.
De esa manera, el grupo de impuestos específicos al consumo creció en $108.6 millones. En 2016 se recaudaron $232.1 millones y en 2024 fueron $240.7 millones, un 46.7 %.
Este grupo representó un 3.2 % del total de recaudación de 2024, cuando superó los $7,369.1 millones. Los productos alcohólicos tuvieron una participación de un 0.4 %, mientras que las cervezas un 1.4 %.
La alcaldía de San Vicente Sur, que integra los distritos de San Vicente, Guadalupe, Verapaz, Nuevo Tepetitán, Tecoluca y San Cayetano Istepeque, acordó una exención de intereses y multas a sus contribuyentes.
El beneficio entró en vigor este 5 de septiembre y tiene un plazo de 150 días para que los contribuyentes que están en deuda puedan acogerse.
Podrán acogerse al beneficio los contribuyentes del municipio en situación de mora cn tasas e impuestos municipales, los contribuyentes por tasas o impuestos en proceso de cobro judicial iniciado antes de la vigencia de esta ordenanza y que se sometan a la forma de pago establecida en ella, quienes hayan suscrito convenio de pago, quienes hayan incumplido ese convenio y no se les haya dictado sentencia judicial firme en el proceso ejecutivo por parte de la municipalidad.
También, serán beneficiados los contribuyentes que tengan bienes inmuebles y que reciben uno o más servicios municipales y que por cualquier motivo no los hayan inscrito oportunamente.
Los planes de pago deberán a un plazo de 150 días a partir del 5 de septiembre.
Para aplicar a la exención, los contribuyentes deben acudir al Departamento de Cuentas Corrientes del Municipio en el plazo establecido, y solo podrán gozar de la exención quienes realicen pago total o parcial en cuotas dentro de los 150 días establecidos.
El viceministro de Hacienda, Luis Sánchez, declaró ayer ante los diputados de la Comisión de Hacienda que dicha cartera de Estado tiene un plan para ampliar la base tributaria pero que no busca aumentar impuestos sino que «todos paguen».
“Tenemos planes de incremento de la base tributaria, el Ministerio de Hacienda no busca cobrar más impuestos, ni incrementar impuestos, sino que todos paguen, tenemos ese plan de ampliación de la base tributaria”, fueron las palabras del funcionario.
Sánchez acudió a la Comisión junto a la directora de Políticas Económicas y Fiscales, Jaqueline Argumedo, para explicar el informe de labores del Ministerio de Hacienda correspondiente al periodo de julio de 2024 a mayo de 2025, aprobado por la Comisión de Hacienda y que sería aprobado en la sesión plenaria de este martes.
El informe reporta un aumento de ingresos tributarios de $6,881.7 millones en 2023 a $7,483.8 millones en 2024, una carga tributaria del 21.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), un aumento de $602.1 millones o 8.7 % de 2023 a 2024.
Los ingresos tributarios han aumentado $2,570 millones respecto a los $4,913.8 millones recaudados en 2019.
“Tenemos planes de incremento de la base tributaria, el Ministerio de Hacienda no busca cobrar más impuestos, ni incrementar impuestos, sino que todos paguen. Entonces, tenemos ese plan de la base tributaria. Durante los últimos años, hemos incrementado en más de $2,000 millones los ingresos, sin incrementar un tan solo impuesto”. Luis Sánchez, viceministro de Hacienda.
Los ingresos totales del Estado han incrementado de $6,148.8 millones en 2019 a $9,048.2 millones.
El aumento de ingresos del Estado es atribuido al Plan Antievasión, al Plan Anticontrabando, la recuperación de mora y la implementación de la factura electrónica, aplicada por un 96 % de grandes contribuyentes y 97.2 % de medianos contribuyentes.
El representante de Hacienda presentó un gráfico sobre la inversión pública, que muestra que la inversión pública cerró en $1,300 millones en 2024, con una baja leve respecto al año 2023, que registró una inversión de $1,326 millones.
El viceministro proyectó una inversión pública “por encima de los $1,300 millones” al cierre del año 2025, con la reconstrucción de escuelas y obras realizadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) y la construcción de hospitales.
En el informe final de la primera revisión al programa de Servicio Ampliado (SAF), publicado el 15 de julio el Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que, “si los ingresos no son suficientes, acordaron (las autoridades salvadoreñas) adoptar medidas de contingencia para optimizar aún más el gasto no salarial no prioritario” y mencionó una tarifa de entrada turística para no residentes de $20, aumento del impuesto al consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
Préstamos y refinanciamiento de Letes
Hacienda reportó $1,076.9 millones en préstamos aprobados en el año informado: $120 millones del Banco Mundial, $$295 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $465 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), $113.9 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $83 millones del Fondo Saudita para el Desarrollo.
También, reveló que hubo un refinanciamiento de la deuda de corto plazo para disminuir las «presiones de caja» y mejorar la liquidez.
«La República logró refinanciar y disminuir su deuda de corto plazo traslándola a mediano plazo, disminuyendo sus presiones de caja y mejorando la liquidez del tesoro público», reza la presentación presentada en la Comisión.
Reperfilamiento de la deuda de corto plazo según presentación de Hacienda.
La operación de manejo de pasivos realizada, según la presentación, logró disminuir la circulación de bonos salvadoreños de $1,748.99 millones antes de la recompra a $1,262.17 millones después de la recompra.
Así mismo, proyectó acciones para mejorar la recaudación tributaria, contener el gasto público sin afectar sectores estratégicos con el fin de llevar la deuda pública a una «trayectoria descendente» según el Servicio Ampliado de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
