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Etiqueta: impunidad

  • Tutela Legal recuerda la masacre indígena de 1932 en El Salvador

    Tutela Legal recuerda la masacre indígena de 1932 en El Salvador

    La organización de derechos humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” recordó este jueves la masacre indígena y campesina ocurrida en enero de 1932, cuando el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez sofocó un levantamiento popular que dejó entre 25,000 y 32,000 muertos, según estimaciones históricas.

    A través de un mensaje publicado en la red social X, la organización remarcó que el episodio representa uno de los hechos “más dolorosos y silenciados” de la historia salvadoreña.

    “Recordar la masacre de 1932 es dignificar a las víctimas, a quienes fueron deshumanizados y reducidos al olvido”, expresó Tutela Legal.

    El hecho se remonta al 22 de enero de 1932, cuando indígenas y campesinos se sublevaron en protesta por el despojo de tierras comunales y un presunto fraude electoral. La represión ordenada por Hernández Martínez, entonces presidente de El Salvador (1935-1944), derivó en una matanza masiva.

    En agosto de 2022, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por su omisión de investigar los crímenes cometidos durante la masacre. Sin embargo, hasta la fecha no se ha confirmado que el Ministerio Público haya iniciado un proceso formal de investigación. El caso sigue impune.

    Diversas fuentes coinciden en que el exterminio marcó un antes y un después en la identidad indígena salvadoreña. Tras la matanza, muchos sobrevivientes optaron por negar sus raíces para evitar represalias, lo que derivó en una pérdida cultural profunda.

     

  • PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    PDDH pide aprobar ley de justicia transicional sin amnistías

    La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador pidió el viernes a la Asamblea Legislativa aprobar una ley de justicia transicional integral que garantice reparación a las víctimas del conflicto armado (1980-1992), a propósito del 34 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz.

    La institución subrayó que esta normativa debe tener como prioridad a las víctimas y no debe incluir “amnistías de facto ni encubiertas, ni obstáculos procesales que perpetúen la impunidad”, según expresó en un comunicado publicado en redes sociales.

    Además, la PDDH insistió en que la futura ley debe crear las condiciones necesarias para la investigación de crímenes de guerra, sancionar a los responsables, garantizar reparación integral y promover medidas para evitar que estos hechos se repitan.

    En octubre de 2024, sobrevivientes del conflicto y organizaciones de derechos humanos presentaron ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional, con el fin de establecer un marco legal que reconozca los derechos de las víctimas y genere mecanismos efectivos de reparación.

    La iniciativa representó el tercer intento por legislar en esta materia. La primera propuesta fue archivada en 2021 por la Asamblea dominada por el partido Nuevas Ideas, afín al presidente Nayib Bukele. Una segunda iniciativa tampoco fue discutida durante el período legislativo siguiente.

    Hasta el momento, se desconoce si la Asamblea Legislativa estudia el anteproyecto presentado el año pasado. La falta de información ha generado preocupación entre víctimas y organizaciones sociales que denuncian la ausencia de voluntad política para avanzar en el tema.

    Durante el conflicto armado salvadoreño se registraron al menos 75,000 muertes, 8,000 desapariciones y cientos de masacres, incluyendo las de El Mozote y la de cuatro periodistas holandeses.

    La PDDH destacó que avances judiciales como la condena por el asesinato de los periodistas y el proceso contra ex altos mandos por la masacre de El Mozote “demuestran que cuando existe voluntad judicial, debida diligencia reforzada y respeto, la impunidad puede ser enfrentada”. Añadió que “estos procesos confirman que la justicia es posible, aún después de décadas”.

     

  • Maduro estaría negociando con Estados Unidos un exilio con inmunidad, dice diario español

    Maduro estaría negociando con Estados Unidos un exilio con inmunidad, dice diario español

    El círculo de confianza del dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha intensificado gestiones discretas para establecer contacto con aliados cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de explorar una eventual salida del poder que le asegure inmunidad judicial y protección personal.

    Según reveló el domingo el diario español ABC, estas maniobras se habrían canalizado a través de intermediarios con conexiones directas al exembajador estadounidense en Alemania, Richard Grenell, quien también fungió como director interino de Inteligencia Nacional en la anterior administración republicana. Aunque Grenell ha estado vinculado a gestiones delicadas en Caracas, el informe subraya que en esta ocasión no hay evidencia de un mandato oficial del gobierno estadounidense.

    La propuesta, planteada desde el entorno de Maduro, gira en torno a una amnistía total para el mandatario, su familia y sus más estrechos colaboradores. El esquema incluiría la cancelación de todos los procesos judiciales abiertos en tribunales federales de EE.UU. y la garantía de no extradición futura. Las fuentes citadas indican que se trata de un sondeo preliminar y no de un proceso de negociación formal. Iniciativas similares han fracasado anteriormente sin generar cambios sustanciales.

    Como parte del plan, se considera que Maduro podría renunciar al cargo e irse al exilio. Entre los posibles destinos mencionados figura Madrid, España. Sin embargo, el informe de ABC aclara que no existe constancia de que el gobierno español haya sido notificado oficialmente ni que haya dado su consentimiento para dicha opción.

    Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene su postura de desconocer a Maduro como autoridad legítima. En línea con el reconocimiento oficial a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como ganadores de las elecciones de 2024, Washington insiste en que debe haber una transición de poder sin privilegios ni impunidad.

    Funcionarios estadounidenses han reiterado su rechazo a cualquier arreglo que incluya inmunidad para líderes del chavismo. Hasta la fecha, las causas judiciales abiertas y las recompensas por la captura de altos funcionarios del régimen continúan vigentes.

     

  • Organizaciones exigen investigación transparente por muerte de mujer en el Centro Histórico

    Organizaciones exigen investigación transparente por muerte de mujer en el Centro Histórico

    En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones feministas y de derechos humanos exigieron este martes que se realice una investigación “transparente” por la muerte de una mujer en el Centro Histórico de San Salvador y que el crimen no quede en la impunidad.

    El 6 de noviembre de 2025, la Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la muerte de una persona por impacto de bala frente al Palacio Nacional, en la avenida Cuscatlán, luego de que un soldado de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) accionara accidentalmente su arma de fuego.

    La víctima, identificada como Yessica Solís y originaria del departamento de Chalatenango, había viajado a la capital junto a otra persona para comprar medicinas. Ambas transitaban por la plaza del Palacio Nacional cuando ocurrió el disparo. Según el reporte policial, la bala le causó la muerte de manera inmediata.

    Tras el hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó por el delito de homicidio culposo a Derman Fernando Jorge Benítez, soldado de la FAES, señalado como responsable de provocar la muerte de Solís.

    El Bloque de Rebeldía Popular (BRP), junto a Resistencia Feminista y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir), consideraron que la muerte de Yessica Solís no constituye un hecho aislado, sino que refleja un patrón más amplio relacionado con el uso desproporcionado de la fuerza por parte de cuerpos militares y de seguridad, situación que, según las organizaciones, incrementa los riesgos para las mujeres.

    Por ello, los colectivos demandaron que el caso sea investigado con el fin de identificar a los responsables materiales y también a los responsables estructurales.

    «Exigimos el esclarecimiento inmediato, independiente y transparente al feminicidio de Yessica Solis, asi como la identificación, fiscalización y sanción de todos los responsables materiales y estructurales, ningun regimen de excepción puede justificar la impunidad ni ocultar las responsabilidades del Estado frente a la violencia ejercida en contra de las mujeres», declaró Nehemi Lira, vocera del BRP.

    Las organizaciones también cuestionaron el funcionamiento de las instituciones encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres, señalando que se encuentran “controladas por el régimen”, lo que, según afirmaron, se traduce en falta de supervisión y concentración excesiva de poder en las entidades de seguridad.

    «Denunciamos el asesinato de Yessica Solis, un crimen que expone con crudeza las consecuencias de la militarización impuesta por el régimen de excepción, su muerte no es un hecho aislado sino el reflejo de un contexto donde el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de controles y la suspensión prolongadas de garantías constitucionales colocan a las mujeres en una situación extrema de vulnerabilidad», agregó Lira.

    Las organizaciones reiteraron su llamado a derogar el régimen de excepción y a implementar políticas públicas de prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres, así como fortalecer la independencia judicial y garantizar un acceso real a la justicia.

    Por último, subrayaron la necesidad de que se respeten plenamente los derechos de las mujeres e hicieron un llamado al resto de movimientos y a la población en general a unirse para transformar “las estructuras de violencia” que afectan a las mujeres en el país.

  • Honduras enfrenta una pandemia de violencia contra las mujeres con más de 220 asesinatos en lo que va de 2025

    Honduras enfrenta una pandemia de violencia contra las mujeres con más de 220 asesinatos en lo que va de 2025

    La violencia contra las mujeres en Honduras ha alcanzado niveles alarmantes que organizaciones feministas califican como una “pandemia silenciosa”, con más de 220 femicidios registrados solo en 2025, en un contexto de impunidad, desigualdad estructural y ausencia de políticas de prevención.

    Ana Ruth García, coordinadora de la organización Ecuménicas por el Derecho a Decidir, advirtió que el 97 % de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas sentimentales, lo que refleja un patrón sistemático de odio basado en género. “La máxima expresión de la violencia es el femicidio. Y en Honduras, eso está normalizado”, declaró a EFE.

    García criticó duramente la ineficacia del sistema judicial hondureño, al que calificó como un “código penal de la impunidad”. En ese sentido, pidió reformas urgentes que incluyan penas más severas para los agresores, incluso cadena perpetua, con el fin de enviar un mensaje disuasorio a la sociedad.

    Además, denunció que el machismo estructural se sostiene en patrones culturales y religiosos profundamente arraigados que perpetúan la subordinación de las mujeres. “Somos uno de los países más religiosos de América Latina, pero también uno de los más violentos con las mujeres”, afirmó.

    Una mujer es asesinada cada 36 horas

    Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), una mujer es asesinada cada 36 horas, lo que en 2024 se tradujo en 240 muertes violentas de mujeres. La cifra para 2025 podría ser similar o incluso superar ese registro.

    La violencia no se limita al ámbito doméstico. Según datos del Sistema Nacional de Emergencias 911, entre enero y julio de este año se recibieron más de 26.500 denuncias por violencia doméstica y 30.800 por maltrato familiar.

    Desigualdad, pobreza y educación: las raíces del problema
    Para Daysi Ávila, representante de Oxfam Honduras, la violencia contra las mujeres está “profundamente normalizada”y enraizada en desigualdades estructurales como la pobreza, el acceso limitado a recursos y servicios básicos, y la concentración de poder económico.

    “Honduras no es pobre en recursos, lo que falla es la distribución. Es necesario un cambio estructural, empezando por una reforma fiscal que permita una distribución más equitativa del ingreso”, señaló.

    Ávila insistió en que la educación es clave para transformar la cultura machista y promover nuevas masculinidades que reduzcan la violencia de género. También expresó preocupación por el avance del fundamentalismo religioso y el cierre de espacios cívicos, que dificultan la defensa de los derechos de las mujeres.

    Desapariciones y necesidad de una ley de alerta

    Entre 2010 y 2024, más de 2.200 mujeres desaparecieron en Honduras, y al menos el 10 % de los femicidios correspondieron a mujeres previamente reportadas como desaparecidas, según datos de organizaciones feministas.

    Por ello, las defensoras de derechos humanos urgen al Congreso a aprobar la Ley Alerta Morada, presentada en julio de 2024, que permitiría activar protocolos inmediatos para la localización de mujeres desaparecidas, similar a la Alerta Amber usada en casos de niños.

    Las voces feministas coinciden en que la violencia contra las mujeres no puede seguir tratándose como una consecuencia inevitable, sino como una crisis nacional que requiere acciones firmes, sostenidas y estructurales por parte del Estado y la sociedad.

    “La impunidad, el machismo y la desigualdad son el caldo de cultivo de esta pandemia. Es hora de actuar con urgencia y compromiso real”, concluyó García.

     

  • Diputado Lira sobre condena a Muyshondt: “Algunos que han cometido errores están condenados, pero otros tienen la venia del gobierno»

    Diputado Lira sobre condena a Muyshondt: “Algunos que han cometido errores están condenados, pero otros tienen la venia del gobierno»

    Este pasado martes 30 de septiembre, el exalcalde de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Muyshondt, fue condenado a 18 años de cárcel acusado de haber negociado con las pandillas para obtener votos electorales de los comicios de 2014 y 2015, a cambio de beneficios para las pandillas.

    Se le consultó al diputado de Arena, Francisco Lira, su opinión al respecto. Lira aseveró que, si alguien ha cometido delito, debe pagar por ello, indistintamente del partido que sea pero que no se debe solo condenar a los que no sean del partido de gobierno.

    «La justicia no puede ser esa cloaca, donde todas aquellas acciones que cometan los políticos la tienen que cubrir, estoy hablando de todos los partidos políticos. El que haya cometido un error, que lo pague, pero realmente la justicia aquí es selectiva, ya que algunos que han cometido errores, ya están condenados, pero otros tienen la venia de este gobierno, para seguir en libertad», cuestionó el diputado.

    Puso de ejemplo una investigación que llevaba la Fiscalía General de la República que luego se conoció como «Caso Catedral» en el que supuestas investigaciones de fiscales concluían a que funcionarios del gobierno actual negociaron con pandillas.

    «¿Dónde están los acusados  señalado por la Fiscalía en el Caso Catedral? ¿Dónde está la persona señalada, con un audio, que es funcionario público que sacó a pandilleros de la cárcel? ¿Dónde están todos esos casos de corrupción y que hasta este momento la justicia salvadoreña no ha sido orientada a condenarlos?, ¿y saben por qué no lo han hecho?, porque pertenecen al partido de Nuevas Ideas y están tapando todos esos abusos y arbitrariedades que tiene este gobierno. Entonces, acusan solamente a unos, pero otros disfrutan la impunidad», aseveró el diputado.

    Junto con Muyshondt, fue condenado el exministro de Seguridad, Benito Lara, a 28 años de cárcel, por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, cometidos supuestamente cuando se reunieron con pandilleros entre los años 2014 y 2015.

    También, fueron condenados el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, a 28 años de cárcel, mientras que al periodista Paolo Lüers recibió una condena de 18 años de cárcel. La quinta persona procesada, Wilson Alvarado, supuesto mediador, fue condenado de igual manera a 18 años en prisión.

    Sobre lo mencionado por Lira, el periódico digital El Faro señaló en mayo de 2021 que la Fiscalía tenía una investigación abierta denominada “Catedral”, en el momento que la bancada del partido Nuevas Ideas removiera a Raúl Melara de la Fiscalía y lo sustituyera por Rodolfo Delgado.

    A finales de diciembre de 2021, el exfiscal anticorrupción, German Arriaza, dijo a la agencia internacional de noticias Reuters que el gobierno salvadoreño cerró la investigación que la Fiscalía General de la República llevaba por pactar con pandillas y él y el resto de fiscales de la unidad antimafia tuvieron que autoexiliarse.  

    Arriaza confirmó estos datos a la agencia Reuters y señaló que el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, “ofrecieron a las pandillas mejores condiciones carcelarias, dinero y otros beneficios a cambio de que redujeran las tasas de homicidio y dieran apoyo electoral al partido de Bukele en las elecciones legislativas de febrero”.